7.837 RAZONES PARA DECIR… NUNCA MÁS
Damaris Izaguirre
La reciente escalada violenta en el Cauca -donde no es bien recibida la ultraderecha-, el incremento en las cifras de Falsos Positivos según la JEP, y el posible retorno de la malvada política de Seguridad Democrática, constituyen una seria amenaza que se cierne sobre los Derechos Humanos.
Tal amenaza existencial nos deja en la obligación de unirnos, para construir un país sin crímenes de Estado y, con justicia y equidad social.
Décadas de un cruento Conflicto Armado Interno y de políticas belicistas alejadas de la Solución Política de los conflictos, han recrudecido la Guerra a lo largo del tiempo y han dejado víctimas de lado y lado; desde luego el Tío Sam ha estado detrás de los puntos críticos del país y por ello instauró un modelo político instrumental a sus intereses hegemónicos e imperialistas.
Durante décadas el régimen ha sostenido el statu quo mediante la implementación de una Doctrina de Seguridad, que tiene como base la política del Enemigo Interno, heredada de la filosofía contrainsurgente de EEUU e implementada en América Latina, a través de la terrorífica Escuela de las Américas (SOA por su sigla en inglés).
Esa Doctrina de Seguridad Nacional ha provocado toda clase de vejamenes sobre el que piensa distinto al régimen o disiente de sus políticas doctrinarias, además ha ocasionado el extermino partidos políticos de izquierda como la Unión Patriótica (UP), las persecución y eliminación de miles de lideres sociales, y desde luego las ejecuciones sumarias conocidas popularmente como Falsos Positivos.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dentro de sus investigaciones y el establecimiento de responsabilidades durante el conflicto, determinó que entre el 2002 y el 2008 (Periodo de la Presidencia de Álvaro Uribe Vélez -El Matarife-), el Estado a través de la connivencia entre FFAA y paramilitares, perpetró 6.402 ejecuciones sumarias o Falsos Positivos.
La JEP acaba de ampliar esta trágica cifra hasta 7.837 Falsos Positivos, dado que amplió el periodo entre 1990 y 2016. Esto representa mucho más que un incremento de 1.435 casos, deja claro lo nefasto de la aplicación de la malvada política de Seguridad Democrática, política necrófila ampliamente defendida por la derecha y la ultraderecha y que falazmente la asocian con seguridad, cuando en verdad en un cínico atentado contra los DDHH y el orden jurídico nacional. Nos es fortuito ni casual que el 82 por ciento de los casos de Falsos Positivos se hayan presentado durante el Gobierno de Uribe (2002-2010), régimen cruel y perverso que cambiaba permisos y dádivas a sus soldados por ‘litros de sangre’.
Los hechos han dejado claro que elección tras elección el régimen y la derecha han practicado religiosamente el dicho -‘siembran miedo para vender seguridad’-, resulta curioso y suspicaz por decir lo menos, que cuando el candidato presidencial abanderado del progresismo va adelante en las encuestas y casi a un mes de la primera vuelta presidencial, se desate una ola de acciones violentas en el Cauca, región a la que pertenece la candidata vicepresidencial del progresismo.
Lo dicho por el Director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, este domingo 26 de abril, en vivo y durante la presentación de la más reciente encuesta de Invamer, convierte la suspicacia en duda razonable, por no decir que constituye una confesión manifiesta; no podemos olvidar que Vargas en vivo y en directo dijo: “esta medición no alcanzó a cubrir los atentados terroristas del fin de semana en el Cauca”; las palabras y las conjeturas sobran y que cada uno saque sus propias conclusiones.
El régimen habló y ha dejado claro que el exterminio de cualquiera que piense diferente a su doctrina es instrumental a sus intereses, la Doctrina de Seguridad Nacional basada en la persecución y exterminio del Enemigo Interno’, que convierte en objetivo militar y paramilitar a todo aquel que piense distinto o se atreva a ser una voz disonante, no depende del Gobierno de turno, sino que emana directamente del Tío Sam, por tanto, mientras el régimen sea subordinado de los intereses del imperio norteamericano, continuará la política de exterminar el liderazgo social y de la tierra arrasada.
Las víctimas exigen Verdad Total, las víctimas no buscan ‘verdades a medias’ o convenientes para lo determinadores de los crímenes de Estado, que se ocultan en las sombras, las víctimas exigen justicia y no repetición; además, Los Nadie, la Colombia profunda y los luchadores populares exigimos que ‘cese la horrible noche’ y, que pensar distinto, exigir derechos y manifestarse contra el sistema no sea castigado con la pena de muerte. Desde luego este cambio y estas exigencias no vendrán por generación espontánea, por esto, es vigente la consigna de que ‘solo el pueblo salva al pueblo’, la unidad popular y la lucha determinada de los excluidos debe cualificarse y proseguir, porque es la única forma lograr de lograr transformaciones estructurales.