LOS OLIGOPOLIOS CONTRA LA REFORMA LABORAL
Claudia Julieta Parra
Las horas extras, al igual que los recargos dominical y festivos son derechos adquiridos por los trabajadores, cercenados durante la era Uribe para favorecer los oligopolios y ahora incluidos en la Reforma, y los megarricos se oponen a dignificar el salario de sus trabajadores.
Nuevamente se discute en el Congreso la Reforma Laboral que en ninguno de sus artículos tiene cambios estructurales al modelo, solo contempla pequeños incrementos y mejoras en derechos adquiridos de los trabajadores. Hasta ahora han aprobado más del 80 por ciento del articulado de la reforma, sin embargo, las horas extras y, los recargos dominical y festivo son puntos neurálgicos donde los Congresistas no se ponen de acuerdo, gran parte obedece a que algunos de ellos representan los intereses -voceros- de los oligopolios, los cuales se oponen al aumento monetario de dichos derechos, bajo la falacia de que esto generaría despidos por no contar con los medios para asumir dichos cambios.
Esta semana uno de los hombres más ricos del país, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez -hijo del fundador del Grupo Aval Luis Carlos Sarmiento Angulo-, lanzó una afirmación temeraria que algunos sectores la pueden interpretar como una amenaza: “Si un empleado me costaba 10 pesos y ahora me cuesta 12 pesos porque el país vio bien pagarle esa cantidad, y yo antes tenía 10 empleados que me costaban 100, pero ahora esos 10 me van a costar 120 pesos, entonces no puedo tener sino ocho empleados”.
Tomando como base el ejemplo que plantea Sarmiento, dicho incremento salarial en sí mismo representa un decremento en el margen de utilidades de sus empresas inferior al 3 por ciento, es decir, con 10 empleados a costo de 100 pesos tenía un margen de utilidades de 3.500 pesos, con el incremento y sosteniendo la misma cantidad de empleados la disminución en su utilidad es solo de 105 pesos, lo que equivale a sus utilidades serían de 3.395; lo que refleja que el despido de dos empleados no solo es injustificado sino que es una amenaza que trata de generar pánico para evitar una reforma que genera un leve alivio en los empleados asalariados.
La Reforma Laboral que tratan de revivir en el Congreso, no es una propuesta que modifica el sistema laboral y mucho menos tiene injerencia en el modelo económico, mucho menos afecta problemas estructurales que causan la creciente perdida de poder adquisitivo per cápita, como lo son el empleo informal, la pauperización de las condiciones laborales y salariales, y la tercerización laboral -a la que recurren incluso empresas del Grupo Sarmiento para disminuir los costos de producción y funcionamiento, y aumentar el margen de utilidades-. Por lo tanto, negarse los cambios propuesto es una total infamia, ya que estas modificaciones salariales no representan un incremento superior al 2 por ciento del salario minino mensual, lo que no desbalancearía la ecuación económica, pero si produce sensación de bienestar en lo trabajadores, lo que según los expertos permite incrementar la productividad.
El problema central de nuestra economía no es del orden financiero o de percepción de ingresos, en sí su problema radica en la política económica, toda vez que el Gobierno sostiene una política que le da prelación al Gasto Corriente (burocracia, guerra, pago de Deuda Externa) y sostiene la aplicación del Trickle Down Effect (TDE, por sus siglas en inglés), la cual solo favorece los intereses oligopolios a la vez que transfiere la carga tributara a la masa comercial; lo que acentúa la desigualdad e incrementa el déficit de poder adquisitivo per cápita.
El sistema actual y la política económica instaurada por Gobiernos anteriores y, avalada y continuada por este Gobierno, no avanza en saldar el Gasto Social ni genera sostenibilidad, crecimiento y productividad; por ende, se requiere una política de empleo formal que disminuya el desempleo y reduzca el subempleo, lo cual incrementaría el flujo de capital circulante y reactivaría la economía; en otras palabras, salir de la crisis económica demanda generar empleo bien remunerado, elevar el poder adquisitivo per cápita y fomentar políticas de desarrollo integral de la producción nacional.