¿QUIÉN DIJO QUE LAS EPS SON NECESARIAS?
Chavela Villamil
La Ley 100 de 1993 dio origen Sistema General de Seguridad en Salud (SGSS) y este a su vez dio apertura a que entes privados colonizaran la salud pública, que hasta ese momento era una responsabilidad estatal, dando origen a la Entidades Promotoras de Salud (EPS), abriendo una gran brecha en la prestación del servicio de salud, entre el régimen contributivo, el subsidiado, la salud prepagada y la salud privada.
La Ley 100 de 1993 dio lugar a que las EPS -en su gran mayora de carácter privado- se encargaran de administrar el servicio de salud, a través de redes de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), las cuales mediante vinculación contractual atienden los pacientes adscritos a las EPS.
Los dineros destinados al sostenimiento del SGSS son depositados por el Estado en la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), que es la que se encarga de girarle dinero a las EPS, para que estas administren la prestación de los servicios de salud; en otras palabras, en el sistema de salud las EPS fungen como intermediarias entre los pacientes y las entidades que prestan los distintos servicios de salud.
Una de las reformas planteada por este Gobierno y negada por el legislativo, busca que las IPS reciban el valor de los servicios prestados directamente de la ADRES y, que las EPS continúen con la administración de su red de servicios sin tener injerencia alguna en el pago de los servicios de salud prestados por las diferentes entidades.
Por su parte, las EPS justifican la crisis de atención en salud y la escasez de medicamentos, aseguran que la escasez de los medicamentos obedece a que “el Gobierno no ha incrementado la Unidad de Pago por Capitación (UPC)”, que es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al SGSSS.
Tal como están las cosas, si la ADRES incrementara la UPC, esto no resolvería el déficit actual del sistema de salud, ya que aunque se incremente el valor percibido por afiliado, este no es retroactivo, por tanto, no se podría suplir los pasivos contraídos por las EPS con las IPS y las distribuidoras farmacéuticas, que en sí son los que llevan a la exacerbación de la crisis de la salud; por ende, la desatención en salud, la falta de dispensa de medicamentos, que han sido una constante del sistema de salud, en las últimas tres décadas, muy probablemente continuarían igual o peor.
El drama de las millones de personas que no reciben atención oportuna, ni los medicamentos adecuados, tanto en prescripción como en oportunidad de oferta, es motivo suficiente para declarar una Emergencia Económica, que permitiera aliviar el padecimiento de los usuarios y la flagrante violación a sus derechos fundamentales de la salud y la vida, sin embargo, una medida netamente económica paliaría la situación, pero no resolvería la crisis, ya que sus orígenes son estructurales y radican en la maldita Ley 100.
El problema de la salud en Colombia radica en que el modelo implementado es de corte neoliberal y se rige bajo la teoría del libre mercado, mientras esta política no sea modificada, la salud seguirá siendo un negocio lucrativo y los pacientes seguirán siendo tratados como clientes. Se requiere una modificación a la Ley 100 o su derogación, de tal forma que se eliminen los intermediarios y se democratice su servicio, en términos de gratuidad y atención oportuna.
La fortaleza del Sistema Público de Salud es vital para que un país afronte satisfactoriamente enfermedades prevalentes, pero esto solo se puede lograr en la medida que las políticas públicas estén encaminadas al bienestar social y no a la generación de utilidades para los negociantes, por esto Colombia requiere con urgencia un cambio de modelo económico, que realice la estatalización del SGSS, que traerá beneficios a toda la población y contribuirá a ir pagando la Deuda Social.