EL ALTO COSTO DE LA ENERGÍA AUMENTA LA POBREZA

Chavela Villamil

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ha venido tomando medidas para disminuir el costo del servicio de energía eléctrica; que han sido inocuas ya que no controlan el problema de fondo, que es el valor en bolsa del Kilo Watio hora (KWh).

El modelo económico imperante está fundado en la acumulación de capital en un grupo plutocrático reducido y a su vez el neoliberalismo plantea que la enajenación de activos estatales es favorable para la productividad, bajo la falacia de que se disminuirían gastos estatales y se mejorarían los servicios prestados. Sin embargo, la enajenación de activos estratégicos deja el costo de los servicios básicos -como la electricidad-, supeditados al valor del libre mercado, lo que hace que los servicios públicos constantemente estén incrementando su valor y contribuyendo al aumento de la inflación; este tipo de prácticas y en sí mismo el modelo económico capitalista exacerban la pobreza y la brecha de desigualdad.

El SIN solo favorece a los empresarios

A finales de la década del sesenta del siglo anterior el Gobierno decidió integrar todos los sistemas eléctricos existentes en el país, para crear el Sistema Interconectado Nacional (SIN) que integra todas las líneas de transmisión de energía y subestaciones, por tanto, las centrales de generación no atienden la demanda de energía del municipio o región donde están ubicadas, ya que la energía va directamente al SIN.

La CREG es una unidad administrativa autónoma sin personería jurídica adscrita al Ministerio de Minas y Energía, que tiene como función regular la distribución equitativa, masiva y al menor costo posible de la energía eléctrica, el gas natural y el gas licuado, entre otros. A su vez, esta entidad no es la encargada de fijar el precio básico del KWh, este es determinado por las empresas generadoras, que establecen su valor por los estándares comerciales internacionales (valor cambiario en Bolsa de los combustibles), además, se debe indexar los costos de transmisión, distribución y comercialización, su sumatoria determina el valor bruto del KWh, por si fuera poco este valor esta mediado o inferido por la oscilación del Índice de Precios al Productor (IPP), en otras palabras, este servicio esencial está determinado por la inflación.

Un nuevo paradigma mineroenergético

El SIN el año anterior tenía una capacidad instalada de 19.435 Mw y generó en promedio 158,61 GWh-día; sin embargo, no alcanza a cubrir a gran parte de la población ya que en sí el problema no es falta de generación de energía, sino falta de redes de distribución en especial en lugares distantes y que los costos sobrepasan el poder adquisitivo de buena parte de la población.

El déficit de acceso a electricidad existente en América Latina y en nuestro país es incoherente teniendo en cuenta la gran riqueza hídrica existente. Un estudio reciente midió el Índice Multidimensional de Pobreza Energética (IMPE), el estudio indica que 9,6 millones de colombianos se encuentran en situación de pobreza energética, que equivale al 18,5 por ciento de la población, de los cuales resalta que el 31,25 por ciento de los departamentos tienen el IMPE por encima del 50 por ciento; además existe una brecha acentuada entre las zonas urbanas y las rurales remotas, en áreas rurales la escasez es 11 veces superior, en los grandes centros urbanos el IMPE es de 4,3 por ciento, mientras que en los municipios remotos este es de 47,9 por ciento.

La privatización de las empresas del sector eléctrico ha conllevado a que el suministro de este servicio indispensable tenga altos costos, que muchas personas no pueden pagar, esto sumado a la falta de redes eléctricas en regiones apartadas, ha llevado a que 9,6 millones de colombianos (18,5 por ciento de la población) se encuentren en pobreza energética.

El problema de fondo del costo de los servicios públicos en general es que producto del sistema neoliberal estos fueron privatizados, lo cual dejó estos servicios fundamentales esclavos de la lógica capitalista, donde el principal fin es la obtención de utilidades. Disminuir o regular el precio de los servicios públicos requiere un nuevo paradigma económico que no se rija por la política de libre mercado, situación que es difícil de resolver en lo inmediato, por esta razón, en el mediano plazo lo factible es sacar de la ecuación tarifaria el IPP, que las comercializadoras asuman las perdidas por defraudación, y generar un sistema que no tase los precios por la oscilación del mercado bursátil.