PAZ Y FALSAS VIEJAS MAÑAS

Himelda Ascanio

La idea de la tal dejación de las armas, sigue siendo el núcleo de la pacificación buscada por el Estado, desde siempre. Es el principal error que lleva al traste estos procesos, con que suplantan una real construcción de diálogo y búsqueda de la paz.

Otra vez, es el viejo y fracasado modelo de Desmovilización, Desarme y Reinserción (DDR), que básicamente busca esas tres metas sin que nada en el país cambie, es decir, para el caso de la insurgencia no es un proceso donde se pongan en discusión visiones y apuestas de país y formas de superar la desigualdad. Son procesos donde el Estado, de manera directa, ofrece la otra parte de la amenaza permanente: entregarse y evitar la posibilidad de ser asesinado por pensar diferente.

Un contrasentido para una organización revolucionaria que lucha justamente contra el Estado, ejerciendo el derecho a la rebelión, en la búsqueda de condiciones de bienestar y vida digna para las mayorías populares. Por ello, mientras los gobiernos sigan tratando de falsear procesos de paz mediante la implementación de este modelo de pacificación, estos están destinados a fracasar, ya que no plantean cambios estructurales y, por ende, niegan o claudican los objetivos de lucha.

Como daño colateral, estos supuestos procesos de pacificación se conviertan en reales procesos de propaganda, que falsamente buscan apuntalar el modelo del DDR y puclicitar así, un avance de la paz. Es decir, una reedición de falsas desmovilizaciones y acuerdos espurios en nombre de la paz.

Nuevos instrumentos, viejas mañas

El pasado jueves 18 de junio se instaló la primera, y hasta ahora única, Zona de Ubicación Temporal (ZUT), de tosa la que el gobierno deja proyectadas. 99 supuestos miembros de una de las disidencias de las antiguas Farc, entregaron sus armas y sus equipos al gobierno y se concentraron en el Valle del Guamuez, Putumayo. Llama la atención que sean 99 y no 100, pues, como lo indicaron ellos mismos, quien completa el centenar es el jefe de este grupo, Geovanni Andrés Rojas, alias Araña, quien sigue siendo ‘moneda de cambio’, en la negociación sobre la amenaza de extraditarlo a los Estados Unidos.

Las ZUT son el instrumento de la política de paz del gobierno Petro para mostrar el supuesto avance de los falsos procesos de negociación con bandas y grupos narcoparamilitares. Básicamente, consiste en la ubicación geográfica de un grupo o parte de él, sin que la supuesta negociación haya terminado.

Fue imposible no recordar los nefastos antecedentes de estos supuestos procesos de entrega de armas. Por ejemplo, lo acontecido hace 20 años, durante la primera presidencia de Uribe Vélez (2002-2006), cuando se produjo la falsa desmovilización del llamado Frente Cacica Gaitana de las Farc, montaje orquestado por el entonces Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, hoy prófugo de la justicia.

En aquel entonces como hoy, un grupo de supuestos combatientes de las Farc entregaron sus armas y se sometieron al resguardo del Estado, sin garantías de nada, sin concesiones o procesos reales de transformación. Con muchos visos de propaganda y con muchas evidencias de falsedad.

Aunque hay grandes diferencias entre esos procesos. En este caso, en la llamada Paz Total, las ZUT no son el broche de cierre de un proceso de negociación, sino que empiezan a funcionar en medio del proceso, sin definiciones ni discusiones finales y con muchas incertidumbres, incluso sin un marco jurídico claro que soporte el proceso mismo.

A menos de 2 meses de finalizar el gobierno, a 3 días de las elecciones presidenciales y con el país polarizado, esta concentración parece más un acto de propaganda desesperada para visibilizar al menos un supuesto triunfo de la Paz Total. Grave en cuanto deja ver el manejo y las reales intenciones del gobierno frente a un tema tan complejo y fundamental para el país.

El país tiene otros antecedentes de desmovilizaciones y concentraciones fracasadas con el llamado Acuerdo de Paz de las Farc en 2016, en donde también hubo figuras para la concentración de los desmovilizados. Pero que también terminaron siendo una especie de despensa de donde se surtieron los grupos disidentes, caso como el de la Zona de Concentración de Caño Indio en el Catatumbo, de donde muchos de los supuestos firmantes de paz terminaron integrándose a la banda 33, utilizando la figura de firmante para iniciar un proceso de nuevo paramilitarismo.

Todo esto suma a los argumentos desde los cuales es totalmente válido plantear el fracaso del modelo de pacificación. La inexistencia de una política de Estado para la construcción de la paz. Y la necesidad de procesos serios, reales y con protagonismo de la sociedad colombiana.

Asesinados de la semana

Dairo Padilla Nastacuas, era un líder indígena, comprometido con la defensa del territorio, los derechos colectivos y el fortalecimiento del trabajo comunitario en el Resguardo Awá de Chinguirito Mira y en las comunidades indígenas del municipio de Tumaco, Nariño. Fue asesinado el 15 de junio con arma de fuego al interior de su vivienda por hombres armados que irrumpieron en el lugar, causándole la muerte de manera inmediata.

Israel Quintero Arévalo, era un líder comunal, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda P30 Bajo El Milagro, en el municipio de Tibú, Norte de Santander. Fue asesinado el 17 de junio en el sector conocido como El Balancín, en jurisdicción del municipio de Tibú.

Milton Cerquera, era un líder indígena y ambiental, reconocido por su trabajo como Guardia Indígena y exintegrante de la Autoridad Indígena de Paletará. Fue asesinado el 18 de junio en la vereda Rionegro, del resguardo indígena de Paletará.

Eduardo Ojeda, era un líder comunal, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Los Caballos y tesorero de ASOJUNTAS en el municipio de Cravo Norte, Arauca. Fue asesinado el 18 de junio en la vereda El Veladero, jurisdicción de Cravo Norte.

Mónica Eugenia Sánchez, Román era una lideresa comunitaria y ambiental, reconocida por su trabajo social y por su cercanía con la comunidad, razón por la cual era conocida popularmente como “la concejala número 14”, pese a no ejercer formalmente ese cargo, se desempeñó como presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Los Almendros, desde donde impulsó iniciativas sociales y ambientales. El 19 de junio fue encontrada sin vida al interior de su vivienda, ubicada en el barrio Los Almendros, con un impacto de bala que le causó la muerte en el lugar.