QUÉ ES UN PARO ARMADO
Himelda Ascanio
En Colombia permanentemente hay paros en todas las actividades de la sociedad, maestros, trabajadores judiciales, transportadores, hasta los congresistas iban a parar. Incluso hay Paros Armados, como el declarado en el sur del Chocó, por el Frente de Guerra Occidental (FGOC) del ELN.
Por algunos días, algunos sectores del país mostraron aparente preocupación por las realidades del Chocó. A propósito de esas preocupaciones por las malas condiciones de salud y de transporte, cabe señalar que es el contexto permanente de abandono histórico y violencia narcoparamilitar en esta región, realidad denunciada por las comunidades negras e indígenas y por el ELN desde hace mucho tiempo; registradas en informes, caravanas humanitarias, entre otros, pero sin que nada cambie:
“El FGOC, hace el llamado a la comunidad internacional y organizaciones defensoras de derechos humanos a investigar y acompañar a las comunidades en la crisis humanitaria, creadas por el ejército y paramilitares que sigue como política de Estado” [1].
Por estos días hablaron las grandes empresas de comunicación del confinamiento de comunidades con movilidad restringida; ocultan que esta región del Pacífico tiene décadas confinada y entregada a la pobreza extrema, al aislamiento y la segregación, a su propia forma de resolver. El Estado colombiano no solo excluye al Chocó, sino que se lo entrega a sus socios narcoparamilitares para que arrasen, extraigan, trafiquen, abusen y asesinen. Los pobladores y las comunidades saben perfectamente que las Fuerzas Militares son socias aliadas del paramilitarismo.
“Los paramilitares arrecian su represión contra los habitantes de zonas aledañas de los municipios de Sipí y Nóvita; a tal punto que cobran extorsiones a todos los pobladores, por una arroba de alimento cobran 3.000 mil pesos, un tambor de combustible 50 mil, cada vehículo fluvial tienen que pagar 100 mil, de igual manera les cobran a todos los negocios, tiendas entre otros, afectando la economía de la región, siendo más perjudicada la gente más empobrecida. La Fuerza Pública sigue abriéndole camino al paso de los paramilitares” [2].
Medidas de protección
Ante esas realidades en el Chocó tomamos el Paro como medida de prevención, defensa y denuncia de lo que sucede. Es así como ante el peligro, preventivamente se llama a resguardarse, ante la asonada narcoparamilitar y la inminente posibilidad de enfrentamientos en medio de las poblaciones.
“Los habitantes de la región son sabedores de la connivencia, lo que les genera mucho más temor para hacer algún tipo de denuncia porque se encuentran totalmente desamparados por parte de organismos que según la legalidad colombiana estarían en obligación de garantizar sus vidas. Nosotros, como Frente de Guerra Occidental del ELN, hemos denunciado la situación y lo seguiremos haciendo como muestra de nuestro compromiso en defensa de las comunidades, la vida y el territorio” [3].
El Paro busca identificar y minimizar la movilidad de quienes van por la región sometiendo comunidades con el apoyo de las Fuerza Militares. Durante los tiempos que se toma esta medida, no es cierto que se produzcan desabastecimientos y crisis sanitarias. La medida no es contra la población, las comunidades lo saben y muchas de ellas piden que se haga, ya que es la única forma de visibilizar, evidenciar y confrontar el narcoparamilitarismo que ronda en sus territorios.
“Insistimos en que se mire con objetividad y responsabilidad la situación de la región, para que puedan llegar los verdaderos alivios humanitarios, de lo contrario la Guerra Subsidiada impuesta en el territorio seguirá dejando cada día más muertes, desplazamientos y miseria” [3].
“La única manera como se visibiliza la problemática en el Chocó ha sido a través de las vías de hecho, como son los Paros Armados que nos ha tocado realizar como insurgencia y la movilización popular. Más, sin embargo, autoridades del Estado dicen no conocer de combates en la región del San Juan, no le mientan al país que eso es lo que no permite que haya esperanzas alentadoras de paz a futuro” [4].
Asesinatos de la semana
El 17 de agosto, tres personas fueron asesinadas con arma de fuego al interior de una vivienda ubicada en la vereda El Llano, sector la cancha del municipio de La Estrella al sur del Valle de Aburrá.
Víctor Alfonso Yule Medina, era presidente de la JAC de la vereda Pueblo Viejo, kiwe thegna (guardia indígena) y perteneciente del esquema de kiwe thegnas, Yastey khabuwe’sx del territorio ancestral de Toribío, Cauca; fue asesinado el 18 de agosto, por hombres armados que llegaron a la vereda Pueblo Viejo y se dirigieron hasta donde se encontraba.
Uber Noguera, era firmante del acuerdo de paz, quien actualmente realizaba su proceso de reincorporación y comunitario en el departamento del Valle del Cauca; fue asesinado el 19 de agosto de 2024 en la vereda Digua del corregimiento Queramal de Dagua, Valle del Cauca.
El 21 de agosto, en la vereda El Porvenir del municipio de Remedios, Antioquia, alrededor del mediodía, un vehículo que transportaba a varias personas fue interceptado por desconocidos armados, luego obligaron a descender a tres hombres a quienes posteriormente asesinaron.
Willis Guillermo Robinson Sánchez, era delegado de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Ceiba y fiscal suplente de Asojuntas en el municipio de Puerto Rondón, Arauca; fue asesinado el 24 de agosto de 2024 en el barrio El Centro de Puerto Rondón, Arauca.
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[1] Comunicado público, FGOC, 22-12-2022.
[2] Comunicado público, FGOC, Enero de 2023.
[3] Comunicado público, FGOC, 2-02-2024.
[4] Comunicado público, FGOC. 17-02-2024.