LENGUAJE COMÚN DE PAZ

Miguel Pimienta Cotes

La paz de Colombia pasa por acordar un lenguaje común y así evitar la torre de babel del siglo XXI. Freire decía que «cambiar el lenguaje es parte del proceso de cambiar el mundo».

Desde el régimen se utiliza un lenguaje que justifica la violencia contra las comunidades y las personas que piensan diferente: Enemigo Interno, al que se opone al sistema; vándalo o terrorista, al que protesta; ilegal, a la economía popular y del rebusque.

El lenguaje presupone un pasado (historia) que los interlocutores comparten, solo así puede haber entendimiento, en ese sentido, es necesario analizar las causas y soluciones al conflicto político, social, armado y ambiental que existe en el país desde una perspectiva común, al menos en los elementos esenciales.

¿Cuántos lenguajes existen en Colombia para darle significado a los hechos y a los sujetos? Por ejemplo, ¿qué significado tienen las Primeras Líneas para los que ostentan el poder?, o ¿qué significan las Convivir y los Frentes Solidarios para los campesinos y Defensores de Derechos Humanos?, ¿ qué significa el derecho a la protesta y a la rebelión para aquellos que dividen el país entre la gente de bien (ellos) y el resto de la sociedad (nosotros-nosotras)?

De igual manera, frente a la insurgencia armada y particularmente al ELN, pueden existir diferentes significados de acuerdo a su condición socioeconómica e interés político: para las élites en el poder, la oligarquía y el imperialismo norteamericano, significa terrorismo; para la gente decente, humilde, excluida, incluso, para personas con honestidad intelectual significa una organización revolucionaria con principios éticos y humanistas; sin que ello signifique alinderamiento o afinidad ideológica.

Ahora bien, en el marco del Gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, está surgiendo en el lenguaje de algunos sectores petristas que “la sola existencia del ELN es un obstáculo para el Gobierno”, es decir, es necesario que el ELN entregue las armas para que se le pueda dar continuidad al progresismo y evitar que el péndulo político retorne a la ultra derecha y al uribismo. El actual gobierno no necesitó la desaparición del ELN para hacerse elegir; lo que si necesitó fue un Estallido Social, el pueblo movilizado y en la calle para generarle crisis política al Gobierno de Duque; por lo tanto, su continuidad no está en manos del ELN, sino en la eficiencia de sus políticas y de sus funcionarios para satisfacer las demandas sociales del pueblo.

A los Gobiernos anteriores, el paramilitarismo en vez de generarle crisis, les sirvió para ejercer control social a través del terror e implementar sus políticas neoliberales y de extranjerización de la tierra; hoy, ese mismo paramilitarismo está siendo utilizado para debilitar las bases políticas del Gobierno, despojar, destruir el tejido social y asegurar el negocio del narcotráfico, pero para algunos funcionarios del actual Gobierno es solo una expresión paramilitar disputándose el territorio y las rutas del narcotráfico con el ELN; ¿desde cuándo el paramilitarismo dejó de ser política de Estado?, ¿en qué fase del olvido estamos?, ¿quién ordenó cambiarle el significado al paramilitarismo?

Este es el escenario del proceso de paz, pues además de ser un asunto de la semiótica, es un asunto de intereses políticos. Es necesario que la sociedad, el Gobierno y el ELN coloquemos en el mismo nivel de prioridad la solución política y asociarla con las transformaciones que necesita el régimen político, el modelo económico y la situación ambiental. Por el contrario, el Gobierno pretende subordinar las transformaciones al desgastado modelo de desarme y desmovilización, seguiremos construyendo la ‘torre de babel’ con el agravante de la violencia perpetua. No se trata de que el ELN tiene o no voluntad política para dialogar, sino de construir uno lenguaje común en donde la ecuación no sea paz igual desmovilización, sino paz igual transformaciones, justicia y verdad.

Como ELN le seguimos apostando a la utilización de un lenguaje común de la realidad para la construcción de la visión conjunta de paz establecida en el Acuerdo 6, llamado también Acuerdo de México.