SUEÑO IMPOSIBLE EN COLOMBIA: ACCEDER A VIVIENDA PROPIA
Chavela Villamil
La desigualdad y pobreza (monetaria y multidimensional) en la que están sumidas más de dos tercios de la población, han generado un déficit habitacional y concentrado la posesión de la vivienda en un reducido grupo.
Durante décadas el modelo capitalista ha venido experimentando una crisis que ha contraído paulatinamente la economía global, lo que ha conllevado la desaceleración de la economía mundial, afectando la sostenibilidad fiscal de los países sin importar si son desarrollados o en desarrollo, impacto que se siente con mayor fuerza en los países dependientes del capital extranjero, obligando a decenas de países a incrementar constantemente su Deuda Externa (DE), para lo cual suscriben constantemente nuevos empréstitos con estamentos multilaterales; que no son destinados a inversión integral para mitigar el déficit de Gasto Social o reducir la pobreza multidimensional, esto aunado a la falta de empleo formal y la proliferación del empleo informal -rebusque-, decrecen el poder adquisitivo per cápita y mantienen la pobreza (monetaria y multidimensional) en un aumento constante.
Uno de los indicadores del índice de pobreza multidimensional es la posesión o tenencia de una vivienda o residencia que cuente con servicios básicos (agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, entre otros), que es determinante para tener una calidad de vida adecuada; sin embargo en Colombia gran parte de la población vive en zonas sub-urbanas o de invasión, que no cuentan con los mínimos vitales, además estas familias por su bajo nivel de ingresos y bajo poder adquisitivo no pueden acceder a una vivienda alquilada y mucho menos adquirir una.
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 3 de cada 10 colombianos se hallan en situación de pobreza monetaria y 4 de cada 10 en situación de pobreza multidimensional; además, traza el percentil de pobreza monetaria en 435.375 pesos mensuales y la pobreza extrema en 323.435 pesos mensuales [1]; si a esto sumamos que nuestra economía es de renta media, donde el desembolso de los subsidios y apoyos estatales ha sido inconsistente, el problema se suele agudizarse y exacerba el déficit de Gasto Social.
Muy pocos tienen acceso a vivienda propia
El bajo poder adquisitivo que padece gran parte de la población y la falta de un sistema que permita la adquisición de vivienda sin grandes prendas de garantía, hace casi imposible que las capas sociales media-baja y baja, puedan acceder a vivienda propia, lo que ha hecho que el arriendo o alquiler inmobiliario se convirtiera en la modalidad habitacional más utilizada en el país, según el DANE 4 de cada 10 colombianos están viviendo en alquiler, además el acceso a vivienda propia ha disminuido en 14,9 por ciento durante el periodo pospandémico.
El año pasado 39 por ciento de los hogares tenían una vivienda propia, bien sea pagada total o parcialmente. Sin embargo, en 2019 esa cifra ascendía a 46,2 por ciento, es decir, ha habido una caída de 7,2 puntos porcentuales en el indicador en los últimos tres años.
La principal razón para que más de un tercio de los colombianos no accedan a una vivienda propia es el bajo nivel adquisitivo per cápita, y la dificultad para acceder a créditos de vivienda, esto llevó a crear la Ley 1537 de 2012, un conjunto de subsidios de oferta y demanda que pretende incentivar la construcción y compra de vivienda; esta Ley establece dos tipos de vivienda subsidiada, la Vivienda de Interés Social (VIS) con valor máximo de 135 Salarios Mínimo Legal Mensual (SMLM) proyectada para la clase media, y la Vivienda de Interés Social Prioritaria (VIP) con valor máximo de 70 SMLM proyectada para las clases bajas.
Un modelo que acabe el déficit de vivienda y la pobreza
El abandono estatal en términos de infraestructura conlleva el incremento de la pobreza multidimensional, pero la pobreza monetaria principalmente está incidida por el bajo poder adquisitivo per cápita, que a su vez está determinado por la falta de empleo formal, y la sobre proliferación del subempleo que genera una burbuja inflacionaria que relativiza la contracción económica, pero que no incrementa el poder adquisitivo y desde luego no da lugar a suplir tan siquiera los gastos básicos.
La marcada contracción de la economía requiere que el Gobierno trace un plan estructural que en el plazo inmediato debe centrarse en la disminución del Gasto Corriente (burocracia, guerra, pago de intereses de Deuda Externa) y el incremento del recaudo, centrando este último no en la captación por masa de capital que castiga a las capas medias, sino en la captación por volumen de capital neto, lo que quiere decir, que debe implementar la tributación de los grandes capitales y empresas con un enfoque redistributivo, no priorizando la inversión y la rentabilidad y congelando la media incremental del pago de pasivos onerosos como es el caso de la Deuda Externa.
La reactivación y la solidez implica un cambio de modelo económico o por lo menos un cambio en la política económica y fiscal, priorizando suplir el mercado interno a través del fortalecimiento de la industria y la producción nacional, además de desarrollar planes secuenciales que dinamicen el poder adquisitivo per cápita y decrezcan el costo de los servicios básicos y esenciales; además, subsanar el déficit habitacional histórico y prevalente del país requiere una política pública que vaya más allá del subsidio, se requiere de reformas estructurales que modifiquen el sistema crediticio para hacerlo accesible a las clases de menos ingresos; además de eliminar las ventajas que permiten a personas con buen ingreso y estatus socioeconómico alto acceder a los subsidios estatales.
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[1] En Colombia la pobreza desciende levemente, mientras la inequidad se mantiene. Valora Analitik, 06-11-2024.