CORRUPCIÓN, HAMBRE Y MUERTE EN LA GUAJIRA

Álvaro Solano

Los abundantes bienes naturales de La Guajira los saquean las multinacionales, las regalías las roban las bandas mafiosas, mantenidas para sojuzgar a la población y así perpetuar el régimen depredador y corrupto, que en este departamento apenas constituye una pequeña muestra de lo que ocurre en todo Colombia.

En La Guajira vive el 7 por ciento de la población colombiana, pero registra más del 20 por ciento de las muertes por desnutrición en niños menores de 5 años; entre los años 2008 y 2021 han muerto por desnutrición y otras causas asociadas 5.320 niños, de los cuales el 20 por ciento eran menores de 5 años y 74 por ciento pertenecían a las etnias indígenas [1].

La grave situación de Derechos Humanos (DDHH) ocasionada por el incumplimiento de derechos fundamentales, llevó a que la Corte Constitucional a través de la Sentencia T-302 de 2017, declarará el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) por el hambre de la niñez de la etnia Wayuú, además “estableció como objetivo mínimo constitucional la garantía de imparcialidad y transparencia en la selección de contratistas, y ordenó medidas para garantizar el acceso al agua, la alimentación y la salud” [2], disposiciones que siguen sin ser acatadas por el Estado.

Devoran hasta el Servicio de Salud y de Alimentación

En 2020 la tasa oficial de muertes por desnutrición entre niños menores de 5 años en La Guajira fue casi seis veces la tasa nacional, es posible que la tasa real sea aún más alta ya que muchos niños mueren en sus hogares y sus defunciones quedan sin registrar, La Guajira actualmente registra el mayor número de muertes infantiles por desnutrición en el país, el 77 por ciento de las familias indígenas de La Guajira están afectadas por la inseguridad alimentaria [3].

Human Rights Watch (HRW) afirma que, “las comunidades indígenas de La Guajira no tienen acceso a alimentos suficientes ni al agua necesaria para practicar una higiene básica, incluyendo para lavarse las manos, y la información y acceso a la atención en salud es sumamente deficiente”; a través de 14 auditorías oficiales de programas de alimentación escolar en La Guajira, se determinó que se perdieron 30.000 millones de Pesos como consecuencia de la corrupción [4].

Corrupción estructural

Las organizaciones Dejusticia, Transparencia por Colombia y el Instituto Anticorrupción denuncian una serie de hechos que develan la corrupción en La Guajira [5].

1. Entre 2016 y 2020 ocurrieron 37 hechos de corrupción, el 30 por ciento de los casos afectaron directamente a niñas, niños y adolescentes.

2. La Guajira ha tenido 12 Gobernadores en los últimos diez años, la mayoría de ellos han sido destituidos por estar involucrados en casos de corrupción.

3. Existen al menos 64 expedientes con denuncias de corrupción que llevan más de 10 años archivados en la Fiscalía Seccional de Riohacha.

4. Entre 2013 y 2015 la Contraloría detectó pérdidas por casi 17.000 millones de Pesos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y en los paquetes nutricionales de niños de cero a cinco años.

5. En 2015 se desviaron cerca de 2.000 millones de Pesos en contratos para la atención de 27.000 niños, niñas y madres gestantes.

6. En 2016 el entonces Alcalde y la Secretaria de Educación de Riohacha fueron destituidos e inhabilitados por irregularidades en la contratación del PAE. 

Mafias garantizan impunidad plena

De los 47 Fiscales que actualmente trabajan en La Guajira solamente dos se encargan de casos de corrupción, cada uno tiene más de 400 casos a su cargo; el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) cuenta con 60 investigadores pero solamente 3 de ellos trabajan en los más de 900 casos de corrupción que se encuentran en investigación, solo hay seis Juzgados que se pueden ocupar de casos de corrupción, al mes de junio del 2020 los Juzgados manejaban un promedio de 1.000 casos y tenían solamente entre tres y cinco funcionarios cada uno [6].

La Procuraduría no avanza en las investigaciones de hechos de corrupción, ha estudiado 92 casos de corrupción desde 2016, solo dos funcionarios gubernamentales han sido acusados pero ninguno ha sido sancionado, solo había un Procurador a cargo y hasta mes de marzo tenía aproximadamente 1.000 casos bajo su cargo.

La violencia de los grupos mafiosos, la corrupción en todos los niveles, los privilegios y las prebendas que el Estado colombiano le ha conferido a las multinacionales, han sumido a la población guajira en una crisis humanitaria creciente, enmarcada en una aguda depredación del territorio, estado de penuria que demanda la solidaridad y lucha de todo el país, para hacer a lado a este régimen mafioso que multiplica la miseria y destruye el medioambiente.