¿POR QUÉ TUMBARON LA LEY DE FINANCIAMIENTO, SI ERA TAN BUENA?

¿POR QUÉ TUMBARON LA LEY DE FINANCIAMIENTO, SI ERA TAN BUENA?

Chavela Villamil

Todas las economías requieren ajustes presupuestales y financieros, que constantemente se hacen desde una visión neoliberal, donde su captación radica en la masa monetaria que exprime a las capas medias y no en la afectación de los capitales plutocráticos.

El modelo económico imperante se centra en la generación de plusvalía para incrementar las utilidades por la comercialización de productos, y a su vez concentra estos dividendos en un grupo plutocrático minoritario; del mismo modo desliga obligaciones estatales a través de la enajenación de activos, para disminuir el compromiso fiscal de este, y consolidar el monopolio financiero, de servicio y productivo en el mismo grupo oligopólico; este modelo genera un déficit general de recursos que exacerba la desigualdad, la pobreza monetaria y multidimensional, a la vez que decrece el poder adquisitivo per cápita.

Un modelo centrado exclusivamente en la acumulación oligopólica va en total contravía del deber ser de la economía, que tiene como objetivo central satisfacer las necesidades básicas de la población, reduciendo al mínimo la brecha de desigualdad y la línea de pobreza moderada y extrema, además busca que el sistema fiscal y tributario tenga un enfoque redistributivo; desde luego, este paradigma económico no es más que una utopía, que cada día se diluye en una economía de libre mercado, donde el fin último es la acumulación desmedida de capital.

El principal reto de este Gobierno de corte progresista en términos económicos, es enrutar la economía hacia una senda de mayor crecimiento económico sostenible, con un enfoque social que permita diezmar la desigualdad y disminuir la pobreza (monetaria y multidimensional), y poner fin a décadas de desbalances macroeconómicos, heredados de la administración pasada, entre los que se encontraban altos niveles de inflación, un déficit de Cuenta Corriente superior al 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB); desajustes que fueron resultado de un conjunto de políticas macroeconómicas y fiscales expansivas.

La desaceleración económica observada en 2023 fue un resultado natural del proceso de ajuste que tuvo la economía colombiana, luego de experimentar un fuerte impulso en 2022. En particular, la economía colombiana registró un crecimiento anual de 0,6 por ciento en 2023, reduciéndose 6,7 puntos porcentuales (pp) frente a 2022, en un contexto caracterizado por una política monetaria más contractiva, que llevó a la inflación nuevamente a tasas de un solo dígito, y por medidas de política fiscal, que no solo garantizaron el sobrecumplimiento de la Regla Fiscal, sino la corrección de los elevados niveles de deuda registrados desde la pandemia del Covid-19 y el cumplimiento de los ingentes compromisos financieros ya adquiridos.

Una Reforma inconveniente para la plutocracia local y trasnacional

En el segundo semestre de este año el Gobierno presentó al Congreso la Ley de Financiamiento –‘Reforma Tributaria’–, clave para solventar parte del déficit fiscal que sobre pasa los 90 billones de pesos y, estratégico para llevar a cabo proyectos encaminados a zanjar el déficit social.

La Ley de Financiamiento presentada por el Gobierno y hundida esta semana por el Congreso, planteaba medidas que propendían por:

* El incremento del recaudo sobre los grandes capitales y no sobre la masa monetaria que castiga a las capas medias de la sociedad,

* disposiciones encaminadas a incorporar medidas de financiamiento que reconozcan la necesidad de hacer frente a la acción climática,

* la anticipación del mecanismo paramétrico contenido en la Ley, que fomentara la inversión pública y privada, y potenciara la apuesta de reactivación que este Gobierno le plantea al país,

* disposiciones que permiten equilibrar ingresos, y

* herramientas para fortalecer la fiscalización y operatividad del sistema tributario, de forma tal que se logre conjugar un conjunto de medidas, que contribuyen a financiar las necesidades presupuestales, en un marco de reactivación económica sostenible.

Principales componentes de la hundida Ley de financiamiento:

* Reducción gradual del impuesto de renta a las empresas y la introducción de tarifas marginales diferenciales.

* Eliminación del régimen simple de tributación.

* Inclusión del IVA para los juegos de suerte y azar digitales.

* Aumento del impuesto al carbono.

* Creación de un espacio adicional para inversiones verdes fuera de la Regla Fiscal.

La nueva tributación debe deponer el TDE

El Trickle Down Effect (TDE, por sus siglas en inglés), es un dogma neoliberal que plantea que el crecimiento y favorecimiento tributario de las grandes empresas y emporios, supuestamente es beneficioso para la economía nacional, porque permite crear nuevas plazas laborales. El TDE falazmente plantea que “la productividad y el desarrollo” de una economía se dinamiza si se provee favorecimiento fiscal y tributario de las grandes empresas, bajo el supuesto de que si estas empresas aumentan su riqueza, esta supuestamente “se derramaría por goteo hacia las capas medias y bajas de la sociedad”.

Los más recientes informes del Instituto Roosevelt afirman que la tributación de las personas jurídicas y en especial de los grandes almacenes, es clave para crear una economía fuerte y mejorar el bienestar de la sociedad en su conjunto, sin embargo, esto contrasta con la mayoría de modelos económicos que durante décadas han socavado este precepto y se han centrado en la reducción fiscal y tributaria de este tipo de empresas.

Los países que por décadas han aplicado el TDE en su economía no han logrado minimizar la brecha de desigualdad social, ni han incrementado el poder adquisitivo per cápita; por el contrario, a medida que los dividendos del capital privado se incrementan los ricos se vuelven más ricos, se pauperiza el sector asalariado y crece el empleo informal, lo cual aumenta la brecha de pobreza y desigualdad. La Doctora en Economía Tributaria Emily DiVito afirma que:

“Los recortes regresivos del impuesto de sociedades no aumentan significativamente los ingresos de las familias trabajadoras, pero sí reducen la capacidad del gobierno para financiar los ingresos familiares y el apoyo a los cuidados; además, una política fiscal corporativa sólida es vital para todos los aspectos de una economía próspera, no reinventar un uso más ambicioso e integral de la política fiscal corporativa nos impide lograr una economía y una sociedad más equitativas, sostenibles y democráticas para todos” [*].

Nuevos paradigmas

Cualquier propuesta de Reforma Tributaria, Financiera o Fiscal que busque mitigar la brecha social y disminuir el Déficit de Gasto Social, es inocua sino rompe la lógica antifinanciera del creciente pago de intereses de la Deuda Externa (DE), y la hinchazón constante del Gasto Corriente (burocracia, guerra, pago de intereses de DE), ya que de nada sirve incrementar el recaudo sino no se disminuye el gasto; más allá de la efectividad de la tasa de recaudación, el verdadero problema de nuestra economía, es que gasta más de lo que produce y buena parte del Gasto Corriente es de origen prescindible o sustituible en términos de montos y tiempos.

Superar la crisis económica implica Reformas estructurales a los sistemas fiscal, tributario y productivo, de carácter redistributivo; la política económica del país debe estar fundada en favorecer a todos los colombianos, en especial en subsidiar capas bajas de la sociedad, de igual forma el aumento del poder adquisitivo per cápita, y la disminución de los beneficios fiscales y tributarios a los grandes empresarios. Además, subsanar la crisis económica y laboral, y el déficit de poder adquisitivo per cápita, tiene implícitos cambios estructurales y radicales en los paradigmas económico, financiero, fiscal y tributario.

Se hace necesario e inaplazable un cambio estructural en el modelo económico, que conlleva un tributación que abandone la recaudación por volumen y se centre en la recaudación por capacidad de capital, -entre más dinero y capital, mayor tributación-, además, se debe disminuir el Gasto Corriente y los excedentes netos invertirlos en la atención del déficit de Gasto Social, a la vez que se implementa una política que formalice el empleo y genere solidez laboral e incremente el poder adquisitivo per cápita.

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[*] Reports expose deep harms of corporate tax cuts and ‘trickle down’ ideology. Common Dreams, 23-01-2024.

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