EN EL ESTADO MAFIOSO, NO SE SALVA NADIE
Sergio Torres
Los cambios estructurales que Colombia requiere para pasar la página de la violencia, no van a llegar por medio de quienes auspician y se lucran con ella. No será por medio del Estado mafioso actual, tendrán que hacerlo las mayorías populares eliminando la principal economía ilegal del país: la corrupción.
Hace unas semanas se publicó “Gilberto, según Rodríguez Orejuela” (editorial Aguilar), libro escrito por Gilberto Rodríguez Orejuela, jefe del Cartel de Cali. Ya en La W Radio se habían emitido partes de las entrevistas hechas a este narcotraficante mientras pagaba una condena en Estados Unidos, a donde fue extraditado en 2004.
Diez años atrás, los Rodríguez eran prácticamente los principales narcotraficantes del mundo tras haber ayudado con la muerte de Pablo Escobar junto a las autoridades de Colombia y Estados Unidos. Además, eran el centro del llamado proceso 8.000, como se denominó el proceso judicial contra el presidente Ernesto Samper (1994-1998), por recibir dineros del narcotráfico para financiar su campaña. Solo estos dos elementos dan cuenta de la estrecha relación entre carteles de narcotráfico y el Estado colombiano, pues hicieron una clara sociedad para perseguir a Escobar y luego financiaron las campañas de los candidatos presidenciales.
En sus memorias, Rodríguez Orejuela, vincula a expresidentes como César Gaviria (1990-1994) y Andrés Pastrana (1998-2002), donde confirma lo que todo el país siempre supo, que todos los presidentes estaban untados de narcotráfico, que Colombia era y sigue siendo un narco Estado. De hecho, relaciona a Gaviria con la muerte de Luis Carlos Galán, atribuida a Pablo Escobar; como quien dice, el hoy presidente del partido Liberal ha sido el jefe de los torcidos.
Uribe y la primera expansión paramilitar
Esta semana fue llamado a juicio el expresidente, Álvaro Uribe Vélez, por el delito de soborno de testigos. Curiosamente, uno de los procesos más tenues por lo que ha sido investigado, aunque en su espalda cargue nada más que con las 6.402 víctimas de asesinatos extrajudiciales. Todo el mundo en Colombia sabe que: Uribe dio la orden (de asesinar a civiles y hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate).
Uribe Vélez es el jefe del narco paramilitarismo y su expansión en los años 90. Toda su carrera política es realmente una carrera criminal, poniendo la Aerocivil al servicio del narcotráfico, siendo destituido como alcalde de Medellín por vínculos con el narcotráfico y siendo el máximo impulsor del paramilitarismo con las cooperativas de autodefensas campesinas cuando fue gobernador de Antioquia. Como presidente (2002-2010) impuso el imperio del terror narco paramilitar. Es tal vez uno de los peores criminales en la historia de Colombia, que sigue utilizando el Estado como parapeto de garantía para la impunidad.
Después llegó el retorno de la oligarquía tradicional. En un Estado mafioso y criminal como el colombiano, solo dos presidentes han tenido dos periodos de gobierno consecutivos y no por casualidad. Después de Uribe Vélez, vinieron las presidencias de Juan Manuel Santos (2010-2018), tal vez el principal camaleón político contemporáneo, por ello mismo, con vínculos criminales de todo tipo, el más famoso su prolongada alianza con la mafia de Víctor Carranza. Santos ha estado vinculado en todos los gobiernos, desde la presidencia de Gaviria en 1990 hasta la su propia reelección que terminó en 2018.
Ahora, el Papá de los Pitufos y Duque
Gran parte del revuelo político nacional de estos días, tiene que ver con un nuevo escándalo de corrupción, que como en los casos anteriores, vincula la participación de mafias en las campañas presidenciales de quienes han terminado siendo elegidos como presidentes.
El llamado “Papá Pitufo” ha resultado ser un contrabandista de vieja data y poder. Ya ha quedado claro que sus actividades ilegales también estuvieron vinculadas con el gobierno de Iván Duque (2018-2022). Aunque se mantenía con un bajo perfil desde hacía un par de décadas, en las cuales había logrado comprar policías, hacer destituir funcionarios y financiar campañas.
Aunque el presidente Petro ha dicho que el dinero procedente de “Papá Pitufo” se recibió durante la campaña, pero se devolvió, y que incluso ordenó grabar un vídeo para tener pruebas de esta devolución, este tipo de acciones recuerdan los escándalos que ya en campaña surgieron, donde aparecían vídeos y recepción de grandes sumas de dinero en efectivo.
Augusto Rodríguez, uno de los hombres de confianza, a quien se le encargó certificar la supuesta devolución, es quien hoy señala el posible ingreso de esta cantidad de dinero. También ya aparecen implicados en esta trama otros funcionarios y personas cercanas al presidente, como Carlos Ramón González, que ya ha estado envuelto en otros casos. Esta vez, González está relacionado con Daniel García, ambos de la Alianza Verde, con los que Petro hoy está negociando ministerios.
La corrupción y las mafias terminaron incorporando al gobierno progresista en su lógica criminal. Falta preguntarse por la participación de Juan Fernando Petro en este nuevo entramado mafioso. El presidente, que ha invocado tanto la figura de distanciarse de la mafia y el narcotráfico, nuevamente aparece allí.
El aprendizaje es claro: desde un Estado mafioso, con prácticas corruptas, no será posible lograr cambios estructurales. Por ello, dichos cambios solo pueden venir de la organización popular y su fuerza movilizada.