LA APUESTA POR LOS CAMBIOS DEBE SEGUIR, DESDE EL PUEBLO
Himelda Ascanio
En 2024, el Gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez cumplió la mitad de su periodo, en donde hay avances, pero también hay incumplimiento de las promesas de cambio, en parte por sus alianzas con el viejo régimen. La dinámica social de movilización empieza nuevamente a organizarse.
El campo de la política social y de relación con los sectores populares tenía que ser una prioridad para un gobierno cuya característica era justamente tener el apoyo de las organizaciones, sectores y procesos sociales del país. Los Nadie, la lucha por superar las desigualdades, exclusiones y marginalidades se enarboló como una bandera prioritaria. Sin embargo, el camino elegido para aproximarse a esos anhelos de cambio fue equivocado. La vía de reformas tramitadas en el Congreso no le funcionó al presidente; por el contrario, lo llevó a un segundo y craso error, buscar alianzas y articularse con los representantes del viejo régimen. Aun así, varias de sus principales propuestas de reformas le fueron negadas.
Por esa vía, hay que resaltar la reforma pensional, por la cual se aspira que, a partir de julio del 2025, sean beneficiados los mayores de 65 años con un monto mensual de 223 mil pesos, con lo que se busca mitigar el riesgo de pobreza extrema de estos adultos mayores. De manera similar, desde el Departamento de Prosperidad Social (DPS) este año se ha impulsado la ampliación de algunos subsidios, en la idea de combatir la pobreza.
Otra de las reformas extrapoladas por Gustavo Petro fue la agraria. El presidente cuando inició su gobierno, puso como punto de referencia las 3 millones de hectáreas relacionadas con el tema de tierras del Acuerdo de Paz con las FARC. Y aunque sí se han devuelto tierras al campesinado, solo van alrededor de 135.000 y 184.000 hectáreas, cifra absolutamente distante de lo planteado. Además, otro lunar en esta lógica de la compra de tierras tiene que ver con los sistemas y dinámicas de producción.
Ahora bien, estas buenas intenciones que en un principio anunció el presidente, en su primer año quizá aún no podían ser evaluadas, pero ya habiendo superado más de la mitad del periodo y con definiciones y tendencias evidentes, si pueden hacer parte de un balance negativo en materia de política social de parte del gobierno. Lo que ha condicionado y proyectado el accionar de las organizaciones sociales y populares.
En tal sentido, los males generados hace décadas y los problemas históricos para las organizaciones, liderazgos, comunidades y sectores sociales siguen estando presentes y poco han cambiado las lógicas y dinámicas de persecución y amenazas.
Paramilitarismo, genocidio e impunidad
Durante el 2024 se evidenciaron las dificultades y baja confrontación al paramilitarismo. Y más grave aún, el surgimiento, impulso y reciclaje de nuevas formas de grupos paramilitares. La relación y alianza entre paramilitarismo y Fuerzas Armadas sigue fortaleciéndose y continúa ejecutando un genocidio contra los liderazgos sociales, populares, comunitarios y defensores de derechos humanos.
La doctrina de seguridad y del enemigo interno ha seguido operando intacta, y ante las exigencias que las organizaciones sociales han planteado mediante movilizaciones regionales y locales, la respuesta ha sido la persecución, estigmatización y asesinato. En donde se han comprobado la participación y alianza entre paramilitares y Fuerzas Armadas, auspiciados incluso desde instancias de gobiernos departamentales.
En departamentos como Antioquia, Arauca, Chocó y Nariño, a lo largo de este año han sido evidencias descaradas del accionar conjunto entre grupos narco-paramilitares y Ejército, Armada y Policía. Aplicando como desde hace décadas la continuidad de la estrategia de tierra arrasada, sin que existan cambios en este accionar, por el contrario, han sido directas las amenazas y los atentados contra organizaciones sociales.
Como complemento ha dicho accionar conjunto y para garantizar el funcionamiento de estas prácticas, los organismos de justicia mantienen los altos índices de impunidad, al igual que se mantienen los perfilamientos y persecución a los procesos y liderazgos sociales que se han manifestado durante este año. Desde el alto gobierno se pretende dar un manejo y caracterización al accionar paramilitar, con lo que realmente minimiza de manera grave los alcances y las relaciones existentes con el Estado. De ahí también que dicha arremetida del paramilitarismo no tenga una contención efectiva desde el gobierno, y por el contrario funcionarios como el Comisionado para la Paz, impulse y apoye la creación de nuevas formas de paramilitarismo en las regiones.
El sector educativo movilizado
Durante el 2024, uno de los sectores que generó mayores dinámicas de movilización fue el educativo. El gobierno de Petro tuvo que afrontar dos paros, uno desde las universidades y otro de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), ambos en respuesta a descontentos y rechazo a prácticas contrarias al sostenimiento de la democracia y la educación pública.
El paro en la Universidad Nacional de Colombia inició en marzo y se prolongó por 4 meses, en él participaron estudiantes, profesores y trabajadores de la universidad, y convocó a las distintas sedes en el país. Las tomas a los edificios y facultades se hicieron sentir incluso en otras instituciones, que recogieron el llamado por una democracia al interior de las universidades y en las formas de elegir rector.
Finalmente, el paro se levantó el 22 de julio, cuando los manifestantes lograron que se reconociera a Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional de Colombia.
El otro problema que generó movilización nacional de los maestros y maestras, fue el de la reforma a la educación. Fecode, finalmente convocó su primer paro durante el gobierno de Petro, rechazando el proyecto de reforma que había sido modificado en acuerdo con sectores de la derecha, introduciendo artículos que se consideraban contrarios a la educación pública, de esto responsabilizaron a Aurora Vergara, Ministra de Educación en ese momento.
La reforma finalmente se hundió faltando prácticamente un debate para su aprobación. La lucha de los maestros dio resultado y le pasó factura a la ministra, que días después fue relevada del cargo.
Participación de la sociedad en los cambios y la paz
Este gobierno ha demostrado que no se pueden hacer cambios solamente desde el gobierno mismo; además, al abandonar el acompañamiento popular y desestimar escenarios serios y reales de participación de la sociedad, se alineó más cerca del continuismo del régimen que de los cambios esperados.
Durante los primeros meses del 2024 se desarrolló activa y dinámicamente el punto número 1 del Acuerdo de México, que es la agenda acordada en la Mesa de Diálogos entre el Ejército de Liberación Nacional -ELN- y el Gobierno de Colombia. Dicha dinámica construyó el Acuerdo No. 28, “Acuerdo sobre el desarrollo del proceso de participación de la sociedad en la construcción de la Paz”. Dicho documento recogió las conclusiones de:
“La realización de 78 pre-encuentros y encuentros de orden nacional y regional, con la participación de 8.565 representantes de organizaciones sociales de 30 sectores; así como 3.217 organizaciones en todas las regiones del país, 19 cárceles y la diáspora en 14 países de América Latina, Norteamérica y Europa. El resultado de este proceso es un Diseño de Participación, un Plan Nacional y unas recomendaciones. El conjunto de documentos estará a disposición de la sociedad para su consulta y han sido la base para la elaboración de este Acuerdo” [*].
Dicha construcción colectiva plantea los ejes fundamentales para debatir en función de los cambios que requiere el país para avanzar hacia la construcción de la paz, planteando un debate sobre el régimen político, el modelo económico, la política ambiental, la educación y la cultura. Como un hecho histórico, este documento acuerdo no se plantea como la simple formulación teórica o de diagnóstico sobre los problemas del país, sino, una propuesta de principios, ejes, método y dinámica para discutir los cambios que se requieren y cómo ejecutarlos.
Lo planteado en este acuerdo, podría ser un camino de real participación y construcción de la paz, desde un “Gran Acuerdo Nacional, entendido como camino y ruta para sacar la violencia de la política en Colombia y solucionar los múltiples problemas que vive el país para transitar hacia la paz”. Acuerdo nacional que dista del pacto de élites que proponen el gobierno y los sectores del viejo régimen.
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[*] Acuerdo No. 28. ACUERDO SOBRE EL DESARROLLO DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ Punto 1 del Acuerdo de México. https://delegacionelnpaz.org/?p=744