EL JUICIO EN CURSO POR ESPIONAJE Y OTROS DELITOS
Himelda Ascanio
Todas las instancias estatales han rechazado el juicio revolucionario, que condena a 4 agentes de seguridad del Estado. Una justicia alternativa revolucionaria no es una sustitución de funciones judiciales, es la aplicación de normas de una guerrilla, que no reconoce las leyes del Estado.
Habrá quienes no comprenden el por qué y el cómo, una organización guerrillera hace un juicio y condena a agentes de la Fiscalía y la Policía, puesto que es del interés del Estado mantener grandes niveles de ignorancia y confusión. A pesar, y tal vez por ella misma, de la cantidad de desinformación que circula por diferentes medios.
Las narrativas desarrolladas por los medios corporativos y el establishment, van encaminadas justamente a desconocer y negar las razones, causas y argumentos del conflicto social, político y armado que existe en Colombia. Dicha negación arbitraria e impuesta dista mucho de la realidad. Por el contrario, solo crea confusiones y agranda las causas que generan dicho conflicto y por las cuales, existe una insurgencia revolucionaria armada en ejercicio del derecho a la rebelión, desde 62 años.
La contradicción frente a la paz
Intentar negar el proyecto político histórico que es el ELN, es tan torpe como inútil. Pues la realidad se construye en los territorios. Negar las causas estructurales y pretender deslegitimar al adversario político, es la principal contradicción para la construcción de las transformaciones profundas, que se requieren para pasar la página de la violencia y construir la paz con bienestar y vida digna.
El Estado colombiano ha sido incapaz de construir una política de paz y, peor aún, intenta negar las realidades del conflicto apelando a la imposición de narrativas mediáticas y una especie de democracia militarizada. Combinación de las viejas doctrinas de contrainsurgencia y del Enemigo Interno, con sus respectivos ingredientes de paramilitarismo, pero edulcoradas con el llamado progresismo.
En 6 décadas de existencia y vida política rebelde, hay una construcción de proyecto y organización política, que contiene una justicia alternativa, y no solo la insurgencia rebelde la tiene, pues todas comunidades la construyen como Normas de Convivencia. El gobierno lo ha reconocido cuando ha querido sentarse a dialogar, dando reconocimiento como contendientes. Pero negándolo al ser incapaz de caminar realmente hacia la generación de cambios. La pretensión de pacificar, al igual que la de negar, es contraria a la búsqueda de la paz.
En el actual gobierno, la llamada Paz Total pasó rápidamente a ser una estrategia contrainsurgente y con ella combatir al ELN. Intentando someter y victimizar territorios que han sido testigos de la alianza, colusión, connivencia y asociación entre las Fuerzas Armadas estatales y grupos de mercenarios narcoparamilitares, los cuales, bajo la sombrilla jurídica de la paz, son protegidos, movilizados y sostenidos. Una contradicción más, en torno a la paz.
Mantener un carácter y reconocer, al contrario, incluso darles tratamiento humanitario y respetuoso a sus agentes, es ser coherentes con la altura y la dimensión política del conflicto. Proponer siempre la posibilidad de construir cambios y transformaciones que vayan al fondo de los problemas y así construir la paz con participación de la sociedad es el reconocimiento a las realidades y la voluntad política, que deben ser asumidas desde la verdad.
Asesinados de la semana
Sandra Nogales, era una líderesa Comunitaria, destacada por su trabajo con las comunidades del barrio Las Vegas, en el municipio de Bello, Antioquia. El asesinato de esta lideresa ocurrió en el barrio Las Vegas, donde recibió varios impactos de bala que le ocasionaron la muerte. En el ataque también resultó herido su esposo. Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha emitido la AT 013/25, que incluye al municipio de Bello con un llamado a la acción urgente, señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población. Así mismo, la AT la AT 036/19 para el municipio de Bello advirtió sobre la presencia de estructuras armadas ilegales, así como riesgos de reclutamiento de menores, desplazamientos forzados, homicidios selectivos, masacres y enfrentamientos que afectan a la población civil.
Jhon Alejandro Caicedo Gavilán, era un líder sindical, secretario general del sindicato general de trabajadores del Estado SUNET, además de trabajador administrativo de la alcaldía de Palmira, en el departamento de Valle del Cauca. Este directivo sindical fue atacado en el mes de diciembre en el barrio San Pedro, mientras se movilizaba en motocicleta junto a un familiar. Tras el atentado, fue trasladado a un centro asistencial donde permaneció en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI); sin embargo, por la gravedad de sus heridas falleció el 7 de mayo.
Mateo Pérez Rueda, era un líder y periodista en defensa de los DDHH, director de la revista El Confidente, estudiante de la Universidad Nacional de Colombia y un joven que trabajaba junto a las comunidades de Yarumal y Briceño, en el departamento de Antioquia. Su liderazgo radicaba en la denuncia, a través de su medio de comunicación, de los riesgos, amenazas y afectaciones que enfrentaban las comunidades en medio del conflicto armado. Mateo se encontraba en la vereda El Palmichal, jurisdicción del municipio de Briceño, realizando reportajes sobre los combates que se estaban presentando en la zona cuando fue reportada su desaparición. Posteriormente, su cuerpo sin vida fue entregado el 8 de mayo por integrantes del Frente 36 del EMBF a una comisión humanitaria.