EL TRUCO PARA SUBIR EL COSTO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA
Chavela Villamil
Los niveles de los embalses que alimentan las hidroeléctricas regresaron a su media estándar y el Gobierno realizó acuerdos con las empresas generadoras para bajar el costo de la energía eléctrica; sin embargo, este servicio esencial sigue incrementando su costo, ¿por qué?
El modelo económico imperante está fundado en la acumulación de capital para un grupo plutocrático reducido y a su vez el neoliberalismo plantea que la enajenación de activos estatales es favorable para la productividad, bajo la falacia de que se disminuirían gastos estatales y se mejorarían los servicios prestados; bajo este sofisma sucesivos gobiernos desmontaron la estatalización de energía eléctrica y se la entregaron a empresas de orden privado, dando lugar a que este servicio esencial entre en la lógica de libre mercado, en otra palabras, la energía eléctrica dejo de ser un derecho y un bien esencial para convertirse en un lucrativo negocio.
Paradojas inexplicables
Los grandes afluentes hídricos existentes en nuestro país han permitido un gran desarrollo de la energía hidroeléctrica, que a su vez ha convertido a Colombia en un productor de energía, que abastece parcialmente su mercado interno, toda vez que el 18,5 por ciento de la población se encuentra en pobreza energética -sin acceso a este servicio esencial-; además resulta paradójico que un país productor de energía tenga elevados costos en el servicio de la energía eléctrica, lo cual en los últimos años se ha convertido en una de las principales causas del incremento del costo de vida.
En la década del sesenta del siglo anterior todos los sistemas eléctricos se integraron para dar paso al Sistema Interconectado Nacional (SIN), en este modelo las centrales de generación no atienden la demanda de energía del municipio o región donde están ubicadas, sino que se almacenan de manera integrada y atienden la demanda interna nacional.
El SIN está integrada por más de 30 compañías públicas y privadas de generación, transmisión y distribución de energía, junto con 209 plantas de generación y 26.333 kilómetros de redes de energía; actualmente el SIN es operado por la empresa XN filial de ISA. El SIN es administrado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), que es una unidad administrativa autónoma sin personería jurídica adscrita al Ministerio de Minas y Energía, que tiene como función regular la distribución equitativa, masiva y al menor costo posible de la energía eléctrica, el gas natural y el gas licuado, entre otros; sin embargo, la Creg no tiene la facultad de fijar el precio básico del kilovatio hora (KWh), este es determinado por las empresas generadoras que establecen su valor por los estándares comerciales internacionales -valor cambiario en Bolsa de los combustibles-.
Además, del valor en bolsa, el costo final del KWh debe indexar los costos de transmisión, distribución y comercialización, su sumatoria determina el valor bruto del KWh; además como la energía eléctrica se rige por el libre mercado su costo está inferido por el Índice de Precios al Productor (IPP).
La culpa es del neoliberalismo
La privatización de las empresas del sector eléctrico ha conllevado a que el suministro de este servicio indispensable tenga altos costos, que muchas personas no pueden pagar, esto sumado a la falta de redes eléctricas en regiones apartadas, ha llevado a que 9,6 millones de colombianos se encuentren en pobreza energética, y que regiones como la Caribe tengan un servicio deficiente y con los costos más elevados del país. El problema de fondo es que implementamos un modelo económico neoliberal que dio cabida a que los servicios públicos fueran de orden privado, dejando estos bajo la lógica capitalista, donde el principal fin es la obtención de utilidades.
Disminuir o regular el precio de los servicios públicos va más allá de extender o incrementar los subsidios otorgados por el Estado, en primera medida debe otorgarle la fijación de tarifas al Estado y en el largo plazo retornarle el monopolio de estos servicios esenciales al Estado; desde luego, estos cambios necesarios implican un nuevo paradigma económico que vaya en función del deber ser de la economía, que es el bienestar y beneficio de la población, esto sin duda generaría avances en la atención del déficit de gasto social e implicaría una ruptura con los organismos multilaterales y con la plutocracia local y global, por ende esto suscita una pregunta obligada, ¿está dispuesto el Gobierno a romper la lógica neoliberal y generar una economía de orden social?