RESTITUIR LA TIERRA Y LOS DERECHOS TERRITORIALES
Omaira Sáchica
Acaba de realizarse en Bogotá el ‘Foro Global de la Tierra 2025, diálogo por la soberanía y derechos territoriales’, que reunió a más de 1.000 de delegados de 90 países, donde reflexionaron sobre problemas trascendentales, como la distribución de la tierra, entre otros.
La distribución de las tierras productivas y el uso del suelo, durante siglos ha sido unos de los problemas centrales en todo el mundo, ya que, en países como el nuestro, gran parte de la tierra cultivable es monopolizada por una minoría privilegiada, lo que acrecienta el empobrecimiento y la brecha de desigualdad social.
Las conclusiones de este Foro las recogieron en cuatro áreas fundamentales:
* La participación efectiva en los espacios de toma de decisiones.
* La seguridad y protección de los derechos sobre la tierra.
* La promoción de sistemas agroalimentarios sostenibles con base en conocimientos tradicionales.
* La protección de la biodiversidad frente al cambio climático.
Según estas conclusiones, en nuestro país los conflictos socioambientales han marcado y determinado en gran parte el Conflicto Interno, afectando de manera particular a los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas, quienes han sido sistemáticamente excluidos de las políticas públicas, pese a su papel clave en la protección de la naturaleza y la soberanía alimentaria. Aunque este Gobierno ha atendido el ordenamiento del agua y la defensa de los derechos del campesinado, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes; la implementación de estas políticas es tardía y en muchas ocasiones la burocracia institucional impide que sus efectos lleguen a los territorios más vulnerables.
Este Foro fue una oportunidad para que, los países logren avanzar en políticas de gobernanza territorial inclusivas que respeten los derechos de acceso a la tierra, en especial para las comunidades afrodescendientes, campesinas y pueblos indígenas. Otra de las conclusiones centrales después de los debates, es que desde la sociedad se deben plantear soluciones y medidas vinculantes, que equilibren los niveles de desigualdad en la propiedad de la tierra, al igual que vencer las barreras de exclusión que afectan con mayor fuerza a las mujeres; al igual que combatir la inseguridad alimentaria que crece constantemente. Esto implica un cambio estructural en las políticas económicas y medioambientales, que sirvan a la población y salvaguarden el medioambiente y lo sobrepongan sobre los intereses del capitalismo salvaje.