LA OSCURIDAD DE LAS VÍCTIMAS DE DESAPARICIÓN FORZADA

Himelda Ascanio

Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv) cerca de 200.000 personas permanecen desaparecidas en Colombia, pero los familiares estiman que existe un subregistro [1], Crímenes de Lesa Humanidad por los que deben responder la élite gobernante.

Durante el Tercer Reich de la Alemania nazi Adolfo Hitler en 1941 emitió el Decreto Noche y Niebla que hizo de la captura, la tortura, la desaparición forzada y otras violaciones graves de los Derechos Humanos (DDHH), una política de Estado para romper el tejido social, silenciar y dar un mensaje de escarmiento a quienes se atrevían a cuestionar su régimen.

Desapariciones: una rancia Práctica Genocida

El régimen colombiano ejecuta la Desaparición Forzada desde los años 60 cuando entró en vigor la Doctrina de Seguridad Nacional con el Decreto 3398 de 1965, posteriormente convertido en la Ley 48 de 1968 con el fin de acabar con el ‘Enemigo Interno’; solo hasta el 9 de septiembre de 1977 está practica criminal se hizo pública, cuando miembros del Servicio de Inteligencia (Sipec) más conocido como F2 actualmente la Sijin, capturaron en Barranquilla a la bacterióloga y militante del ELN Omaira Montoya Henao quien tenía tres meses de embarazo y a Mauricio Trujillo Uribe, este fue juzgado en Consejo Verbal de Guerra por el delito de rebelión y condenado a siete años de cárcel, pero en el informe de su captura nunca mencionaron la detención de Omaira, desde entonces está desaparecida [2].

En 1982 surgió la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), creada a partir del Colectivo 82 que documentaba la captura y desaparición de 13 estudiantes de las Universidades Nacional y Distrital presentados por el Ejército como “bajas en combate”; su trabajo se enfocó en visibilizar esta Práctica Genocida y buscar que se tipificara dentro del Código Penal como Crimen de Lesa Humanidad y no como secuestro [3].

Tipificada como un Crimen de Lesa Humanidad

Las Madres de la Plaza de Mayo en 1992 lograron que se firmara la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas, en 1994 la Corte Interamericana sancionó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, por presión de las víctimas el Gobierno de Colombia firmó la Convención Interamericana en 2005 y la Internacional en 2007, pero sin dar reconocimiento ni permitir el ingreso al país del Comité contra la Desaparición Forzada.

La Convención Interamericana en el Artículo II determina que, “se considera desaparición forzada la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado (…)” [4].

En la Convención Internacional en el Artículo 5 reafirma que la práctica generalizada o sistemática de la Desaparición Forzada constituye un Crimen de Lesa Humanidad dentro del Derecho Internacional, sin embargo, en Colombia no se han desarrollado en la ley penal, los elementos necesarios para la configuración de las conductas de Lesa Humanidad exigidas en el Estatuto de Roma.

La ‘Noche y Niebla’ de la Guerra colombiana

En el Informe presentado por el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas en mayo de 2021, resalta que Colombia está lejos de resolver la deuda histórica con el Crimen de la Desaparición Forzada la cual persiste pese a la firma del Acuerdo de Paz [5], el Comité llama a adoptar una política pública para prevenir y resolver los altos índices de impunidad, investigar y sancionar a los responsables, que no se permita el ascenso de miembros de las Fuerzas Militares que tengan investigaciones o condenas, por desapariciones forzadas o por cualquier otra violación a los DDHH.

El trato de Guerra que el Gobierno dio al Paro Nacional de 2021 dejó más de 471 desaparecidos reportados por la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada, de los cuales 276 fueron localizados con vida 23 hallados muertos.

En la Semana Internacional del Detenido Desaparecido del 23 al 31 de mayo, las organizaciones de víctimas de Desaparición Forzada entregaron a la Comisión de la Verdad 15 solicitudes para que las tenga en cuenta en el Informe Final, tales como: desclasificar archivos militares y de inteligencia para esclarecer la verdad y responsabilidad de altos mandos, Ley Integral de Protección a los derechos de las Mujeres y Familiares Buscadores, reparación colectiva para las comunidades indígenas y afrodescendientes, pronunciamiento sobre la impunidad de las desapariciones, declarar un Estado de cosas inconstitucional sobre el derecho a la búsqueda de las víctimas, desmonte del paramilitarismo [6].   

Continúan el exterminio de movimientos populares

La Federación de Pescadores de Santander (Fedepesan) denunció que el 31 de mayo fueron víctimas de un atentado sicarial del que salieron ilesos, los hechos se presentaron cuando realizaban labores de monitoreo en el área de Caño San Silvestre en Barrancabermeja. 

Edison Gómez Ortiz era Autoridad y docente del Pueblo Indígena Murui, el 31 de mayo su cuerpo sin vida con impactos de arma de fuego fue encontrado en el río Caquetá en el sector de Peñas Rojas de Solano, Caquetá.

En Tucurinca, Zona Bananera en Magdalena el Primero de junio perpetraron la masacre que dejó tres víctimas fatales José Romero Polo de 42 años; Brayan Castillo Polo de 24 años y Andrés Orozco Villa de 22 años y una más quedó herida.

El Comité de DDHH de la Universidad Distrital denunció que el Primero de junio el Esmad intervino violentamente contra la manifestación pacífica, que realizaban estudiantes cerca de la Facultad Tecnológica del Ateneo, dejando dos estudiantes heridos con trauma ocular y uno con trauma craneoencefálico.

Harold Vicente Herazo Castaño de 63 años, era Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Tapa Sola, fue asesinado el 2 de junio en la vía que comunica a Planeta Rica con Montería, Córdoba.

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[1] Más de 200.000 personas han sido reportadas como desaparecidas en Colombia. El Espectador, 4-02-2022.

[2] De Omaira a Hannier, todos los desaparecidos tienen nombre. Colombia Plural, 19-11-2016.

[3] “Desde el 82 la desaparición forzada es una práctica del Estado”: Javier Giraldo. El Espectador, 26-05-2022.

[4] Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Departamento de Derecho Internacional de la OEA, 09-06-1994.

[5] El Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas manifestó su preocupación por la ausencia de datos estadísticos fiables sobre este crimen en Colombia. Comisión Colombiana de Juristas, 19-05-2021.

[6] Las 15 peticiones de víctimas de desaparición forzada a la Comisión de la Verdad. El Espectador, 01-06-2022.