NEOLIBERALISMO DECLARA GUERRA AL BAJO CAUCA

Carmen Tarazona

El desplazamiento forzado de las comunidades campesinas en Ituango demuestra cómo el terror de los narcoparamilitares, es un brazo de las empresas  extranjeras que poseen Títulos Mineros en la zona, protegidas por el plan neoliberal de expoliar los bienes naturales de esta subregión de Antioquia.

El Bajo Cauca de Antioquia es la subregión ubicada al norte, compuesta por: Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Zaragoza, Briceño, Ituango, Valdivia y Anorí, limítrofe con el departamento de Córdoba, en los municipios de San José de Uré, Puerto Libertador, Montelíbano, Tierralta y Valencia; posee una gran riqueza por sus ríos, oro, níquel, cobre y biodiversidad, donde se destaca el Parque Nacional Natural Nudo de Paramillo [1].

En el Bajo Cauca el régimen ejecuta su estrategia contrainsurgente con el Plan de Consolidación comandado por la Fuerza de Tarea Aquiles de las Fuerzas Armadas, con el que desarrolla las Zonas Estratégicas de Intervención Integral (ZEII), llamadas ahora Zonas Futuro, que son territorios bajo ley marcial intervenidos por el Consejo Nacional de Seguridad.

Megaminería contra las comunidades

Tras el ciclo de violencia partidista de mediados del Siglo XX los campesinos colonos del Bajo Cauca y sur de Córdoba se dedicaron a la producción agropecuaria y la minería artesanal, desarrollando un territorio estable y pacífico; con la apertura económica de la década del 90 del siglo pasado al territorio llegó la Guerra integral, la implantación de cultivos de coca y el narcoparamilitarismo de Cuco Vanoy y su Bloque Mineros desató desplazamientos, masacres y despojo de tierras, preparando el territorio para proyectos de megaminería.

Bajo la presidencia de Uribe Vélez, entre 2002 y 2009 los Títulos Mineros en el país se incrementaron un 274 por ciento, pasando de 2.965 a 8,126 Títulos; en el 2017 el Bajo Cauca pasó de tener 166 títulos a contar con 273 solicitudes de concesión mineras que copan el 41 por ciento de esta subregión [2]; según el Informe del Instituto Popular de Capacitación (IPC) entregado a la Comisión de la Verdad, de las 848 mil hectáreas que componen el Bajo Cauca, para el año 2020, estaban afectadas por títulos o solicitudes mineras 368.500 hectáreas, 441.830 están destinadas a pastos para ganadería, y en 18.000 hectáreas existen cultivos de coca [3].

Destierro prepara condiciones al saqueo

El pasado 21 de julio provocaron un destierro de campesinos en Ituango, cerca de 1.674 familias, más de 4.000 personas procedentes de 31 veredas se desplazaron forzadamente por las amenazas de los grupos narcoparamilitares que se hacen llamar “disidencias”, que buscan despojar el territorio para favorecer la expoliación de los recursos naturales por parte de las multinacionales.

En las 31 veredas que están desplazadas se afincan los Títulos Mineros vigentes, incluidos los de la transnacional Cerro Matoso S.A. del grupo multinacional BHP Billiton, que lleva varias décadas extrayendo níquel en Montelíbano; además, algunas veredas están en inmediaciones de la represa Hidroituango, desde que inició este proyecto ubicado en el cañón del río Cauca los narcoparamilitares han ocasionado 275 masacres, ahora en febrero del 2021 organizaciones sociales denunciaron el reclutamiento de jóvenes por parte de los grupos narcoparamilitares [4].

Zona Futuro trajo nuevos narcoparamilitares

En enero de 2020 el Gobernador Aníbal Gaviria expresó que “la implementación de la Zona Futuro en el Bajo Cauca, irá de la mano con el Ejército y otras autoridades”, la fuerza de Tarea Conjunta Aquiles con sede en Caucasia se activó en 2018 con 5.000 hombres entre Ejército y Policía, en zonas urbanas y rurales [5]; paradójicamente, pese a la excesiva militarización crecieron los cultivos de uso ilícito y el narcoparamilitarismo se expandió y se desbordó hacia los cascos urbanos de los municipios, incrementando las masacres, el destierro y asesinato de líderes sociales. 

Según el Registro Único de Víctimas (RUV), de enero a octubre de 2020 fueron desplazados 4.582 personas en el Bajo Cauca, 1.244 en Ituango y 801 en el sur de Córdoba, en el Bajo Cauca asesinaron 12 líderes sociales, la mayoría pertenecientes al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), en el sur de córdoba asesinaron 13 líderes sociales [6].

Planes sociales y de paz a paso de morrocoy

El Plan de Zonas Futuro carece de programas para las comunidades ni toma medias para el desmonte del paramilitarismo, que es el principal causante del desplazamiento forzado y la violencia; además no implementa la erradicación voluntaria de cultivos de uso ilícito ni despliega atención estatal integral que genere proyectos productivos, solo limita la estrategia a la erradicación forzada, la aspersión con Glifosato y el incremento de la militarización, yendo en contravía de los Acuerdos de Paz de 2016.

El plan aplicado en la región por parte del Gobierno solo favorece a las mega empresas nacionales y extranjeras que expolian los recursos naturales, sin importar el daño ambiental, la destrucción cultural y la crisis humanitaria que causa.