DIRECCIÓN ESTATAL DE INTELIGENCIA AL SERVICIO DE LA MAFIA
Sergio Torres
La Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) colombiana nuevamente está en el ojo de la polémica, por las andanzas de su prófugo Exdirector, Carlos Ramón González, y por colocarse al servicio de la alianza entre del Gobierno Petro y la banda narcotraficante frente 33.
Sobre Carlos Ramón González ya se conocen sus pasos en la política colombiana, por la “virtud” de convertir los escenarios institucionales en lucrativas empresas personales, según dicen en las bases del Partido Alianza Verde, posee un patrimonio de 10 mil millones de pesos. Disuelto el M19, González continuó en la política en la Alianza Democrática M19 (AD-M19), partido del que fue su Representante legal. En 2005 fue el fundador del Partido Alianza Verde, empresa electoral de la que ha sido dueño desde ese entonces.
Capo de los torcidos
Ya en el gobierno de Petro, Carlos Ramón fue directamente nombrado Director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), y tiempo después pasó a ser jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. Ahora, se dice que se refugia en el exterior, desde donde Gónzalez elude la imputación de cargos en su contra, por ordenar el pago de sobornos a congresistas de varios partidos tradicionales, para que aprobaran las reformas del gobierno dentro del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Como preparándose para la huida, acaba de renunciar al Partido Alianza Verde con una carta dirigida a Rodrigo Romero Hernández, copresidente de dicha colectividad, en ella escribe: “Hoy, después de muchos años creo conveniente presentar mi renuncia como militante del partido. Esto con el interés profundo de no colocar en duda la esperanza, la continuidad, la transparencia y los esfuerzos del Partido, en la construcción de una Colombia justa, libre y en paz”.
Sobre esta renuncia, cabe recordar que González está citado por la Fiscalía para imposición de medida de aseguramiento, a partir del 6 de junio. Por su parte, el partido del que ha sido dueño, es de lo menos transparente de la política colombiana y se convirtió en una empresa electoral que vende avales y carga dentro de sí politiqueros de toda clase.
DNI al servicio del capitalismo mafioso
Otro botón de muestra del accionar de la DNI, fue conocido durante las últimas semanas, cunado realizó la extracción, refugio y protección a cabecillas de la banda narcoparamilitar Exfarc, frente 33.
Cuando iniciaron las acciones contra esta banda en el Catatumbo, el ELN denunció e hizo pública la alianza y sociedad que tenían el gobierno de Petro y esta banda, que se evidenció en que sus cabecillas fueron evacuados en helicópteros del Ejército estatal, protegidos en guarniciones militares y en hoteles de Bogotá. La ira emanada por el presidente Petro fue justamente porque el ELN desnudó estas alianzas y la política de reciclaje de paramilitarismo, disfrazada tras su política de Paz Total.
Estas denuncias del ELN fueron desestimadas por las empresas de comunicación corporativas, los medios oficiales del gobierno y el propio Petro. Sin embargo, 4 meses después, es la propia Corte Suprema de Justicia la que investiga y pone en conocimiento público las acciones que prueban la alianza del gobierno con esa banda, concretamente el caso de alias mocho Olmedo.
Una vez extraído del Catatumbo por el Ejército estatal, Olmedo estuvo protegido por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en Bogotá, con todo y que esta entidad no tiene esas facultades, además no notificaron a los organismos judiciales, ocultamiento agravado por la decisión de extradición que recae sobre este personaje.
Como también lo señaló el ELN, personajes como Olmedo, después de ser extraídos y resguardados, volvieron al Catatumbo, bajo protección del Ejército para intentar agruparse y contrarrestar las acciones del ELN. Esto coincide con la llegada de miles de soldados al Catatumbo, en clara alianza denunciada hasta por organismos de DDHH, como Human Rigths Wacth.
Desinfle de la Paz Total
Así las cosas, la supuesta voluntad de paz del gobierno Petro está bastante cuestionada. El compromiso con la construcción de la paz es solo un discurso, en la práctica las acciones siguen estando en función de la guerra y orientadas desde EEUU. La política de paz de este gobierno cada vez más evidencia su similitud a la de los gobiernos anteriores, incluso algunos de ellos tuvieron mayores disimulos en la forma de impulsar el paramilitarismo y la continuidad de la guerra contra el pueblo colombiano. La buena noticia es que todos ellos, como este, fracasaron.