LA MAFIA QUE PERSIGUE FISCALES

Álvaro Solano

Durante el Gobierno de Duque la Fiscalía dejó de ser un ente investigador autónomo, para convertirse en una dependencia de la Presidencia que actúa acorde a los intereses del Duque y sus allegados.

Diferentes hechos evidencian que la Fiscalía actúa conforme a intereses particulares, razón por la que se convirtió en costumbre que desde la Dirección General de este ente investigador, manipulen los procesos y penalicen a los funcionarios que se niegan a estas ilegales directrices; decenas de Fiscales que llevan casos que afectan a personajes poderosos o intereses del régimen mafioso han sido trasladados, decisiones administrativas que se han convertido en un modus operandi de la administración del Fiscal General Barbosa.

Una Fiscal que ‘nadó en contracorriente’

Alberto Ríos es uno de los capos de la mafia de las basuras y propietario de varias empresas de servicios públicos como Servigenerales y Aseo Capital, además es accionista de Enerpereira y Enertolima; Ríos es compañero sentimental de la periodista Darcy Quinn, y de los círculos íntimos del Exvicepresidente Germán Vargas Lleras y del Exfiscal General Néstor Humberto Martínez.

El 23 de febrero la Fiscal seccional de Bogotá Angélica Monsalve Gaviria citó a audiencia de imputación de cargos a Carlos Mario Ríos Velilla, Javier Francisco Ríos Velilla y Felipe Ríos Londoño, Exconcejal de Bogotá e hijo de Alberto Ríos Velilla, por el delito de violación del régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades.

El Clan Ríos Velilla a través de una compañía controlada por ellos obtuvo la concesión para efectuar el recaudo del sistema de transporte público TransMilenio; proceso licitatorio desarrollado mientras Felipe Ríos sobrino de los Ríos Velilla era Concejal de Bogotá, por lo cual podría incurrir en el delito de interés indebido en la celebración de contratos.

El Exfiscal Néstor Humberto Martínez, Rodrigo Noguera Rector de la Universidad Sergio Arboleda, el empresario Alberto Ríos Velilla y el actual Fiscal General Barbosa han tratado de presionar a la Fiscal para que cambie su decisión.

Monsalve ha sido reacia a cambiar su decisión razón por la cual el 14 de marzo de 2022 recibió una Resolución de la Fiscalía General, que ordena su reubicación inmediata en el Putumayo, traslado que ella, el sindicato de la Fiscalía y Diego García Sayán, Relator para la Independencia Judicial de las Naciones Unidas consideran un castigo; Monsalve no es la única trasladada a una zona de orden público, en la misma Resolución reubican a la Fiscal Karol Manotas, que tiene a su haber una historia similar a la de Monsalve [1].

Falsa amenaza de atentado

El 4 de abril la Fiscalía General publicó un comunicado en el que afirma que una organización criminal está planeando un atentado contra la Fiscal Monsalve, asegura que una “fuente humana” reveló un supuesto plan criminal del Clan del Golfo para matar a la Fiscal Delegada, pero horas después el Clan del Golfo a través de un comunicado negó dicha afirmación.

Monsalve ha ratificado que quiere actuar con independencia, como lo establece la Ley y lo dicta su conciencia, no quiere dar pie a firmar un ‘cheque en blanco’ para que la Fiscalía pueda trasladarla o quitarle un caso contra unos personajes poderosos que ha investigado por mucho tiempo [2].

El 25 de abril la Fiscal Monsalve ante la Juez 42 de Garantías de Bogotá le imputó cargos al Exconcejal Felipe Ríos Londoño y a los empresarios Javier y Carlos Ríos Velilla, por el delito de violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades por la suscripción irregular de un millonario contrato con Transmilenio; la Juez de Garantías admitió la calidad de imputados y los acusados no aceptaron los cargos [3].

Por último, el 29 de abril la Fiscal Monsalve se enteró que Jorge Eliécer Espinosa, un investigador de la oficina del abogado Jaime Lombana, defensor de los imputados, envió un Derecho de Petición al General Fernando Murillo, Director de la Dijín de la Policía, pidiendo información sobre los autores de las amenazas a la Fiscal; Monsalve sostiene que ese Derecho de Petición busca criminalizarla y amenazarla [4].