LA ‘TETA’ DE LOS ASESORES DE DUQUE

Sandra Ocaziones

El Gobierno de Duque ha llevado la corrupción estatal a niveles sin precedentes, ahora se conoce la trama de desfalcos tejida desde los asesores de la Presidencia, que cumple la ley del sistema de partidos colombianos que pugnan por ser Gobierno para saquear el erario.

La opinión acaba de conocer la feria de contratos otorgados a K. L. Vaquiro, una economista que en tan solo 26 meses firmó 24 contratos con el Estado mientras su esposo A. M. Mayorquín, trabajaba como asesor de María Paula Correa la Jefe de Gabinete de Duque.

Empresas fantasmas para desfalcar el erario 

A. M. Mayorquín y su esposa K. L. Vaquiro mediante documento privado el 23 de febrero de 2019 –un mes después del nombramiento de Mayorquín en la Presidencia–, constituyeron la empresa Link Consultores SAS con un capital suscrito y pagado de 10 millones de Pesos, pero con un capital autorizado, es decir con una meta accionaria de 1.000 millones de Pesos, el objeto de la empresa era el servicio de asesoría y consultoría empresarial privada y pública en casi todas las áreas: jurídica, financiera, marketing estratégico, coaching empresarial, intermediación comercial, entre otras [1].

La empresa Mayorquín y Vaquiro está domiciliada en un apartamento de 64,4 metros cuadrados en el Conjunto Santa Elena Reservado, en la transversal 65 con calle 59 sur en la localidad de Tunjuelito, Bogotá, extrañamente en este mismo domicilio funcionan cinco empresas más que ofrecen todo tipo de bienes y servicios; el inmueble donde funciona Link Consultores fue adquirido por los esposos a finales de diciembre de 2016, cuando Marroquín se desempeñaba como docente de la Universidad de La Sabana.

La feria de contratos

Entre noviembre de 2019 y diciembre de 2021 Vaquiro logró quedarse con 1.201.768.815 Pesos a través de diferentes contratos sobre temas legislativos, comunicaciones, ventas y gestión en entidades como la Aeronáutica Civil, la Superintendencia de Vigilancia, la Escuela Superior de administración Pública (Esap), la Presidencia, el Senado, la Agencia Nacional de Tierras, el Archivo General Nación, Prosperidad Social, Icetex, Registraduría, Alcaldía de Bogotá, Ministerio de Cultura, entre otras [2].

Según la investigación que sacó a la luz este nuevo caso de corrupción, Mayorquín no tendría la experiencia requerida para ejercer su alto cargo y Vaquiro tenía escasa experiencia laboral y nula experiencia con este tipo de contratos; además ninguno de los dos manifestó el evidente conflicto de intereses, el Director del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre) afirma que, “Vaquiro en la hoja del Sigep -donde los funcionarios y los contratistas deben constatar cualquier conflicto de interés o violación-, la señora mintió y manifestó ser soltera” [3].

Vaquiro era contratista del Estado desde antes de que su esposo fuera Asesor de la Presidencia, sin embargo, entre 2016 y 2019 solo le fueron adjudicados 3 contratos, tras el nombramiento de Mayorquín como asesor presidencial a Vaquiro le adjudicaron 7 contratos en 2020 y 17 contratos en 2021.

Los contratos del Secretario Jurídico de Presidencia

El 14 de enero se dio a conocer otro caso de corrupción en la Presidencia, se trata de Claudia Marcela Montealegre esposa de Germán Quintero, actual Secretario Jurídico de Presidencia; quien asumió este cargo el 12 de enero de 2021, antes ejerció cargos en los Ministerios de Minas, Comercio, Interior y Hacienda en los últimos tres Gobiernos, desde esa época a su esposa le han adjudicado múltiples contratos en la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Cultura, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad en Salud (Adres), la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (Ugpp), el Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales y la Alcaldía de Armenia [4].

Montealegre ha logrado hacer contratos en 16 ocasiones con el Estado, nueve de ellos adjudicados mientras su esposo ejerce como Secretario Jurídico de Duque, entre el 22 de enero y el 2 diciembre de 2021, por un valor total de 653.357.444 Pesos.

El cáncer hace metástasis dentro del Estado

La corrupción en nuestro país lubrica todas las esferas del poder, socava el Estado e impide a la población el acceso a la justicia y a los servicios sociales; además genera un detrimento patrimonial que según estimativos conservadores de la Procuraduría asciende a 50 billones de Pesos anuales.

La élite dominante y sus operadores políticos durante décadas engordan con la corrupción estatal y empresarial, beneficiando a sus allegados, patrocinadores, familias, y a sí mismos a través de fraudes, estafas, sobornos y coimas; por lo que el ejercicio de la política en Colombia es identificada como la actividad de una mafia que mata para seguir robando al país; en las elecciones eligen mayoritariamente a corruptos y a quien no lo sea lo cubre el adagio popular de que, ‘quien entre la miel anda termina untado’.