ALGO MÁS QUE UN «INDULTO»
Comandante Antonio García
El historial de Juan Orlando Hernández es de vieja data. En 2009, fue decisivo su papel en el golpe de Estado contra el entonces presidente Manuel Zelaya.
Como recompensa el gobierno estadounidense donó decenas de millones de dólares en ayuda militar a Honduras, y durante mucho tiempo consideró a Hernández como un firme aliado en la llamada Guerra contra las drogas.
Pese a las cercanías con los EEUU, los vínculos de Hernández con los cárteles más poderosos siguieron dándose y están documentados en actas judiciales públicas. Por eso, en 2013 cuando realizaba su campaña para convertirse en Presidente le sería fácil aceptar 1 millón de dólares de manos del Chapo Guzmán.
En enero de 2014 se convertiría en presidente de Honduras y se reelegiría en 2017 para un segundo mandato inconstitucional, en unos comicios marcados por denuncias de fraude e irregularidades durante el conteo de votos. Y así, mientras desde el gobierno colaboraba con las agencias norteamericanas, mantenía vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico internacional de cocaína. Por supuesto, que los agentes de la DEA conocían de la participación de Hernández en el narcotráfico.
El 14 de febrero de 2022, fue solicitado por EEUU en extradición por delitos de narcotráfico. Al día siguiente, las fuerzas policiales se lo llevaron de su casa esposado de pies y manos. El 21 de abril de 2022 sería extraditado, un avión de la DEA lo llevaría a Nueva York.
En el juicio apareció también el nombre de su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández, condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Según los documentos judiciales, estructuras criminales protegidas por funcionarios hondureños movieron más de 500 toneladas de cocaína a través del país con destino al mercado estadounidense.
En el juicio del 8 de marzo de 2024 fue encontrado culpable por narcotráfico y otros delitos. El 26 de junio del mismo año un juez federal lo sentenció a 45 años de prisión.
Sin embargo, el 28 de noviembre de 2025, el presidente Donald Trump anunció en redes sociales que otorgaría un «indulto pleno y completo» a Hernández. Apenas tres días después, el 1 de diciembre, Trump concedió formalmente el indulto y Hernández fue liberado ese mismo día.
Lo insólito fue que el 3 de enero de 2026, a escaso un mes de dicho «indulto», Trump lanzaría el ataque contra Venezuela para secuestrar al Presidente Nicolás Maduro, acusándolo -sin pruebas- de lo mismo por lo que «indultó» a Hernández, reafirmando la incoherencia de los mandatarios gringos a la hora de aplicar justicia.
Trump estaba enviando una señal, al repetir como un ritual, el ataque orientado por él mismo el 3 de enero de 2020 en Bagdad, donde asesinó al General iraní Qasem Soleimani.
A finales de abril de 2026, la plataforma Hondurasgate y el Diario Red publicaron 37 grabaciones obtenidas de WhatsApp, Signal y Telegram. Las grabaciones, atribuidas al entorno del ex mandatario hondureño «indultado» Juan Orlando Hernández, ponen al descubierto una operación impulsada por Estados Unidos e Israel, para intervenir políticamente en América Latina contra gobiernos progresistas de la región.
Dicho escándalo conocido como Hondurasgate ha destapado el entramado de poder, que se mueve detrás de las cumbres oficiales, operado por una red de lobistas republicanos, familiares de Trump y empresarios tecnológicos de Israel y Estados Unidos, que explican las razones del famoso «indulto» y que tiene como propósito colocar a Hernández como un «operador político» de la ultraderecha, que se organiza desde la famosa cumbre «Escudo de las Américas» realizada el pasado mes de marzo en Miami con el fin de «contrarrestar la influencia de China en el continente».
Pero al mismo tiempo queda claro el compromiso de Israel con el «indulto» de Hernández, pues es evidente el interés de irradiar su injerencia por medio de la expansión de su tecnología de «cibervigilancia» en el Latinoamérica.
Si en los años 70 y 80 Tel Aviv exportaba armamento e instructores militares para las guerras sucias en el continente, hoy despliega sus capacidades en software de cibervigilancia y herramientas tecnológicas que han sido probadas en los Territorios Palestinos Ocupados.
El periodista Antony Loewenstein, autor de “El Laboratorio Palestino”, lo explica con crudeza: «Israel vende su ocupación de Palestina como un sello de calidad de su marca país cuando comercia armas y herramientas de espionaje». La Entidad Sionista ha construido su industria de ciberseguridad sobre sistemas de inteligencia como el software Pegasus, capaz de penetrar cualquier celular, tecnología ampliamente usada en Oriente Medio y más allá.
El software Pegasus, por ejemplo, ha sido utilizado para espiar opositores en Arabia Saudita, Togo, Uganda, Azerbaiyán, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, India, Kazajistán, México, Marruecos, Ruanda y muchos otros países. La primera gran compra la hizo el gobierno mexicano de Felipe Calderón para «luchar contra el narco». Quien gestionó el negocio fue Elliott Broidy, un recaudador de la campaña de Trump en 2016 que luego fue condenado por recibir sobornos, para cerrar una investigación sobre la malversación de mil millones de dólares de un fondo de inversión de Malasia; Trump, por supuesto, lo indultó antes de terminar su mandato. También Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ha usado Pegasus para espiar a periodistas que investigan sus escándalos de corrupción.
En Colombia, el gobierno de Iván Duque pagó 13 millones de dólares en efectivo por el software, enviando el dinero en un jet privado, según reveló el diario israelí Haaretz. Un general israelí retirado, Yahir Kulas, tuvo que intervenir para que un banco israelí aceptara esos fondos, dado el temor de que provinieran del narcotráfico.
El dato más revelador: el 80 por ciento de las 2.300 personas que fundaron las 700 empresas de ciberseguridad israelíes, son veteranos de la inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel, específicamente de las unidades dedicadas a controlar a los palestinos. Empresas tecnológicas gigantes como IBM, Microsoft, Oracle, Google, Motorola, Palantir y Amazon tienen contratos con esas mismas fuerzas de defensa para desarrollar software, cibervigilancia o bases de datos sobre la población palestina. El propio Peter Thiel invirtió, a través de su firma Founders Fund, en la israelí Carbyne, dirigida por antiguos miembros de la Unidad 8200 de cibervigilancia, gracias a la gestión del fallecido Jeffrey Epstein.
Al final podemos ver como un «indulto» es mucho más que eso, pues termina evidenciado el entramado político de la derecha Republicana de Trump, la Entidad Sionista, los negocios de la ciberseguridad, las empresas tecnológicas gigantes y las «pequeñas derechas locales», todo en función de garantizar la prolongación de la Unipolaridad gringa a punta de guerras.
ADENDA 1: Han quedado claras las preferencias de Petro al suspender las órdenes de captura contra los jefes del Clan del Golfo y darles «patente de corso» a la Banda del 33 para que se pasen sus anchas, mientras los agentes del CTI y la Sijín -capturados por el ELN- los deja que se defiendan solos y niega la posibilidad de un canje humanitario. Ni alguien que «abogue» por ellos. ¿Qué pensarán los demás agentes?