LOS PROTEGIDOS DEL FISCAL GENERAL BARBOSA

Álvaro Solano

El Fiscal General Barbosa castiga con destierro a los funcionarios judiciales que investigan a los cabecillas del régimen mafioso, sobresale el caso del encubrimiento hecho a los policías integrantes del Cartel narcotraficante del Clan del Golfo.

Los Sindicatos de la rama judicial y los funcionarios de la Fiscalía vienen denunciando la pérdida de autonomía, que inició desde la puesta en marcha de los Comités Técnico Jurídicos -instancias adicionales que convierten en colegiada la decisión de los Fiscales-, lo cual permite imponer los puntos de vista del Fiscal General sobre el de los funcionarios; esto ha permitido que el Fiscal Francisco Barbosa manipule estos Comités para favorecer a sus compinches [1].

En los casos donde los Fiscales han actuado con autonomía y sus decisiones son contrarias a los intereses de Barbosa, estos de manera sorpresiva y a modo de castigo son trasladados, decenas de fiscales que llevan casos que afectan a personajes poderosos o intereses del régimen mafioso han sido trasladados, decisiones administrativas que se han convertido en un modus operandi de la administración de Barbosa.

Entre los casos más escandalosos están los del Fiscal que manejaba el caso contra Esteban Ramos el hijo del narcopolítico Luis Alfredo Ramos, el Fiscal auxiliar que sustanció la investigación contra Sergio Fajardo, la Fiscal que tiene a su cargo el expediente de la corrupción en la empresa Monómeros, y los investigadores de fraudes en las Alcaldías de Quibdó, Bucaramanga y Popayán, entre otros [2].

La Policía y el Clan del Golfo

La Policía ha querido evitar por todos los medios que el capo Otoniel confiese porque revelaría la relación de los uniformados con cuantiosos cargamentos de cocaína del Clan del Golfo, y de supuestas incautaciones que luego son devueltas por agentes de la Policía a este Cartel del narcotráfico.

A mediados de 2020 la Inspección de la Policía comprobó la complicidad de muchos agentes en el envío de cargamentos de coca que salieron desde los puertos de Urabá, Santa Marta, Cartagena y Buenaventura; numerosos policías son cómplices del Clan del Golfo en la exportación de cocaína a Europa y Estados Unidos.

Un cargamento de cocaína que desapareció

En una bodega ubicada en Palmira, Valle, varios policías de la Sijin incautaron 1.000 kilogramos de cocaína camuflados en la carrocería de un tractocamión, la cual fue transportada hasta las oficinas de la Sijin de esa ciudad, donde permanecieron tres días hasta que el 11 de junio de 2020, el Mayor Giovanni Buitrago Martínez Director de la Sijin del Valle decidió trasladar esta droga para incinerarla en una ladrillera ubicada entre los municipios de Buga y Tuluá.

Juan Ramón Torres el dueño de la ladrillera coludido con la policía había acondicionado el horno para que la cocaína no se incinerara y se deslizara hasta una cavidad donde no se quemara, luego todos los policías presentes firmaron un acta en la que dejaron constancia de que la tonelada de cocaína había sido destruida; en horas de la noche el Capitán Henry Vizcaya, Comandante de la Policía de carreteras, reportó a la Fiscalía que había recibido una llamada denunciando el robo de la droga de la ladrillera, por lo que procedió a realizar un operativo de inmediato contra los ladrones.

La Fiscal Silvana Uribe López asumió el caso y determinó que el celular abandonado en la huida por los ladrones pertenecía al policía de la Sijin Osley Antonio Triviño Noreña, al acceder al celular encontraron conversaciones con un hombre con el que se había reunido el día anterior en Cali para hablar del robo de la cocaína; tiempo después se pudo constatar que se trataba de cocaína de los socios narcotraficantes del Clan del Golfo en el norte del Valle, y que la cocaína desaparecida luego salió por el puerto de Buenaventura hacia Centroamérica y Estados Unidos.

La Fiscal Uribe alcanzó a judicializar a los mandos bajos de esta banda mafiosa dentro de la Policía, pero tres meses después de que acusara a estos policías fue trasladada a Nariño y removida de la investigación; los policías de la Sijin Osley Antonio Triviño y Edilberto Millán se fueron a juicio, el Mayor Buitrago salió de la Policía, el Coronel Blanco Comandante operativo de la Policía de carreteras fue trasladado al Chocó, y la investigación llegó hasta ahí, porque Barbosa cerró el caso [3].