SEGUIRÁ SUBIENDO EL PRECIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA
Chavela Villamil
Pese a los esfuerzos que ha hecho el gobierno para bajar el costo de la energía eléctrica continúa incrementándose, lo que indica que no es una cuestión de precio sino del modelo de establecimiento de las tarifas y las deducciones a las empresas energéticas.
El modelo económico global está fundado en la acumulación de capital en un grupo plutocrático reducido y en la disminución de servicios prestados por el Estado, para disminuir sus obligaciones y favorecer el capital privado, bajo la falacia que esto motiva la inversión de capital extranjero y a su vez dinamiza la economía. En la realidad, este tipo de prácticas y en sí mismo el modelo económico capitalista exacerban la pobreza y la brecha de desigualdad.
El neoliberalismo plantea que la enajenación de activos estatales es favorable para la productividad, bajo la falacia de que se disminuyen gastos estatales y se mejoran los servicios prestados. Sin embargo, la enajenación de activos estratégicos deja el costo de los servicios básicos -como la electricidad-, supeditados al valor del libre mercado, lo que hace que los servicios públicos constantemente estén incrementando su valor y contribuyendo al aumento de la inflación.
Quién hace subir las tarifas de la energía
Recientemente la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía) ha emitido una advertencia sobre el posible aumento significativo de las tarifas de energía en el país. Argumentan que este incremento podría derivarse de una propuesta regulatoria para intervenir en el Mercado de Energía Mayorista, que, según ellos, incluye una reforma costosa para los usuarios en el Mercado Minorista.
Según Asoenergía, un proyecto de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) que busca establecer un tope máximo en el precio de la energía en bolsa, podría resultar en un sobrecosto millonario de 2,4 billones de pesos para los consumidores y usuarios del sistema energético. Este sobrecosto, a su vez, podría traducirse en un aumento de hasta el 30 por ciento en las tarifas de energía en el país [1].
El remedio peor que la enfermedad
A finales de la década del sesenta del siglo anterior el Gobierno decidió integrar todos los sistemas eléctricos existentes en el país, para crear el Sistema Interconectado Nacional (SIN) que integra todas las líneas de transmisión de energía y subestaciones, por tanto, las centrales de generación no atienden la demanda de energía del municipio o región donde están ubicadas, ya que la energía va directamente al SIN.
El SIN lo componen más de 30 compañías públicas y privadas de generación, transmisión y distribución de energía, junto con 209 plantas de generación y 26.333 kilómetros de redes de energía; actualmente el SIN es operado por la empresa XN filial de ISA. El país tiene una capacidad instalada de 17.326 megavatios (MW) y una demanda máxima anual de 10.700 MW, lo que genera un superávit anual de 6.626 MW [1];
La Creg es una unidad administrativa autónoma sin personería jurídica adscrita al Ministerio de Minas y Energía, que tiene como función regular la distribución equitativa, masiva y al menor costo posible de la energía eléctrica, el gas natural y el gas licuado, entre otros.
La Creg no es la encargada de fijar el precio básico del kilovatio hora (KWh), este es determinado por las empresas generadoras que establecen su valor por los estándares comerciales internacionales (valor cambiario en Bolsa de los combustibles), además, se debe indexar los costos de transmisión, distribución y comercialización, su sumatoria determina el valor bruto del KWh, por si fuera poco este valor esta mediado o inferido por la oscilación del Índice de Precios al Productor (IPP), en otras palabras, este servicio esencial está determinado por la inflación.
La culpa es del modelo
El problema de fondo del costo de los servicios públicos en general es que producto del sistema neoliberal estos fueron privatizados, lo cual dejó estos servicios fundamentales esclavos de la lógica capitalista, donde el principal fin es la obtención de utilidades.
Disminuir o regular el precio de los servicios públicos requiere un nuevo paradigma económico que no se rija por la política de libre mercado, situación que es difícil de resolver en lo inmediato, por esta razón, en el mediano plazo lo factible es sacar de la ecuación tarifaria el IPP, que las comercializadoras asuman las perdidas por defraudación, y generar un sistema que no tase los precios por la oscilación del mercado bursátil.
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[1] Las tarifas de la energía podrían subir un 30% en Colombia. Valora Analitik, 11-01-2024.