LO QUE QUEDA DE LA ETNIA YUKPA DEL PERIJÁ

Carmen Tarazona

Antes de la invasión española el pueblo Yukpa poblaba la margen oriental del río Cesar hasta la costa occidental del Lago de Maracaibo, hoy en escasas 34.064 hectáreas de seis Resguardos continúan resistiendo la acción Genocida de las multinacionales mineras.

En la parte alta de la Serranía de Perijá habitan 13.000 Yukpas según el censo de 2018, en los municipios de La Paz, Agustín Codazzi y Becerril en el departamento del Cesar, este pueblo Caribe  ancestralmente guerrero y nómada porta una historia y cultura que resiste en los Resguardos de Sokorpa, Menkue, La Laguna, El Rosario, Iroka y Caño Padilla; desde la segunda mitad del siglo XX los terratenientes y las empresas mineras los han arrinconado y reducido violentamente, Etnocidio en el que el Estado es cómplice.

Despojo despiadado

Hasta mediados del siglo XX este pueblo ocupaba toda la parte alta del Perijá y áreas planas del Cesar, la violencia bipartidista de 1948 y la fracasada Reforma Agraria (1966-1973) al no distribuir latifundios incrementó la colonización del territorio Yukpa; otra parte del territorio Yukpa fue caracterizado por el Estado como baldíos para titularlo a terratenientes y empresas, incluidas multinacionales del carbón, con lo que terminaron de expulsar a los Yukpas de los valles.

A finales de la década del 60 del siglo pasado las tierras planas del municipio de Agustín Codazzi fueron el epicentro de la ‘bonanza algodonera’, que justificó que los Yukpa fueran ‘sacados a bala’ por los empresarios; la ‘bonanza marimbera’ de los setenta produjo otra migración campesina y más acoso y despojo de territorio, y en los años 80 los cultivos de amapola y coca trajeron fumigaciones aéreas con Glifosato, afectando la cacería y los frutos que hasta ese momento eran base de alimentación Yukpa, esto desató epidemias gastrointestinales, cutáneas, respiratorias, abortos, malformaciones como labio leporino y desnutrición, que aún persisten.

En la década del 90 el narcoparamilitarismo causó desplazamientos, asesinatos y desapariciones, y en 2004 en la ejecución del “Plan Colombia” el Ejército enclavó un Batallón de Alta Montaña en la comunidad La Frontera del Resguardo Iroka.

Enclave minero, daño ambiental y muerte

El Resguardo Iroka tiene 8.678 hectáreas y más de 3.000 habitantes, Sokorpa cuenta con 25.000 hectáreas y 1.362 personas, sobreviven con el cultivo de frijol, maíz, yuca y malanga, pero su mayor amenaza es la explotación minera que la multinacional Drummond ejecuta en la mina El Descanso, que desde 2009 abarca 430 kilómetros cuadrados en los municipios de Agustín Codazzi, Becerril y La Jagua de Ibirico, donde explota carbón a cielo abierto, para extraer 60 millones de toneladas de carbón cada año, explotación que pone en riesgo la biodiversidad y la vida de los Yukpa [1].

En la Serranía de Perijá habitan más de 260 especies de animales, el 10 por ciento endémicas, que están en grave riesgo  de extinción por la gran minería, la depredación más visible es la agonía de los Ríos Sicarare y Casacará, que ha sido desviados hacia plantaciones de palma, el escaso caudal de agua que sigue en sus cauces va contaminada por agroquímicos; las multinacionales carboneras también han desviado afluentes como el Maracas y el Sororia, para usarlos como canteras para extraer el mineral, destrozando el acceso al agua y a la pesca de los Yukpa.

Del departamento del Cesar extraen el 60 por ciento del carbón de Colombia, de La Jagua de Ibirico, El Paso, Becerril y Agustín Codazzi, en territorio Yukpa, en 2016 las exportaciones del departamento alcanzaron 90 millones de toneladas, dejaron regalías y a los Yukpa no les llega ‘ni un centavo’ [2].

Lucha de ‘David contra Goliat’

El Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional determinó proteger a 36 pueblos indígenas, entre ellos los Yukpa, quienes por los asesinatos sistemáticos y el desplazamiento por el conflicto interno han quedado en riesgo de exterminio físico y cultural, la Corte ordenó crear planes especiales de salvaguardia y desarrollar una política pública para atender estos pueblos, Sentencia que sigue sin cumplirse hasta hoy.

La Sentencia T-713 de 2017 de la Corte constitucional ordenó a la Agencia Nacional de Tierras “resolver las solicitudes de ampliación, saneamiento y delimitación del territorio ancestral Yukpa”, al término de un año, a partir de la notificación en 2017, la cual tampoco han cumplido.

El Consejo de Estado en 2021 falló a favor del pueblo Yukpa contra las empresas Sociedades Carbones de La Jagua S.A., Consorcio Mineros Unidos S.A. y Carbones El Tesoro S.A., que pretendían construir canales y piscinas de sedimentación en la Reserva Forestal de Los Motilones y Río Magdalena ubicadas en la Serranía de Perijá, el Consejo de Estado ordenó al Ministerio del Interior convocar a Consulta Previa a los Cabildos de los Resguardos El Rosario, Bella Vista y Yukatán [3].

Los pueblos indígenas y en especial el Yukpa siguen siendo agredidos por las Prácticas Genocidas de las corporaciones multinacionales, por lo que no es suficiente con las Sentencias de los Altos Tribunales, el movimiento popular debe seguir rodeándolos con acciones políticas y de calle para que avance su lucha contra la extinción.