Las últimas elecciones en Ecuador, luego de la crisis social y política desatada por las posturas represivas del presidente Guillermo Lasso, adelantadas ante su inminente destitución por la presión del movimiento indígena y popular, se realizaron el pasado mes de agosto; en ellas la candidata Luisa González del Movimiento de la Revolución Ciudadana, fue la primera entre otros 7 candidatos, el segundo lugar fue para Daniel Noboa, empresario de la Alianza Democrática Nacional. Y el tercer lugar fue para Christian Zurita del Movimiento Construye, candidato que sustituyó a Fernando Villavicencio, asesinado 10 días antes de los comicios.
La revolución ciudadana de 2007-2017 en su proceso de democratización construyó una nueva Constitución y unas transformaciones sociales y políticas, que condujeron a mejorar su bienestar en las comunidades y su participación en las decisiones. Luego vino un proceso de derechización con el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) un aliado de las élites; continuó el banquero Guillermo Lasso (2021-2024), siendo parte de las élites de la burguesía y la mafia emergente.
El asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial por el derechista Movimiento Construye, el 9 de agosto de 2023 luego de un mitin político en pleno centro norte de Quito, alteró de forma radical el escenario político nacional y se convirtió en noticia de primera plana incluso a nivel mundial.
Corrupción
En pocos años Ecuador pasó de ser un país relativamente tranquilo a ostentar los índices más altos de crímenes e inseguridad. Dentro de la contextualización de esos cambios el modelo de acumulación económica capitalista cambió o se imbricó, en especial con la dolarización de la economía, esta obligó a crear marcos normativos y jurídicos para varias modalidades de extracción y maximización de la ganancia para los grupos financieros, donde fue excluido el Estado de la regulación. El gobierno solo puede endeudarse en los mercados financieros internacionales de capitales y devino en la exclusión radical del Estado con respecto a su propio financiamiento.
Los grupos económicos más importantes que manejan esos marcos monetarios e institucionales de la dolarización corresponden a los bancos más grandes del país. Así, el grupo económico Banco del Pichincha, liderado por Fidel Egas, maneja cuatro grandes bancos (Banco del Pichincha, Banco Diners, Banco de Loja y Banco Rumiñahui) y más de cien fideicomisos y empresas; el segundo grupo bancario más importante del país, es el grupo económico Banco de Guayaquil (Corporación MultiBG) liderado por Guillermo Lasso Mendoza y Danilo Carrera. Ambos grupos económicos poseían en activos, con datos del año 2020, correspondientes a un volumen que representaba el 25,14% del PIB del año 2020.
Los bancos privados manejan y definen el marco monetario de la dolarización, en cambio los importadores, comercializadores y distribuidores controlan y gestionan todo el sistema de precios relativos de la economía. Ahí constan grupos económicos como el grupo La Favorita (perteneciente a la familia Wright), el grupo Eljuri (perteneciente a la familia del mismo nombre), el grupo Corporación El Rosado (perteneciente a la familia Czarninski), el Grupo Gerardo Ortiz e hijos, entre otros. En conjunto, los activos de estos cuatro grandes grupos económicos alcanzan un volumen que representaba el 12,73% del PIB del año 2020.
En virtud de que no existe control del Estado sobre los precios relativos, estos grupos económicos dedicados a la importación, comercialización y distribución tienen la posibilidad de imponer esos precios a la sociedad y de esta forma generar rentas por medio de la usura.
Estos dos grandes polos de acumulación: bancos e importadores-comercializadores, desplazan a los tradicionales grupos de poder económico que, al menos en las décadas de los años ochenta y noventa del siglo pasado fueron hegemónicos. Aunque existen otros grupos económicos, por ejemplo las empresas transnacionales dedicadas al extractivismo, o la conversión de los agro-exportadores en agro-industrias o empresas constructoras y de servicios, farmacéuticas, industrias, medios de comunicación, universidades privadas, entre otros, están subsumidos al patrón de acumulación y el régimen de regulación se establecen desde estas dinámicas monetarias y de la gestión del sistema de precios de los dos dos grandes polos de acumulación capitalistas.
En éstos dos polos del poder del régimen, la presencia de Danilo Carrera es clave para señalar la integración del crimen organizado como parte de la acumulación, este personaje habría actuado en coordinación entre la denominada “mafia albanesa” y los grupos de poder económico, en lo fundamental, el grupo económico Banco de Guayaquil-Corporación MultiBG, liderado por Guillermo Lasso Mendoza, de acuerdo con la investigación realizada por la policía nacional del Ecuador en un informe policial denominado “León de Troya”. Este fue el fundamento para el tercer intento de juicio político y destitución al Presidente Guillermo Lasso Mendoza por parte de la Asamblea Nacional en el año 2023. Para evitar este juicio político y la posterior investigación a Danilo Carrera por su vinculación con el crimen organizado, el presidente Guillermo Lasso decretó la denominada «muerte cruzada» que disolvió la Asamblea y adelantó las elecciones generales.
Mafia y narcotráfico
El nivel de penetración del narcotráfico en Ecuador se ha disparado con la injerencia de carteles de México y Colombia. Entre 2019 y 2022, la cifra pasó de 88 a 201 toneladas incautadas. Es decir, se incrementó en 128%. Solo Colombia supera esa cifra con 671 toneladas decomisadas en 2022. Mientras que el tercer lugar en esta lista es Panamá con 108 toneladas.
Según las cifras del Ministerio del Interior y de la Policía, entre 2019 y marzo de 2023, se han incautado 673 toneladas de droga; siendo el segundo país en la región donde más se comercializa. Ecuador, ubicado entre Colombia y Perú, los dos mayores productores de cocaína del mundo, se ha convertido en el país de tránsito de Latinoamérica que más droga incautó el año pasado.
Se ha alertado sobre la presencia de traficantes extranjeros que trabajan como líderes o intermediarios de la red de tráfico de droga y buscan los servicios de bandas o delincuentes locales para las distintas operaciones en la cadena de tráfico: transportar la droga, ocultarla en contenedores, sobornar a funcionarios, etc. La proporción de cocaína con destino a Europa aumentó del 9 % en 2019 al 33 % en 2021, aumentando a más del 50 % si solo se cuentan los casos en los que se conocía el destino. En 2021, la mayoría las mayores incautaciones en Ecuador se realizaron en la ciudad portuaria de Guayaquil, esto trajo consigo un aumento de la violencia, donde la tasa de homicidios del país prácticamente se duplicó en 2022 por segundo año consecutivo, la policía atribuye la mayoría de estos asesinatos a enfrentamientos entre organizaciones narcotraficantes.
La estructuración de los nuevos Estados corporativos y de regímenes narco-burgueses donde las instituciones están permeadas por la corrupción y el crimen, la pérdida de capacidad para la regulación de la vida social, tiene que garantizar su impunidad, y esa es la condición de existencia del crimen organizado: asegurar su propia impunidad a través del control directo de la justicia y las fuerzas militares, como en el caso colombiano, que duraron cientos de años en el poder hasta la explosión social de 2021.
La violencia del Estado utiliza el terror y la crueldad como marco legal desde el cual imponer sus condiciones a la sociedad y así mantener sus modelos de negocios y reducir al mínimo sus costos de transacción. La crueldad que exhibe el crimen organizado es pura práctica y uso del miedo. Es su forma de provocar la institucionalización de la impunidad para la élite. Es su manera de poner contra las cuerdas a la sociedad y sus instituciones, donde se impone la sociopatía bajo el ejercicio de la fuerza.
Un Estado que no hace efectivos los derechos de las personas , se ve expuesto a las protestas, levantamientos populares y alzamientos armados. Es un Estado fallido, ilegítimo y cuestionado por la sociedad.
Injerencia Externa y crisis social
En primer trimestre de 2019 no había ninguna razón macroeconómica para que el Ecuador suscribiera un programa económico con el FMI bajo el nombre de Servicio Financiero Ampliado. Todos los indicadores económicos del país estaban relativamente bien: crecimiento económico, bajos niveles de deuda pública, baja inflación, bajo desempleo, descenso de los indicadores de pobreza, entre otros. Sin embargo, el FMI y las elites decidieron que era momento de empezar un duro programa de ajuste con un amplio paquete de reformas estructurales.
Se pusieron en marcha las restricciones a la inversión pública, se realizaron agresivos recortes presupuestarios a la salud, educación, sistema de rehabilitación penitenciaria, inclusión social y administración de justicia. Se eliminaron subsidios y se pretendió poner los precios de la gasolina a niveles internacionales, en un país que es productor de petróleo y de gasolina. Se pretendió borrar todas las conquistas laborales y dejar en cero los derechos de los trabajadores bajo el pretexto de la competitividad.
La sociedad se rebeló en contra de ese programa recesivo y empobrecedor. Las movilizaciones sociales fueron potentes en octubre del año 2019 y en junio de 2022, pero eso no supuso que las elites alterasen la trayectoria neoliberal que habían asumido ligadas al nuevo sistema mafioso de lumpen-acumulación.
Las primeras masacres carcelarias que se produjeron en la transición entre el gobierno de Lenin Moreno y Guillermo Lasso en los años 2021-2022, dejaron un saldo de 31 muertos. Esas masacres carcelarias como formas de resolución de las disputas entre los diferentes grupos del crimen organizado desde la imposición del terror, eran ya una advertencia de lo que advenía a la sociedad.
El Estado no tuvo los recursos ni financieros, ni institucionales para resolver esos conflictos, porque el FMI le había atado de pies y manos, diseñando un esquema de ahorros fiscales forzosos para alimentar las reservas internacionales que, a su vez, servían de amortiguador para los bancos privados. El gobierno Lasso no resolvió esa crisis, miró para otro lado y siguió adelante con el programa de ajuste, privatización y desmantelamiento de las instituciones públicas, mientras Danilo Carrera, según la información de la policía del Ecuador, fortalecía sus nexos y sus negocios con el crimen organizado.
Apenas electo Guillermo Lasso en el año 2021, la Asamblea intentó destituirlo a través de un juicio político que demostraba su participación en fideicomisos en paraísos fiscales, algo que las leyes castigan con la destitución del cargo, fracasó por el apoyo de sectores políticos, entre ellos la representación política enquistada en el movimiento Pachakutik y captada por el gobierno, el tradicional partido social cristiano, la Izquierda Democrática, entre otros. Uno de los actores claves en la defensa de Guillermo Lasso y que pudo bloquear los intentos para destituirlo, fue el entonces Presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio.
El principal antagonista de la acumulación de capital en Ecuador es el movimiento social y popular cuyo centro de gravedad está en el movimiento indígena. Gracias al movimiento indígena se han podido frenar algunas de las derivas más agresivas de la acumulación del capital y de su régimen de regulación, como la privatización de la seguridad social, la eliminación de subsidios a los combustibles, la desarticulación de instituciones claves, entre otras. Gracias también al movimiento indígena se han logrado crear marcos constitucionales y legales que defienden a la sociedad de las consecuencias del régimen de regulación de la acumulación de capital y del neoliberalismo.
La actual coyuntura de las elecciones tienen la virtud de apuntalar desde el progresismo y la lucha de clases para crear escenarios políticos para cuestionar y redireccionar las definiciones más importantes y estratégicas, en vez de privatizar, hacer inversión social. Existe un retroceso de sus luchas, porque lo inmediato es la reconstrucción del Estado y la defensa de la sociedad mediante un nuevo acuerdo nacional y se respete la constitución y la Asamblea Nacional Popular. Para ello se necesita que el movimiento social se pronuncie y articule una lucha social contra el programa económico del FMI.
