El sistema político colombiano ha sido eminentemente clientelar por esta razón las alianzas sumadas en la campaña electoral se convirtieron en cheques posfechados, que tras el triunfo se pagan con cuotas burocráticas como Ministerios y Direcciones de entes estatales, entre otros.
La Población Privada de la Libertad (PPL) en Colombia suma 120.000 personas, aumentada últimamente con miles de líderes sociales y manifestantes del Estallido Social, colectivo que se suma a los esfuerzos por sacar adelante la Plataforma del Movimiento Nacional Carcelario.
El nuevo Director de impuestos anunció medidas para cobrarle a los que más tienen, en contraste con el saliente Gobierno que llenó de sus redes criminales los entes estatales multiplicando la corrupción que involucró hasta la madre de Duque.
Michel Forst Relator Especial de la ONU en su visita de 2019 informó que “Colombia sigue siendo el país con el mayor índice de asesinatos de personas Defensoras de Derechos Humanos (DDHH) en América Latina, con un alto índice de amenazas, ataques, desplazamientos y otras violaciones” [1].
Una de las características del neoliberalismo es la privatización de los servicios esenciales, de esta manera libra de responsabilidades al Estado y convierten un pasivo oneroso en un activo rentable y muy lucrativo para los mega empresarios.
Durante el Gobierno de Duque la corrupción se exacerbó y permeó profundamente todas las esferas del poder; por esta razón, mientras centenares mueren por los estragos del invierno, los politiqueros secuaces del Gobierno se roban los dineros destinados a la atención de desastre
“Como mujer negra, mi política y afiliación política están ligadas y fluyen de la participación en la lucha de mi pueblo por la liberación, y con la lucha de los oprimidos en todo el mundo contra el imperialismo estadounidense”: Ángela Davis.
En un Estado Social de Derecho la separación de poderes es garantía de la democracia, donde los entes de control deben tener absoluta independencia de la Rama Ejecutiva, sin embargo, en Colombia el mecanismo de selección de la dirección de estos entes los convirtió en oficinas serviles al régimen.
La alta contaminación del río Bogotá solo tiene víctimas, pues los Alcaldes culpan de inacción a la Corporación Autónoma Regional (CAR) y esta los culpa a ellos, la tragedia de las espumas tóxicas que ahogan los barrios populares no debe ser un elemento normal del paisaje de la Sabana.
Sin importar su rango salarial o estrato social cada vez que alguien adquiere bienes de consumo, asume un costo adicional del 19 por ciento al que se le denomina Impuesto al Valor Agregado (IVA) y son muy pocos los productos exentos y excluidos de este gravamen.