REORDENAMIENTO TERRITORIAL AMENAZA COMUNIDADES
Carmen Tarazona
Para imponer el modelo económico de extracción de bienes naturales en favor de las multinacionales, el régimen en 2021 continuó reordenando el territorio por medio de sus Fuerzas Armadas (FFAA) y los narcoparamilitares, quienes incrementaron el despojo y el desplazamiento de las comunidades.
Durante lo corrido del año en todo el territorio se incrementó la expansión de las multinacionales y de los oligopolios, lo que repercutió en ciento de desalojos por parte del Estado contra humildes asentamientos en la ciudades y zonas rurales; además en algunas regiones del país se agudizó el Conflicto Interno, según La Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (Ocha) en los 10 primeros meses de 2021 al menos 64.800 personas se han desplazado en 136 eventos masivos, lo que representa un incremento del Desplazamiento Forzado de 198 por ciento respecto al año anterior [1].
La expoliación de recursos naturales causa el despojo del territorio
La riqueza natural, mineral y biodiversa de nuestros territorios los han convertido en un botín para las multinacionales, que en colusión con el Estado y los paramilitares por la vía armada despojan los territorios y por la vía jurídica adjudican lo despojado, para favorecer la explotación de grandes minas de oro, cobre, metales, hidrocarburos, monocultivos, cultivos de uso ilícito, entre otros.
Pese a la acción violenta las comunidades, los pueblos originarios y los movimientos populares resisten apalancándose procesos locales, regionales y nacionales, para confrontar las políticas antipopulares del Estado; las disputas territoriales más álgidas están dándose en Buenaventura, Chocó, los territorios Awá en Nariño, Chiribiquete, La Macarena, Bajo Cauca, Cauca, Catatumbo y Cali.
Territorialidades urbanas en resistencia
La acción despojadora de latifundistas, agroindustriales y la megaminería forzó a miles de familias a habitar zonas urbanas marginadas, generando nuevos sujetos socioeconómicos, culturales y políticos que se expresaron en las protestas iniciadas en 2019 y radicalizadas en 2021, todas con diferentes matices pero con un elemento común que es la lucha por una vida digna.
El Paro Nacional iniciado el 28 de abril en las principales ciudades se caracterizó por la participación popular, la masividad del activismo juvenil y beligerancia de los procesos, además de tomar fuerza el componente cultural y la solidaridad intergeneracional y sectorial, y el rechazo a la represión de las FFAA en colusión con el paramilitarismo urbano.
En este estallido social de 2021 las madres fueron un componente de apoyo fundamental para los jóvenes en las jornadas de protesta, de igual forma las mujeres afros e indígenas en sus asambleas alzaron la voz contra la violencia machista al interior de las comunidades y fortalecieron los espacios de lucha de género.
Resistencia afro e indígena
La zona del Pacífico este año fue uno de los principales objetivos del terror estatal, en la Cuenca del Yurumanguí, en los municipios del Istmina, Medio San Juan, Litoral del San Juan, Sipí y Nóvita, alrededor de 250.000 afros e indígenas wounaan soportaron una operación militar y paramilitar; ante esta arremetida el Obispo de Istmina afirmó que, “estas comunidades están sometidas a un genocidio, un etnocidio (…), dentro de las comunidades, la Fuerza Pública utiliza a los niños para sacarles información” [2]; estos vejámenes dieron origen a Caravanas Humanitarias, expresiones de solidaridad y acompañamiento de las Iglesias, entre otros.
En Buenaventura los Consejos Comunitarios resistieron la ofensiva paramilitar a través de Paros que exigían no ser desplazados por el plan de ampliación del puerto que tiene la Sociedad Portuaria S.A.; además, los Consejos Comunitarios, Palenques y asentamientos Afros en las regiones fueron asediados por las políticas extractivistas del Estado.
Año de Mingas y consolidación de los territorios
Los pueblos indígenas adelantaron Mingas para sanear sus territorios de cultivos de uso ilícito y de minería depredadora, fortaleciendo al tiempo las Guardias Indígenas; además, las Organizaciones nacionales y regionales realizaron Mingas hacia Cali, Bogotá y la Costa Atlántica, para acompañar a los movimientos populares en el Paro Nacional.
Las jornadas de movilización campesina en el Paro Nacional exigían desmilitarización, desmonte del paramilitarismo, frenar la erradicación forzada de cultivos de coca y reconocer al campesino como sujeto de derechos colectivos [3]; además, los campesinos de las diferentes expresiones políticas siguen estableciéndose como sujeto social y de derechos, alcanzando nuevos desarrollos.
La reforma rural integral quedó sumida en la interpretación del Gobierno que reporta como tales obras no articuladas y por fuera de los 16 territorios definidos; en los territorios priorizados siguen sin legalizar la propiedad de la tierra y el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivo de Uso Ilícito (Pnis) fue suspendido, pese a que es producto del Acuerdo de Paz de 2016.
Movilizados contra la Guerra en la frontera
En el Catatumbo las acciones populares han impedido el establecimiento de Bases Militares en centros públicos, ha frenado la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito y las detenciones arbitrarias realizadas por las FFAA, generando mejores condiciones para exigir Acuerdos Humanitarios.
En el departamento de La Guajira la Pobreza Monetaria este año llegó a 61,8 por ciento lo que exacerbó la crisis humanitaria existente, a la cual diferentes Gobiernos han dado la espalda y este en especial se ha negado a entablar diálogos con las comunidades, en procura de mejorar sus condiciones humanitarias y calidad de vida; de igual forma las comunidades de la triple frontera (Perú, Brasil y Colombia) enfrentan una crisis humanitaria agudizada por la pandemia, el 59 por ciento de su población afronta inseguridad alimentaria [4].
Las perversas políticas del régimen
El programa de “paz con legalidad” del Gobierno se centró en la contrainsurgencia en las cinco Zonas Especiales de Intervención Integral (Zeii), sin embargo, en ellas es donde más se ha incrementado el paramilitarismo; también el Plan de Zonas Futuro carece de programas para las comunidades y no toma medidas para el desmonte del paramilitarismo, que es el principal causante del desplazamiento forzado y la violencia; además no implementa la erradicación voluntaria de cultivos de uso ilícito ni despliega atención estatal integral que genere proyectos productivos.
El plan aplicado en las regiones por parte del Gobierno solo favorece a las mega empresas nacionales y extranjeras que expolian los recursos naturales, sin importar el daño ambiental, la destrucción cultural y la crisis humanitaria que causa.
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[1] Desplazamiento forzado aumentó un 198 % en Colombia respecto al año anterior. Radio Nacional, 10-12-2021.
[2] Crisis humanitaria y confinamiento en el pacífico colombiano. Arainfo, 22-10-2021.
[3] Que pasa en Colombia la voz del coordinador Nacional Agrario. Agencia Tierra Viva,10-05-2021.
[4] Impacto humanitario por la covid-19 en la triple frontera de amazonas. Ocha, 29-07-2021.