EL CONGRESO FAVORECE A LOS NEGOCIANTES DE LOS SEGUROS
Claudia Julieta Parra
El Banco de la República y el Congreso toman decisiones y legislan para favorecer las utilidades de los emporios económicos y los oligopolios; lo que suscita un debate sobre las políticas públicas que debieran favorecer a todos los colombianos y no a un reducido grupo plutocrático.
El Proyecto de Ley 277-25S–058 24C, cursa el cuarto debate en el Congreso, el que en su Artículo 37, plantea la creación de una póliza obligatoria de responsabilidad civil extracontractual asociada a la licencia de conducción, es decir, asociada a las personas que tienen licencia vigente y no al vehículo; está póliza sería de obligatorio cumplimiento y es adicional al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).
Esta póliza supuestamente busca proteger bienes materiales (casas, apartamentos, locales, vehículos, entre otros) en caso de un siniestro vial, donde estos se vean afectados. El polémico Artículo afectaría a más de 13 millones de personas con licencia de conducción vigente, muchas de estas que no tienen vehículo, no manejan o conducen muy eventualmente, pero aun así deberán pagar dicha póliza. Si el interés es proteger los bienes de terceros, ¿por qué no hacen una adenda al SOAT vigente?
La polémica póliza tendría un valor anual máximo de 130.000 pesos y tendría una cobertura de 7 Salarios Mínimos Legales Vigentes (SMLV) para licencia de motos y 15 SMLV para licencia de automóviles. Esto no deja de ser una falacia, ya que según los costos comerciales actuales y los montos asegurados, ninguna aseguradora podría sostener estos valores y según la evaluación estándar, el precio real oscilaría en 350.000 pesos para motos y 720.00 para vehículos.
Es paradójico que una póliza que asegura bienes, tendría un valor mayor a la póliza que cubre afectaciones a la salud y la vida. Tan dudosa es esta póliza, que incluso la misma Federación de Aseguradores de Colombia (Fasecolda) solicitó eliminar dicho artículo, ya que consideran que, “no es propicio que el seguro se aplicaría sobre la licencia de conducción, cuando el riesgo asegurable surge del uso del vehículo y de la actividad efectiva de conducción, tener una licencia vigente no implica necesariamente que una persona genere un riesgo real, ya que puede no conducir o no tener vehículo”.
Una póliza como la propuesta generaría al gremio de las aseguradoras cerca de 9 billones de pesos el primer año y de ahí en adelante estos ingresos se irán incrementando de acuerdo a la normatividad vigente; todo indica que esta póliza propuesta antes que presentar un beneficio para la ciudadanía, generaría efecto regresivo sobre los hogares.
En más del 50 por ciento de las familias que tienen carro o moto, este es conducido o utilizado por varios miembros de la familia, por ende exigir el seguro por licencia y no por vehículo obligaría a cada conductor a adquirir una póliza distinta, para cubrir un mismo riesgo, generando un cobro excesivo; además, según los datos vigentes un seguro de esta magnitud tiene una Proyección Anual de Utilización de menos del 3 por ciento, por ende se puede considerar un seguro inocuo, que brinda una falacia de seguridad.
El verdadero truco del asunto, es que se hace evidente que este Artículo, que muchos califican como un ‘mico’, tiene como objetivo beneficiar a las aseguradoras, ya que prácticamente vuelve obligatorio el seguro todo riesgo, que es opcional y que solo es utilizado por el 12,2 por ciento de los vehículos matriculados, lo que les generaría grandes dividendos a las aseguradoras.
Como sociedad debemos exigirle al Congreso y demás servidores públicos que sus actuaciones deben estar en procura de beneficiar a todos los ciudadanos y en especial a los de más bajos recursos y, no favorecer el enriquecimiento de los grupos plutocráticos minoritarios.