CUATRO DÉCADAS DE ETNOCIDIO CONTINUADO EN EL PACÍFICO
Himelda Ascanio
La Comisión Interétnica de la Verdad de la Región del Pacífico (Civp) presentó los 5 tomos del Informe sobre la violencia racial y estructural que sufren, como su aporte a la verdad indispensable para construir la paz desde el territorio y su cosmovisión [*].
El Informe de la Civp recoge datos de 47 municipios agrupados en 10 subregiones: 5 del Chocó, 3 de Nariño, una del Valle del Cauca y una del Cauca; la Costa Pacífica está habitada el 80 por ciento de afrodescendientes, 10 por ciento indígenas y 10 por ciento mestizos, la población étnica está ubicada en 147 Resguardos Indígenas y 142 Títulos de Comunidades Negras.
Las organizaciones étnico territoriales estudiaron el periodo 1982-2018 partieron de la premisa que el Territorio es sujeto de derechos, simbolismo de espacio de vida, lo físico y la espiritualidad como partes integrantes, por esto concluyen que el Territorio es la principal víctima de las dinámicas de Guerra, entre el 2002-2010 fue el momento donde más recrudecieron la violencia en su contra por el alto número de víctimas y el daño socioeconómico a la región.
Diálogo Regional y soluciones de paz
La Cipv cataloga las prácticas sistemáticas etnocidas como violencia política estatal contra las comunidades y sus líderes, que les impuso el exterminio físico y cultural por medio de masacres, asesinatos selectivos, amenazas de muerte, torturas, desapariciones forzadas, desplazamientos y confinamientos, como estrategia para vaciar los territorios ocasionando movimientos forzados abruptos de sus pobladores.
Destierro y despojo que el Estado propició para la consolidación de dos proyectos económicos: uno legal y otro ilegal, el legal lo desarrollan para la extracción minera, la tala indiscriminada de bosques nativos e implantación de palma aceitera, megaproyectos de infraestructura vial, ampliación portuaria e interconexión eléctrica; y el ilegal lo ejecutan con la implantación de cultivos de uso ilícito y el control de toda la cadena de narcotráfico, tráfico de personas y explotación sexual; así, la simbiosis de los dos proyectos económicos del régimen hacen una disputa constante a la comprensión del desarrollo que han construido las comunidades, que es aplastada por el modelo de la globalización capitalista de la región.
Lo prioritario para las organizaciones es la pervivencia en el Territorio para lo cual es urgente que el Gobierno implemente el Acuerdo de Paz y habilite la Solución Política del Conflicto, que afecta en un 71 por ciento a los pueblos étnicos y campesinos, que reconozca la capacidad de gobernabilidad de las autoridades étnicas, desista de la estigmatización y criminalización de las comunidades y sus líderes, y cumpla con el derecho a la consulta previa para la ejecución de planes de desarrollo.
Desarrollo ‘doble cara’
En 2006 el Gobierno de Álvaro Uribe retomó la construcción de la carretera Panamericana bajo el nombre de vía Las Ánimas–Nuquí para comunicar el eje cafetero con el centro turístico convertido en Zonas Francas, en 2019 el Gobierno de Duque insistió en la construcción del puerto de aguas profundas que incluye corredores viales, ferrocarriles y un oleoducto que conllevaría la destrucción de más de 550 hectáreas de océano y selva en el Golfo de Tribugá ubicado la Ensenada de Utría, que es un pulmón de biodiversidad donde hay más de 35 mil especies de plantas, alrededor de 390 aves, 970 de reptiles y 125 de mamíferos; esta concesión fue otorgada a la Sociedad Portuaria Arquímedes S.A., paralizada por la falta de Licencia Ambiental y la defensa férrea hecha por las comunidades étnicas y movimientos ambientalistas del país.
El Chocó es un enclave minero que aporta el 30 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) departamental, entre 2002-2014 otorgaron 270 Títulos Mineros a las multinacionales La Muriel Mining Coporation, Exploraciones Chocó Colombia, Anglogold Ashanti y Votorantim Metais Colombia, a los que se suman 80 solicitudes vigentes y 49 Bloques de Áreas Estratégicas Mineras (AEM) contemplados en el Artículo 108 de la Ley 1450 de 2011 del Plan de Desarrollo 2010-2014; hasta el 2017 delimitaron 516 AEM en la región Pacífico que cubren 20’471.346,7 hectáreas, de las cuales 996,201 hectáreas están ubicadas en Territorios Colectivos de los pueblos étnicos.
El departamento del Chocó tiene un Índice de Calidad de Vida del 58 por ciento, cuando el promedio nacional es del 79 por ciento; concentra el 60 por ciento de los casos de desnutrición infantil frente al 33 por ciento del promedio nacional, de ese porcentaje el 77 sufre desnutrición crónica y el 45 por ciento desnutrición crónica severa, frente al 2 por ciento del nivel nacional, según estadísticas del Dane en 2018; en 2021 la pobreza monetaria la sufrió el 63 por ciento, la pobreza extrema el 33 por ciento y la pobreza multidimensional el 52 por ciento.
La mala ventura de Buenaventura
El Plan Maestro Buenaventura 2050 contempla la implementación de proyectos portuarios, comerciales y el reordenamiento territorial del Distrito, que destina Territorios Colectivos de comunidades negras para la infraestructura, el establecimiento de Zonas Francas y comerciales, que implica la reubicación de viviendas en tres comunas de esta ciudad Distrito.
Por este el principal puerto del país exportan el 60 por ciento de las materias primas como parte de los 16 Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados por Colombia, Buenaventura es la capital de la Alianza Pacífico, un Tratado Comercial en el que convergen Colombia, Chile, México y Perú; en 2020 este puerto significó el 50 por ciento de participación en el comercio exterior del país.
El 88 por ciento de la población del puerto es afro, el 33 por ciento sufre de pobreza multidimensional, el 82 por ciento es pobre y el 41 por ciento se ubican en la miseria, el 88 por ciento sobreviven del rebusque y el 44 por ciento están desempleados; en comparación con la pobreza multidimensional del Valle del Cauca que es de 11 por ciento, la pobreza de 28 por ciento y la pobreza extrema de 9 por ciento.
Las víctimas del exterminio semanal
Ersaín de Jesús Ramírez Ospina de 60 años, era defensor de Derechos Humanos y militante del Pacto Histórico, fue asesinado el 19 de junio en El Bordo del Patía, Cauca.
Roberto Carlos Rivas Hernández era Presidente de la Junta de Acción comunal del barrio San Martin y testigo electoral por el Pacto Histórico, fue asesinado el 19 de junio en Guapi, Cauca.
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[*] Etnocidio, daño al territorio y perspectivas de armonización. Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico, 15-06-2022. (https://verdadpacifico.org)