LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS DEL ESTADO INCONSTITUCIONAL

Magdalena Morral

La Constitución Política fue reformada en la Asamblea Constituyente de 1991, el sueño era que se convirtiera en un Tratado de Paz, pero tres décadas después Colombia sufre un nuevo ciclo de Guerra con que el régimen busca aplastar el descontento popular.

En 1776 un 4 de julio ocurrió la independencia de los Estados Unidos (EEUU) tras un proceso de rebelión, hoy EEUU representa el poder más letal del planeta con una política imperialista frente a la cual nos alzamos en resistencia muchos pueblos.

El 4 de julio es para nosotros en el ELN nada menos que el día de nuestro (in)surgimiento como proyecto revolucionario en 1964.

La detención y desaparición a manos de agentes estatales el 4 de julio de 1990 del abogado defensor de Derechos Humanos (DDHH) y de presos políticos del ELN, Alirio Pedraza Becerra, de quien nunca más supimos, salvo que fue torturado y asesinado.

Este 4 de julio también se celebraron los 30 años de la Constitución de 1991, Carta Política vigente que permite contrastar cómo existe una marcada diferencia entre lo que es el ‘país formal’ y el ‘país real’, como categorizó hace medio siglo el político de izquierda Diego Montaña Cuéllar, cuando estaba vigente la conservadora Carta Magna de 1886.

El tal siglo de EEUU

Cuando el texto de esa Constitución se proclamó el 4 de julio de 1991 el contexto internacional estaba atravesado por una reconfiguración geopolítica e ideológica, que selló la figurada victoria de los EEUU y del capitalismo frente a la Unión Soviética (URSS), imponiéndose como destino único la globalización neoliberal, que no ha traído sino más muerte y pobreza para las mayorías del planeta así como la destrucción medioambiental.

En la región latinoamericana fue el tiempo de transición en varios países de conflictos y dictaduras a esquemas de democracia cosmética, bajo la tutela de EEUU que anunciaba una era de hegemonía de al menos 100 años; en el ámbito doméstico abundaban las imágenes de unas guerrillas desmovilizadas, salpicadas por el exterminio de la mayoría de la dirigencia popular en Genocidios como el del Partido de Izquierda Unión Patriótica (UP), todo apuntaba a crear la ilusión de estar pasando la página de la Guerra cuando ésta crecía.

EEUU y las élites colombianas decidieron junto a sus bandas que el terrorismo de Estado debía continuar, que la privatización de las funciones y servicios públicos debía ser un credo incuestionable, y que la concentración de poder para los más ricos no podía ser objetada, así la nueva Constitución mandara decir con ambivalencia deliberada que los DDHH eran integrales, y que Colombia estaba hecha de culturas y etnias diversas cuyos territorios y perspectivas debían respetarse.

La Guerra contra los pobres continuó de varias maneras, con millones de víctimas de crímenes en masa, con el trazado del desplazamiento forzado ligado al acaparamiento de tierras, con la marginación de nuevas generaciones moldeadas para ser fuerza barata en campos y grandes barriadas, sin acceso a derechos básicos, con una salud en manos de enjambres mafiosos de empresas de avaricia, sin educación gratuita, amplia y de calidad para niños y jóvenes de los sectores populares, sin infraestructuras para el desarrollo de las comunidades.

Impera la ley de la selva

Pese a esta Carta Política rica en enunciados de derechos, continuó su reinado el hambre, el desempleo, la vulneración de los ya estructuralmente excluidos, y se hizo negocio de los recursos y actividades públicas para engordar inversiones que se feriaron todo, contrario a mandatos de un Estado Social de Derecho, con principios literalmente confeccionados alusivos al interés general, la realidad desde ese supuesto nuevo comienzo fue y es otra, organizada bajo ‘la ley del más fuerte’, sin redistribución del ingreso ni auténtica democracia directa o participativa; donde la solidaridad y cohesión social no existen.

En el día a día rige una multiplicidad de mecanismos que imponen de forma normal la visión del ‘sálvese quien pueda’, donde se respeta en esencia sólo una verdad en medio de tanto aparataje estatal: el poder del dinero y del espacio de una República Señorial como el maestro Antonio García lo enseñó en la historia y la sociología de un país hecho con mentiras; una República tutelada por pocos que halló en el reencauche constitucional con esa gran reforma de 1991, la oportunidad de reposicionar al Establecimiento con un lenguaje más moderno, adaptado a los nuevos rumbos discursivos, un cambio de fachada.

Valorada por muchos como de avanzada la Constitución del 91, pronto perdió fuerza su referencia tanto por los procesos nacionales de desbordante violencia y mantenimiento del statu quo a toda costa, como por lo vivido en el continente americano y en el mundo, quedando como una más en la que se adoptan notables proposiciones relativas a los derechos, pero sin garantías efectivas, sobre todo las de tipo colectivo, siendo otras constituciones de la región mucho más progresistas como las de Ecuador, Bolivia y Venezuela.

La Acción de Tutela, por ejemplo, sólo se cumple en reducido porcentaje porque en más de un 65 por ciento se burlan las sentencias que ordenan proteger derechos, y el equilibrio y control entre las diferentes ramas del llamado poder público no es más que ‘un mal chiste’, a la vista de toda la experiencia nacional de estas décadas y de lo que sobre todo el Gobierno de Duque ha solidificado estos años repartiendo el botín de las instituciones del Estado entre los seguidores de Uribe Vélez.

Mejor fuerza popular que una Constitución de papel

Las tomas de conciencia en torno a identidades o las demandas sociales que se mantienen en el espectro de las luchas que hoy se evidencian con más claridad y que resultan sólo refutadas por las más rancias cavernas fascistas como la Cabal, la Valencia y otros esperpentos que nos avergüenzan a las mujeres, esas bregas por ciudadanías y equidades las/los jóvenes de abajo enarbolamos, o que son fruto de años de postergadas y acumuladas exigencias como las relacionadas con reivindicaciones básicas de igualdad, todas esas acciones legítimas y sus reclamos, no han crecido por acción de defensa que esos amplios sectores de base hagan con una u otra Constitución en la mano, eso no vale ahora, sino por resistencia auténtica ante las llamadas autoridades que se plantan con la coerción más brutal, negacionista, machista y dictatorial.

Si hoy se pide respeto por la vida y posibilidades de futuro no es pidiendo necesariamente un cambio de norma o negando que haya una en vigor, sino que se cumpla con las finalidades sociales que justificarían ese Estado como conjunto, según reza el artículo 366: “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable / Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación”.

Hoy entre personas y movimientos de corte liberal y de cierta sensibilidad democrática que tienen oportunidad de opinar en los medios existen desde quienes rechazan esta Constitución del 91, descorriendo el velo y demostrando que es ya de una arquitectura retrógrada o hueca, y convocan a esfuerzos por otra Asamblea Constituyente, hasta otros desde esa misma autocrítica que ven que sigue siendo la mejor hoja de ruta, con promesas incumplidas pero posibles de hacer viables, que no se requiere de otra Carta Política sino realizar la que hay y no darle ocasión de más zarpazos a la extrema derecha.

Ese debate hoy día tras la gran movilización popular de quiebre histórico que comenzó el 28 de abril de 2021, no es un debate teórico entre columnistas, académicos y políticos más o menos escuchados por sus posiciones de centro, es radicalmente el debate de la vida vista y forjada desde abajo, en el pueblo que emerge como sujeto de la verdad más legítima, que se afirma con la práctica de la resistencia diversa y plural, no para satisfacerse con el fetiche de nuevas normas, como quien colecciona tomos para una biblioteca, o para reivindicar las ya establecidas cuando se prueban obsoletas no por el texto sino por el contexto, sino apuntando a unas nuevas condiciones, que son sin duda las del poder popular que se va construyendo con las manos de los humildes, con los pies que marchan de los empobrecidos, con los cuerpos testimonios de los que miran los fracasos de modelos y acuerdos formales convertidos en añicos y no aceptarán ser más objeto de engaño.

Llegó la hora de las garantías reales, de los medios de cumplimiento efectivo, de acordar con potencia, no desde la incapacidad sino teniendo cómo activar desde el campo popular, en sus tejidos y mandatos, los mecanismos para defendernos y obligar a los avances reales, sin promisiones ni perfidia, antes de arribar a un escenario de cartón, de inscripciones de derechos en piedra, de supuestas negociaciones para consensos, llamadas a ser un fiasco si carecemos de fuerza material, la cual ya somos y seguiremos siendo, cuando renunciemos a ella no seremos nada, sólo en ese andar, parando, bloqueando, siendo poder, la cuestión constitucional será seria y tendrá sentido, antes es una divagación peligrosa, en estos 30 años también nosotras hemos aprendido.