VOLVER LA MIRADA HACIA LIBIA
Anaís Serrano
El 20 de octubre de 2011, las imágenes del cuerpo ensangrentado de Muamar el Gadafi, arrastrado por una turba enfurecida en una alcantarilla de Sirte, dieron la vuelta al mundo, como el epílogo brutal de una agresión del imperio occidental.
Aquella escena macabra era el certificado de un “cambio de régimen”, y el preámbulo de la entrada de la llamada democracia occidental en Libia.
En las capitales de los países que impulsaron la intervención de la OTAN, el libreto estaba claro: derrocado el tirano, el pueblo libio, con asistencia técnica occidental, redactaría una constitución, elegiría un parlamento y abrazaría la democracia liberal. El petróleo fluiría más abundante, los contratos de reconstrucción se repartirían ordenadamente y Libia sería el modelo de una “Primavera Árabe” exitosa.
La profecía rota del 2011
Quince años después, Libia no conoce la paz ni el Estado. El magnicidio televisado no selló una transición: inauguró una era de caos, fractura institucional y rapiña internacional, que ha convertido al país en un espejo deformado de muchos sueños.
Libia, un país estratégicamente ubicado al norte de África, con una amplia costa mediterránea, no ha logrado superar la fractura institucional que estalló en 2014, tras el fracaso de los acuerdos impuestos luego del asesinato de Gadafi. A pesar del alto el fuego de octubre de 2020 y del efímero Gobierno de Unidad Nacional (GUN) formado en 2021, las elecciones previstas para diciembre de 2021 nunca se celebraron. El país permanece dividido en dos grandes bloques de poder rivales, con una administración tripartita fallida y una paz sustentada sobre un equilibrio militar precario, no sobre un acuerdo político real.
Fuerzas en conflicto: el tablero interno
En menos de tres años, el país se fracturó en dos grandes bloques que hoy, en 2026, siguen firmes en sus trincheras.
Un oeste controlado por Abdul Hamid Dbeibah, jefe del Gobierno de Unidad Nacional (GUN), reconocido internacionalmente por la ONU, con base en Trípoli y control de buena parte del oeste, sostenido por una constelación de milicias, que cobran peaje de las rentas petroleras.
Dbeibah se ha negado a entregar el poder a cualquier nuevo ejecutivo surgido de negociaciones, alegando que su mandato sigue vigente hasta la celebración de elecciones. Su gobierno es visto por sus detractores como un régimen de facto sostenido por la corrupción y el reparto de rentas petroleras a las milicias, que a su vez se disputan el control de instituciones clave como la Corporación Nacional de Petróleo (NOC) y el Banco Central.
El este del país se encuentra bajo el mando férreo del mariscal Jalifa Haftar y su Ejército Nacional Libio (ENL) y que responde al parlamento del Gobierno de Estabilidad Nacional (GEN) liderado por Osama Hamada en Tobruk, sin reconocimiento internacional, pero con el control efectivo de puertos y pozos de crudo. Su base de poder es una coalición de tribus de la Cirenaica, unidades militares regulares bajo una estructura de mando centralizada y el respaldo de mercenarios extranjeros. Haftar mantiene un control casi absoluto sobre los puertos petroleros del ‘Creciente Petrolero’, desde los que a menudo bloquea las exportaciones para presionar políticamente al GUN y exigir una distribución más equitativa (o ventajosa para él) de los ingresos del crudo.
El sur profundo (Fezzán) no está firmemente en manos de ninguno de los dos bandos. Es un espacio donde convergen milicias locales tuareg y tubu, redes de contrabando (combustible, personas, armas, drogas), grupos yihadistas residuales y la presencia militar del ENL de Haftar. La ausencia de Estado convierte la región en un hervidero de economías ilícitas y conflictos tribales intermitentes.
Esta partición no es ideológica -el discurso del secularismo contra el islamismo se ha vaciado de contenido hace años-, sino puramente económica. Las élites políticas y militares de ambos bandos han descubierto que la parálisis institucional es un negocio redondo. Sin un presupuesto unificado ni un banco central soberano, los ingresos del petróleo, que rozan los 1,2 millones de barriles diarios, se reparten bajo la lógica del botín. Las milicias que deberían haberse desmovilizado en 2012, son hoy las dueñas de ministerios, aduanas y bancos. El caos tiene dueños.
Agentes externos: la internacionalización asimétrica
Libia se ha convertido en un teatro de operaciones por delegación donde varias potencias dirimen intereses estratégicos y económicos.
Turquía, es el principal sostén militar y político del GUN de Dbeibah. Mantiene en suelo libio una base aérea (al-Watiya), drones, sistemas antiaéreos, oficiales de enlace y un contingente de mercenarios sirios. Su objetivo es doble: asegurar contratos de reconstrucción para sus empresas y proyectar su poder naval en el Mediterráneo oriental, respaldado por el memorando de delimitación marítima de 2019, que le da acceso a vastas zonas de hidrocarburos.
Rusia (a través del África Corps, ex Wagner), apuntala al ENL de Haftar. Dispone de presencia en las bases aéreas de al-Khadim, al-Jufra y Brak al-Shati, y protege instalaciones petroleras en el este. Moscú busca bases permanentes de proyección hacia el Sahel y el flanco sur de la OTAN. Su presencia militar en el Mediterráneo central es un desafío directo al flanco europeo.
Emiratos Árabes Unidos y Egipto, son los patrocinadores históricos de Haftar. Emiratos suministró aviones, drones y mercenarios en la guerra de 2019-2020; ahora privilegia la vía económica, invirtiendo en puertos y logística. Egipto, frontera terrestre inmediata, percibe al este de Libia como su profundidad estratégica contra el islamismo político y ha contenido ofensivas del GUN, con la amenaza de intervención directa. Ambos países respaldan el bloque parlamentario de Tobruk.
Catar, en menor medida, ha apoyado a facciones cercanas a la corriente política de los Hermanos Musulmanes integradas en el espectro del GUN, lo que irrita a El Cairo y Abu Dabi.
Mientras Roma es el principal interlocutor europeo del GUN y su interés central es contener la migración irregular y asegurar el suministro de gas (a través del gasoducto Greenstream). La Unión Europea (UE), en su conjunto, aparece como un actor reactivo, limitado a la misión naval Irini para el embargo de armas (sistemáticamente violado), y a programas de asistencia técnica para unas elecciones que nunca llegan.
Luego de dirigir la operación contra Gadafi, Estados Unidos mantiene un perfil bajo. Su mayor influencia es el de manejar de forma soterrada los ingresos petroleros, con intermitentes presiones diplomáticas y operaciones militares puntuales. Su prioridad es evitar que el caos libio amenace su seguridad regional, pero ha delegado la gestión del expediente en los actores europeos y regionales.
El statu quo como objetivo
Libia se mantiene en un ‘equilibrio del caos’ conveniente. La situación actual no es un accidente, sino un entorno de rentabilidad política y económica, para las élites de ambos bandos, que se reparten la renta del petróleo, sin necesidad de rendir cuentas. Para las milicias, la paz significa desmovilización y pérdida de poder; la guerra abierta es costosa. El punto intermedio (la amenaza permanente de guerra) garantiza su supervivencia como clase política armada.
La insistencia de la comunidad internacional en celebrar comicios sin un marco constitucional acordado y sin desarmar a las milicias, es una receta para la vuelta a la violencia. No existen condiciones de seguridad ni confianza mutua; cualquier resultado sería impugnado y utilizado para legitimar una nueva escalada militar.
Los actores externos como arquitectos de la parálisis
Turquía y Rusia han creado un “punto muerto bilateral”: cada uno tiene capacidad de vetar un vuelco militar en favor de su cliente, pero no la voluntad (ni la fuerza) de imponer una solución total. Los patrocinadores regionales (EAU, Egipto, Catar) utilizan a sus aliados libios como fichas en sus propias disputas geopolíticas más amplias (ejes islamista /anti-islamista). La UE, por su parte, ha fracasado en ejercer una presión genuina, pues sus estados miembros privilegian sus intereses migratorios y energéticos de corto plazo, sobre la construcción de un Estado funcional.
Pero los verdaderos gestores del desastre siguen operando tras bambalinas, aunque Estados Unidos apoya al GUN, que él mismo colocó en el poder, mantiene a la vez relaciones con el gobierno del este y lo presiona para que se acerque a Trípoli y se aleje de la influencia rusa. Israel por su parte, a pesar de la ruptura de relaciones diplomáticas con Libia, se ha reunido con actores del gobierno de Trípoli en tanto que medios israelíes, reseñaron la visita del hijo de Haftar a Tel Aviv en noviembre de 2021, en búsqueda de apoyo militar.
Una crisis humanitaria y de derechos humanos estructural
La impunidad es total. Los informes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU documentan sistemáticamente detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y tráfico de migrantes convertido en esclavitud en los centros de detención, tanto en el este como en el oeste. El secuestro de diez miembros del convoy humanitario Global Sumud Magreb que se dirigía a Gaza el pasado 24 de mayo, en Libia del este, es buen ejemplo de ello.
La única puerta que parecía abrirse para la búsqueda de un futuro propio, fue cerrada en febrero de 2026, con el asesinato del arquitecto y filósofo Saif al-Islam Gadafi, hijo de Muamar el Gadafi y único miembro de la familia que había logrado reintegrarse a la vida política libia alcanzando una alta popularidad.
Libia no está en guerra declarada ni en paz. Es un protectorado híbrido multipolar donde la soberanía nacional ha sido sustituida por un condominio informal de potencias externas y señores de la guerra locales, que convergen en perpetuar un conflicto de baja intensidad, del que todos extraen réditos, mientras el país carece de horizonte político.