EL CAMPESINADO ES UN MOTOR PARA LAS TRANSFORMACIONES
Himelda Ascanio
El campesinado colombiano es quien más ha sufrido el despojo y el genocidio en curso contra los liderazgos sociales. Razón por la cual se ha movilizado varias veces durante el gobierno de Petro, exigiendo el desmonte del paramilitarismo y realizar la prometida reforma agraria.
Los territorios y comunidades campesinas han estado en el centro del conflicto social, político, ambiental y armado, por un lado, por la exclusión y la estrategia de tierra arrasada que durante décadas han padecido, sumado al desconocimiento de sus derechos y el narcoparamilitarismo que ha asesinado centenares de líderes y lideresas sociales, solo por defender la vida y el territorio.
Solo hasta el 2023, el campesinado logró que se aprobara su reconocimiento como sujeto de derechos, lo cual constituye un logro histórico. Aunque todavía falte mucho para lograr una implementación real y existan la legislación que atenta contra la tierra y los territorios y, por tanto, contra la vida misma de los campesinos y campesinas de Colombia.
Con el gobierno de Petro, aunque se han hecho algunos esfuerzos en torno a la titulación de tierras y legislación, estas también se han visto truncadas por la oligarquía y las formas en que el gobierno asumió alianzas con los representantes del viejo régimen. Además de la incapacidad gubernamental para acabar con la estrategia paramilitar y el genocidio contra los liderazgos sociales, en donde el campesinado ha puesto la mayor cantidad de dirigentes comunitarios asesinados.
Una de las reformas intentadas por Gustavo Petro fue la agraria. El presidente, cuando inició su gobierno, puso como punto de referencia las 3 millones de hectáreas relacionadas con el capítulo de tierras del Acuerdo de Paz con las FARC de 2016. Y aunque sí se han devuelto tierras al campesinado, solo van alrededor de 135.000 y 184.000 hectáreas, cifra absolutamente distante de lo planteado. Además, otro lunar en esta lógica de la compra de tierras tiene que ver con los sistemas y dinámicas de producción.
Precisamente a mediados del 2024, uno de los paros campesinos convocados tuvo como principal exigencia la celeridad y cumplimiento de la llamada política de reforma agraria, señalaban también la imposibilidad de implementar reformas, ya que la mayoría del Congreso defiende grandes intereses económicos. De hecho, finalizando ese mismo año, el campesinado tuvo que volver a convocar movilizaciones en el marco de la COP16, ante la ley que permitía la delimitación temporal de zonas de recursos naturales, con lo que se volvió a poner en riesgo la explotación de páramos y ecosistemas.
Movilizaciones por la vida
Además de estas movilizaciones por la vida de los territorios, el movimiento campesino ha vivido una constante movilización para denunciar el genocidio y la estrategia paramilitar que continúa amenazándolos.
La muerte del líder campesino Narciso Beleño a principios del 2024, significó una muestra más de cómo este proyecto de muerte continúa ejerciéndose con la participación del Estado y sus Fuerzas Militares. Justamente, este asesinato fue denunciado por la orden, participación y ejecución de mandos militares en la llamada región de los Dos Ríos (Cauca y Magdalena), que ya se había movilizado denunciando la connivencia y vínculo de militares y paramilitares.
El campesinado y la defensa de la vida en los territorios es fundamental para la construcción de la paz y para la realización de cambios estructurales. Ha quedado claro, durante estos últimos años, que por la vía de la institucionalidad y el establecimiento no habrá transformaciones, ni vida digna para campesinos y campesinas.
Un proyecto de real reforma agraria tiene que plantearse desde la concepción de los Planes de Vida de los territorios campesinos, labrarse desde las necesidades y la implementación efectiva e inmediata, poniendo como protagonista a la sociedad. Esto es cambiar el modelo económico que expolia, el régimen político que arrasa y la Doctrina de Seguridad que asesina al pueblo campesino.
Asesinatos de la semana
Wilmer Ruíz Delgado, firmante del Acuerdo de Paz que se encontraba cumpliendo con su proceso de reincorporación bajo resolución 11 del 05 de junio de 2017, en el Yarí, La Macarena, Meta; fue asesinado cuando se encontraba en el asentamiento Cataleya No 2, en San Vicente del Caguan.
Adán Enevia Dovigama, era un reconocido líder social e indígena, miembro destacado de la comunidad Bajo Humacas, parte del Resguardo Indígena Unificado Embera Chamí del municipio de Mistrató, Risaralda; fue asesinado con arma de fuego en horas de la noche al interior de su vivienda en la vereda Alto Humacas.