LEY DE VICTIMARIOS, VÍCTIMAS SIN LEY
Himelda Ascanio
Se cumplen 15 años de la Ley de Víctimas, y se siguen expidiendo leyes en favor de los victimarios. En un Estado mafioso lleno de leyes inservibles, sin voluntad de superar la violencia y sin compromiso con las víctimas, la legislación está hecha para atizar la desigualdad.
Las clases dominantes no tienen compromiso con las víctimas, porque sufren de negacionismo del conflicto, alineándose con la doctrina imperialista de Seguridad Nacional, con la que persiguen y eliminan al Enemigo Interno, perpetuando así, la guerra contra las fuerzas populares.
La llamada Ley de Víctimas, que el pasado 10 de junio cumplió 15 años de haberla sancionado, planteaba el reconocimiento de aquellas personas víctimas del conflicto, con derecho a la indemnización como parte de la reparación. Sin embargo, a pesar de los billones destinados supuestamente a dicha indemnización, ni en lo estructural ni en lo superficial son reales los impactos sobre la dignidad de las personas, que siguen en la pobreza y en condiciones de vulnerabilidad de derechos.
Según las organizaciones de víctimas, en 2024 la pobreza monetaria de las personas víctimas fue de 44,58 por ciento, más de 10 puntos porcentuales por encima de la población no víctima. La ley de víctimas, al igual que varias otras, está desfinanciada, no está diseñada para reparar, menos a las más de 7 millones de víctimas, y la continuidad de políticas de guerra.
La guerra y la violencia sigue siendo atizada e impulsada por el propio Estado. Sobre todo, cuando las leyes están hechas para mantener las causas del conflicto, cuando hacer la paz parece estar fuera de la ley. Sin una voluntad de construcción de la paz no hay ninguna capacidad institucional y, por el contrario, las víctimas seguirán en aumento.
El desplazamiento forzado seguirá siendo la principal victimización, mientras sigan implementando políticas de tierra arrasada y despojo. De tal manera que hablar de indemnización, mientras se niega el conflicto y se impulsa la guerra, es otra forma de demagogia criminal desde el Estado que revictimiza.
Es obvio que pensarse verdaderas políticas de reparación y garantías de no repetición, reales y serias, pasa por desarrollar un proceso de construcción de paz, lograr un acuerdo nacional que apunte a la solución estructural de las causas del conflicto y a resolver la crisis. De tal manera que se dejen de generar víctimas y exista la posibilidad de superar la página de la violencia y la resolución violenta de las diferencias.
Asesinados de la semana
Steven Portillo Gómez, era un servidor público en defensa de los DDHH, abogado, quien pertenecía a la Defensoría del Pueblo de la seccional Caldas. Además, era residente del municipio de Chinchiná, en donde trabajaba por la comunidad y por el departamento. Fue asesinado el 7 de junio en el sector de La Violeta, cuando hombres que se transportaban en una motocicleta le dieron un disparo que le causó la muerte en el lugar.
Floricel Sánchez Andrade, era firmante del Acuerdo de Paz de 2016, quien se encontraba adelantando su proceso de reincorporación en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá. El 9 de junio fue víctima de un atentado en horas de la mañana, hecho que ocasionó su muerte.