Al cumplir un mes el Paro Nacional la dictadura de Uribe impone la Ley Marcial y mata 13 manifestantes en Cali, la Primera Línea resiste en centenares de lugares, el régimen bloquea el ingreso de organismos de Derechos Humanos (DDHH) internacionales para ocultar sus Crímenes de Lesa Humanidad.
Las grandes empresas de comunicación fastidian con su cantaleta sobre los “vándalos”, como denominan a los manifestantes que se defienden del trato de Guerra que les propina el régimen, la cuestión es ¿quién es más salvaje y desalmado, el que agrede o el que se defiende?
Las grandes empresas de comunicación hacen un despliegue de las afectaciones económicas que vive el país por la protesta social; pero ocultan la tremenda desigualdad socioeconómica que ocasionó el descontento social que dio origen al Paro Nacional en curso.
Cuando me propusieron atender heridos en las barricadas recordé el juramento hecho, “dedicar mi vida al servicio de la humanidad y no permitir que cualquier factor se interponga entre mis deberes y mis pacientes”, además comparto la lucha de los jóvenes para tener una Colombia mejor.
La suspensión de [la venta de] las armas debe mantenerse hasta que las fuerzas de seguridad colombianas cumplan plenamente con el derecho y las normas internacionales sobre el uso de la fuerza
1.- EDITORIAL: LAS CAUSAS, LOS CULPABLES Y LA SOLUCIÓN DE LA CRISIS. 2.- HONOR Y GLORIA A SANTRICH. 3.- LA SOLUCIÓN ES NEGOCIAR CON EL ….
El levantamiento en curso constituye una Primavera colombiana que busca transformaciones radicales para la vida digna del pueblo, coloca en crisis al régimen neoliberal que sobrevive atacando a la gente como un Enemigo Interno y se reproduce con la fallida Guerra contra las drogas.
Es condenable que Duque haya tomado la decisión de recrudecer el trato de Guerra a la protesta social al enviar al Ejército y sus medios de bélicos
La tregua que hoy comienza da un respiro al pueblo palestino en Gaza pero el despojo lo prosigue el régimen israelí en la ciudad sagrada de Jerusalén y en toda Cisjordania, patrocinado por el Gobierno de Estados Unidos (EEUU) que justifica las agresiones israelíes como un “derecho a la defensa”.
