“UNA MASACRE LEGÍTIMA”

Damaris Izaguirre

La historia de las Fuerzas Armadas y la Policía está llena de operaciones dudosas por extralimitarse en el uso de la fuerza y violar los Derechos Humanos; los casos más recientes son las actuaciones durante el Paro Nacional y la operación en Alto Remanso, Putumayo.

El pasado 28 de marzo en horas de la mañana el Ejército realizó una incursión militar en la vereda Alto Remanso, del municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, una zona inhóspita apenas separada de Ecuador por un río; ese mismo día Duque dijo que habían “neutralizado a 11 integrantes de las disidencias de las FARC y capturado a cuatro criminales”, y el Ministro de Defensa Diego Molano ratificó que se trató de una “operación legítima”.

La incursión militar en Alto Remanso la adelantaron en medio de un bazar comunitario y ninguno de sus asistentes vestía algún tipo de prenda militar, producto del licor la gran mayoría de sus asistentes estaban en total estado de indefensión; esta incursión militar en flagrante desproporcionalidad de la fuerza dejó el trágico resultado de 11 personas muertas, dentro de estos un menor de edad y una mujer en estado de embarazo.

Los testimonios de los testigos aseguran que solo había campesinos e indígenas en el lugar, la falta de una Cadena de Custodia apegada a la ley para la escena forense, entre otros, dejan un manto de duda sobre la legitimidad de dicho operativo, pero más allá de sí los muertos eran o no civiles, ¿es apegado a la ley desarrollar operaciones militares con carga bélica cuando hay civiles presentes?

La Sentencia T-280A de 2016 emanada de la Corte Constitucional afirma lo siguiente, “las partes en conflicto deben distinguir en todo momento y lugar, entre la población civil y los combatientes, siendo estos últimos los únicos a los cuales se puede atacar militarmente, en el mismo sentido, existe una prohibición según la cual las partes bélicas no pueden involucrar en la Guerra a los civiles, por tanto no se pueden utilizar como escudos humanos ni abrir fuego cuando algún civil está en riesgo de quedar inmerso en el fuego cruzado”.

Los hechos son más que claros, era un bazar donde habían civiles y además mujeres y niños, nadie tenía prendas distintivas o de uso militar, no todos los soldados tenían armas de precisión la gran mayoría portaban fusiles regulares carentes de precisión, en medio del fuego cruzado es imposible distinguir quién es quién, el mismo soldado que salió herido lo dice: “se inició el combate y avance 10 metros y me topé con alguien que pensé era un civil, se veía como un civil, por eso es que él me hiere”, conclusión en una balacera ni el mago Kandú es capaz de distinguir civiles de combatientes, ¿dónde queda el Principio de Distinción que exigen el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y la Constitución colombiana?, si no se preservó el Principio de Distinción la acción no se realizó en el marco del DIH, y no hablamos de una operación legítima sino de una masacre “legítima”.

Molano y los mandos militares aducen que no era un bazar sino un sitio donde expendían droga porque encontraron gramos de coca, lo cual suscita una deducción lógica, estos señores que lo más humilde que frecuentan es el Parque de la 93 en Bogotá y, que están acostumbrados a dirigir la Guerra desde un jacuzzi y con un vaso de ‘amarillito’ en las manos, convenientemente olvidan que en la Colombia profunda, en las zonas inhóspitas como Alto Remanso, no existe el dinero plástico, que el dinero en efectivo escasea o más bien es reemplazado por una moneda de cambio más común que es la coca, en otras palabras, en las regiones cocaleras el valor de los productos se da en gramos de coca, en las zonas esmeralderas en esmeraldas, en las zonas auríferas en oro, y en las Fuerzas Militares parece que volvimos a las épocas en que los ascensos y permisos se pagan en litros de sangre.                    

El General Zapateiro quien juró defender el Estado Social de Derecho afirma que “no es la primera operación donde caen mujeres embarazadas, donde caen menores de edad” y el Ministro Molano considera que los niños combatientes no son víctimas como lo dice el DIH, sino ‘Maquinas de Guerra’, a todas luces enfrentamos un problema de Doctrina Militar no de errores operacionales, y eso no se resuelve con dos o tres condenas, se soluciona con una transformación total e integral de la Doctrina y las Fuerzas que la operacionalizan.