INDÍGENAS SOBREVIVEN A LA DEVASTACIÓN DEL PLANETA

Himelda Ascanio

La ONU declaró el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas para honrar a los 370 millones de personas de más de 5.000 Pueblos en 90 países, que hablan 7.000 lenguas, población amenazada de extinción por el sistema depredador imperante [1].

Pese a que los Pueblos Originarios protegen el 80 por ciento de la biodiversidad, solo poseen el 10 por ciento de la tierra, pero representan el 15 por ciento de la población más empobrecida del planeta; son quienes más sufren las consecuencias del sistema depredador y su máquina de Guerra que los coloca en riesgo de extinción; entre 2015 y 2019 asesinaron a 232 autoridades indígenas en América [2].

Etnocidio continuado para despojar su territorio

En Colombia la población indígena es el 3,4 por ciento que está distribuida en 102 Pueblos Originarios, 56 de ellos habitan la Amazonía, 58 por ciento están en 717 Resguardos Colectivos en 26 de los 32 departamentos, el 63 por ciento se encuentra por debajo de la línea de pobreza y el 48 por ciento están en la miseria, aun cuando habitan territorios ricos donde realizan explotación mineroenergética como la Amazonía y la Costa Pacífica [3].

La Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) documenta 6.931 hechos de violencia contra los Pueblos originarios perpetrados entre 1958 y 2016, entre ellos 2.439 asesinatos selectivos, 423 desapariciones forzadas, 123 masacres y 1.019 amenazas de muerte, entre otros, siendo el periodo 2000-2006 el más letal [4]; bajo Duque asesinaron 957 líderes sociales, el segundo sector más afectado fueron los indígenas con 305 autoridades asesinadas, crímenes concentrados en los pueblos Embera, Wounaan, Nasa y Awá. 

Más de 500 mil indígenas luchan por la restitución, ampliación y legalización de las tierras étnicas que fueron despojadas y acaparadas por terratenientes y empresarios, lucha en la que cada vez encuentran mayores trabas, colocadas en los Gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010) y paralizados bajo Duque (2018-2022) [5].

Gobiernos desconocen la ley

La Corte Constitucional declaró que, ‘los pueblos indígenas Wiwa, Kankuamo, Arhuaco, Kogui, Wayúu, Wounaan, Pijao, Koreguaje, Kofán, Siona, Betoy, Sikuani, Nukak-Makú, Guayabero, U’wa, Chimila, Yukpa, Kuna, Eperara-Siapidaara, Guambiano, Yanacona, Kokonuko, Totoró, Huitoto, Inga, Kamentzá, Kichwa,   Wipijiwi, Amorúa, Tsiripu, Eduria, Wachina o Pizamira, Makaguaje y Kuiva están en peligro de ser exterminados  cultural o físicamente por el Conflicto Armado Interno, y han sido víctimas de gravísimas violaciones de sus derechos fundamentales individuales y colectivos y del Derecho Internacional Humanitario’, también declaró el Estado de Cosas Inconstitucional en materia de desplazamiento forzado porque “los indígenas además de ser expulsados violentamente del territorio, cuando llegan a los lugares receptores son víctimas nuevamente de un sinnúmero de violaciones a los DDHH”.

La Corte concluye que “el despojo territorial se da por parte de actores con intereses económicos sobre las tierras y recursos naturales de propiedad de las comunidades indígenas, además de actividades lícitas por el sector privado tales como explotación maderera indiscriminada, siembra y explotación de monocultivos agroindustriales, se evidencia que estos sectores se han aliado con los actores armados irregulares para generar dentro de las comunidades, actos de violencia que eliminen o desplacen a los indígenas de sus territorios ancestrales, despejando así el camino para la implementación de estos proyectos productivos” [6].

Parar el Genocidio

Kedinyon Jeider García era integrante del Comité de Derechos Humanos de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Brisas en Yurilla, fue asesinado el 5 de agosto en La Ceiba de Puerto Guzmán, Putumayo.

Javier Useche de 42 años, era ambientalista y creador del Colectivo Social, Cultural y ecoturístico Tatayamba, fue asesinado el 7 de agosto en El Salado de El Águila, Valle del Cauca.

Uber Eliécer Tapias Jaramillo era Presidente de la JAC Quebradoncita y Ferdi Leandro Tapias hacían parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (Pnis); fueron asesinados por narcoparamilitares el 7 de agosto en Ituango, Antioquia.

Edgar Rodríguez Corredor de 54 años, era docente en el Instituto Técnico Guaimaral en Cúcuta y miembro la Asociación Sindical de Institutores Nortesantandereanos (Asinort), fue asesinado el 10 de agosto en La Torcoroma en Cúcuta.

En La Raya de Paraguachón en Maicao, La Guajira, el 12 de agosto perpetraron una masacre que dejó tres asesinados.

Diomedes Bermúdez Aguirre era excombatiente afiliado a la Asociación Dignidad para la Paz (Asodipaz) de Santa Elena en Roncesvalles, fue asesinado el 12 de agosto en la vía entre Playa Rica de Rovira y Tolda Blanca de Roncevalles, Tolima. 

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[1] Resolución A/RES/49/214. ONU, 17-02-1995 (https://undocs.org/es/A/RES/49/214).

[2] Una nueva investigación revela un campo de juego desigual entre las comunidades y las empresas que compiten por los derechos sobre las tierras. World Resources Institute, julio 2018.

[3] Pueblos Indígenas en Colombia. El Mundo Indígena, mayo 2022. 

[4] Primer Informe que entrega de la ONIC a la Jurisdicción Especial para la Paz. ONIC, 9-08-2018.

[5] Violencia y disputas sobre las tierras ancestrales: una mirada a los pueblos indígenas de Latinoamérica. Biodiversidad, 23-05-2022.

[6] Auto 004/09. Corte Constitucional (https://acortar.link/vLlphl)