EL DEBATE EN TORNO AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN
Claudia Julieta Parra
Cursan en el Congreso de la República el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025 y la ley de financiamiento; para dar continuidad a los proyectos de desarrollo social que tiene el Gobierno, sin embargo, el grueso los congresistas no están de acuerdo.
El Congreso debate el PGN para 2025, por un monto de 523,7 billones de pesos -cerca del 30 por ciento del PIB- propuesto por el gobierno; proyecto al que se han opuesto varios congresistas por considerar que está desfinanciado; otras propuestas de congresistas varían el monto, por ejemplo, María José Pizarro fija el monto en 523 billones, Efraín Cepeda en 511 billones, Angélica Lozano en 499 billones y, Carlos Osorio en 482 billones.
El PGN la ley de financiamiento es un debate sobre la destinación de los fondos, las bases de contribución y tributación y, el decrecimiento del Gasto Corriente (burocracia, guerra, pago de intereses de Deuda Externa -DE-). Este PGN destina el 62,2 por ciento a gastos de funcionamiento y 25,1 por ciento a la amortización de intereses de DE, mientras destina a inversión solo el 12,7 por ciento. Lo más preocupante e inconveniente es que al Gasto Corriente destinan el 86,7 por ciento del presupuesto, además a los pagos de la DE conceden un incremento de 28 por ciento, -estos pagos no cubren la deuda de capital, sino que solamente amortiza los intereses-, mientras el presupuesto de inversión sufre un decremento de 33 por ciento.
Las disposiciones adoptadas por el Gobierno demuestran que obedece los dictados de los organismos multilaterales (FMI, BM) y de los oligopolios nacionales y transnacionales, ya que se continúa con la lógica deficitaria del empréstito y de que ningún cambio económico afecte las utilidades netas de los grandes capitales y mucho menos deponga el modelo económico. Cualquier política económica es inocua sino rompe la lógica antifinanciera de incrementar al Gasto Corriente y el pago a pérdidas de la DE. Se hace inaplazable un cambio estructural en el modelo económico, que conlleva una tributación que abandone la recaudación por volumen y se centre en la recaudación por capacidad de capital; que implemente una política que formalice el empleo y genere solidez laboral e incremente el poder adquisitivo per cápita.