DE LA GUERRA PROXY A LA GUERRA DIRECTA
Comandante Antonio García
Luego de más de medio siglo de guerra en Colombia se hace importante analizar el curso actual de ella y, sobre todo, poder caracterizarla, observar el comportamiento de las fuerzas que actúan y los objetivos que se persiguen.
Los analistas militares señalan que mientras las guerras del Norte (Ucrania, Israel) se dan en la disputa ‘geopolítica’, las del Sur se dan en el campo de la ‘seguridad’. Esta diferencia o asimetría nominal no es inocente: es parte del dispositivo imperial.
La ruptura del orden internacional siempre ha sido uno de los objetivos de los imperios en su propósito de extender sus dominios y prolongar su existencia, así lo hicieron en su tiempo Napoleón y Hitler. Es en ese punto donde la guerra limitada le da paso a la guerra absoluta, donde solo se contempla la aniquilación del contrario. Se pierden los objetivos políticos y por tanto la posibilidad de poner fin a la confrontación sobre la base de un acuerdo que aproxime dichos objetivos.
Es lo que hemos visto asomar en las guerras que adelantan Israel y Estados Unidos: que desaparezca Irán o quede sin posibilidades de defensa estratégica (armamento nuclear). Por tanto Irán lo asume como una guerra existencial, al igual la amenaza que apunta hacia Cuba.
En el sur global esa misma guerra asume una forma que se ha nombrado como Microguerra, diseñada por el mismo poder imperial para hacerla ver de otra manera y también opera como guerra «proxy» o «subsidiada».
Es un concepto construido desde distintas tradiciones teóricas que convergen en un diagnóstico común: las guerras del siglo XXI ya no son lo que Clausewitz describió, por cuanto no tienen Estado declarante, no tienen frente definido, no terminan con tratados. Ocurren en los pliegues de la realidad que se le denomina “zona gris”: un espacio difuso donde las fronteras entre paz y guerra se desdibujan.
Pero no porque hasta ahora se hable de «zona gris», no implica que no hayan existido en las guerras de otros tiempos. En todas ellas los poderosos las han creado, unas veces más oscuras, intrincadas e invisibles y otras más evidentes y visibles.
Hoy, hasta las negociaciones se disfrazan de paz para tender la siguiente trampa.
Desde la Comuna de París en 1871, la burguesía se ha aliado con sus anteriores enemigos (nobles y reyes) para ir contra la clase obrera con tal de recuperar su poder como clase y sin respetar las fronteras de los Estados-nación, que dicen son inviolables, igual que lo hacen cuando rompen los mismos límites del derecho. Confirmando que para ellos no existen límites, ni en el territorio ni el derecho, cuando se trata de defender sus privilegios.
Luego de la Segunda Guerra Mundial y en tiempos de la guerra fría se inventaron la «guerra de baja intensidad» y la «guerra contrainsurgente», para operar por debajo de las líneas del derecho y la aplicaron a sus anchas en el mundo entero y bajo su amparo fructificaron las dictaduras en el continente.
En esa misma dirección, hoy se habla de microguerras, donde se presentan los conflictos armados de escala local como si fuesen de carácter fragmentado, y protagonizados por actores no estatales o semi-estatales, pero que operan por debajo del umbral jurídico del Derecho Internacional Humanitario, produciendo efectos mucho más violentos a los vividos en conflictos armados reconocidos, como son el terror y la violencia contra las comunidades, el desplazamiento que concluye con el despojo, efectos que no pueden considerarse anomalías del orden global, pues son su propia razón y arquitectura.
Luego viene la narrativa que pretende disfrazarlo todo, que las guerras ya no son entre ejércitos, sino que es entre redes, de carteles, milicias, pandillas transnacionales, empresas privadas de seguridad, paramilitares, facciones disidentes, o como el Departamento de Estado de los Estados Unidos pretende denominar: Foreign Terrorist Organizations (FTOs) (Organizaciones Terroristas Extranjeras), que en últimas son las estructuras que los Estados dicen combatir, pero son funcionales a sus propósitos. Dentro de esta matriz se entiende que en Colombia el paramilitarismo, la alianza narco-terrateniente con el Estado, opera dentro de esa racionalidad estratégica.
En la construcción de estos «nuevos conceptos» y justificaciones para la permisividad de la violencia paraestatal, jugó de manera delicada la caracterización que hizo el CICR del conflicto colombiano. Claro todos ellos han querido meter al ELN en esa categoría, para negar su naturaleza de Organización Rebelde Alzada en armas por motivos políticos y sociales.
Muchos fenómenos y acontecimientos pueden ser explicados en la historia reciente de Colombia y otros países, por ejemplo, el conflicto tiene dos tiempos articulados: primero el despojo rural, luego el control urbano de los despojados, así las comunidades desplazadas de los espacios rurales llegan a las periferias urbanas donde son sometidas a una segunda forma de guerra: la criminalización de la pobreza.
De igual manera esas estructuras conquistan nodos: un puerto, una mina, un corredor de droga, un mercado de extorsión, de esta manera «aseguran el territorio» donde las corporaciones transnacionales adelantan sus proyectos.
Es un fenómeno inherente a la globalización neoliberal: donde el Estado aparentemente se retira para que el capital extractivista avance con sus estructuras de violencia para controlar los corredores de valor. Es la forma como el capitalismo periférico opera a nivel mundial, podemos mirar ejemplos en cada una de las regiones de Colombia. Desde luego que en esa lógica a los Estados les resulta más económico que esas «estructuras cooperantes» se financien del control de esos corredores y nodos de valor.
En esa lógica, es comprensible el funcionamiento de estructuras como el Clan del Golfo, los Pachencas y las Bandas de ex-Farc, entre otras.
También las razones del por qué las Fuerzas Armadas del Estado jamás han exterminado a una sola agrupación de éstas; así digan combatirlas, su estructura operacional es de cooperación estratégica. Por ejemplo, los «Pelusos» operaron en el Catatumbo más de 20 años, hasta que el ELN los combatió y venció en 2020; igual ocurrió con los «Rastrojos». Lo mismo ha acontecido con las bandas de «Medina» en Arauca y la Banda del 33, donde se ha visto con más claridad el apoyo directo de las Fuerzas Militares, pues al no desamparar a estas estructuras paramilitares, esa «guerra proxy» ha dejado de ser una guerra indirecta, para ser completamente directa del ELN contra el Estado y sus estructuras subsidiadas. Desde luego que la directriz estratégica viene de los Estados Unidos.
Para rematar esta coordinación operacional entre Fuerzas Militares del Estado y Bandas paramilitares ha sido más abierta en el gobierno de Gustavo Petro, un gobierno que se dice «progresista», inaugurando entonces la categoría de «progresismo contrainsurgente».
Así, entonces, esa violencia que parece ser paramilitar, para-estatal, no es un accidente, sino una condición de existencia del capitalismo, donde no hay acumulación sin despojo, no hay despojo sin guerra, y no hay guerra sin un Estado que la administre, la legalice y la normalice.