OTRA CONDENA CONTRA EL ESTADO COLOMBIANO
Himelda Ascanio
El Estado colombiano recibió una nueva condena por sus prácticas violatorias de los Derechos Humanos (DDHH). La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sentenció que el Estado vulneró los derechos del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
En el fallo leído el pasado 18 de marzo, la CIDH, uno de los máximos organismos de DDHH de la Organización de Estados Americanos (OEA), sentenció que: “el Estado creó una situación de riesgo para la vida e integridad personal de las víctimas, en cuanto facilitó a organizaciones paramilitares información personal de estas últimas, obtenida con motivo de las labores de inteligencia desarrolladas”.
Esta sentencia como en anteriores, demuestra la persecución y riesgo que ha representado en Colombia ser defensores y defensoras de derechos. Nuevamente queda en evidencia el papel de instituciones y organismos del Estado como facilitadores y perpetradores de amenazas, persecución y asesinatos de los liderazgos sociales y políticos; así como la continuidad de estas prácticas, pues en este caso fueron continuas desde 1990.
Estado violador de derechos
Puntualmente la CIDH determinó que Colombia violó los derechos “a la vida, a la integridad personal, a la vida privada, a la libertad de pensamiento y de expresión, a la autodeterminación informativa, a conocer la verdad, a la honra, a las garantías judiciales, a la protección judicial, a la libertad de asociación, de circulación y de residencia, a la protección de la familia, los derechos de la niñez y el derecho a defender los derechos humanos”. Catorce derechos violentados a través de los organismos de seguridad e inteligencia estatales en asocio con el paramilitarismo.
Esta es otra forma en la que se evidencia la aplicación continuada de la Doctrina del Enemigo Interno, en este caso, en contra de los defensores y defensoras, pero en general contra todas las formas de liderazgos sociales y políticos y el movimiento popular. “Nos convertimos en el Enemigo Interno por levantar la voz y denunciar al Estado y a sus Fuerzas Militares, por decir que los paramilitares fueron creados como una forma de reprimir a los movimientos sociales”, señaló Soraya Gutiérrez, quien fue presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
Como medidas para la reparación y que Colombia deberá cumplir, se estableció que: “diseñar e implementar un plan de capacitación, permanente y obligatorio, acerca de los estándares sobre derechos humanos referidos a las facultades, las limitaciones y los controles de las autoridades en materia de actividades de inteligencia, y la recopilación, la gestión y el acceso a datos personales en poder de los organismos de inteligencia”.
Dada la relación determinada entre organismos de inteligencia estatales y paramilitares, además de la continuidad de estas prácticas, la CIDH señaló que Colombia deberá: “adecuar los manuales de inteligencia y contrainteligencia de los distintos organismos con facultades para emprender estas actividades, a fin de ajustarlos a los estándares internacionales sobre la materia”. En tal sentido, estas siguen siendo muestras y pruebas desde instituciones del propio sistema de Estados, que continúan evidenciando la necesidad de cambios profundos en la Doctrina de las Fuerzas Armadas y los organismos de inteligencia estatales. Acabar con la doctrina paramilitar que continúa y sigue aplicándose.
Asesinados de esta semana
Carmelina Yule Paví, era una reconocida lideresa indígena, Mayora Nasa de la vereda La Bodega en el Resguardo Indígena de Toribío; fue asesinada el 17 de marzo de 2024 en Toribío, Cauca.
Luis Álvaro Silva Macanilla, firmante del acuerdo de paz, que se encontraba en proceso de reincorporación; fue asesinado el 19 de marzo de 2024 en Puerto Asís, Putumayo.
Álvaro Javier Morales Flor, era el presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Ortega, jurisdicción del municipio de Cajibío en el departamento del Cauca; fue asesinado el 19 de marzo de 2024 en Cajibío, Cauca.