LOS RESPONSABLES DE LA CRISIS DEL SISTEMA DE LA SALUD
Por Chavela Villamil
La privatización reglada por La ley 100 de 1993, convirtió el derecho fundamental a la salud en un negocio, que se rige por el libre mercado; lo que ha desmejorado la calidad de la atención y traída escasez de medicamentos, poniendo en vilo el derecho a la vida.
La ley 100 de 1993 entregó la salud pública al capital privado, que convirtió este derecho fundamental en un negocio mercantil. Las Entidades Promotoras de Salud (EPS) -en su mayoría de orden privado-, han regido la prestación de la salud bajo el principio neoliberal de libre mercado, lo que conllevado a que el usuario deja de ser una prioridad o un paciente, para convertirse en un cliente que depende de su poder adquisitivo. La prioridad no es el usuario, si no la generación de utilidades de las empresas de salud, sin importar si esto genera detrimento en la salud y la calidad de vida de los usuarios del servicio de salud.
Las fallas en la oportunidad de atención a los pacientes, las demoras en la atención en el servicio de urgencias, en promedio superan las 3 horas, en el caso de consulta externa la demora en promedio en la asignación de las citas supera las 3 semanas y, en el caso de las citas especializadas superan los 3 meses para la asignación; lo mismo ocurre en exámenes especializados, procedimientos quirúrgicos, entre otros.
El Plan Obligatorio de Salud (POS) actualmente es muy limitado y restringe muchos medicamentos esenciales, a la vez que limita o detrae el libre y fácil acceso a procedimientos médicos como exámenes, consultas especializadas, cirugías entre otros; lo que ha llevado a que los juzgados se saturen con centenares de miles de Tutelas que exigen la prestación oportuna de la salud y que muchos pacientes mueran a la espera de procedimientos médicos de los que depende su vida.
¿A quiénes sirve el desabastecimiento de medicamentos?
El desabastecimiento en los medicamentos, que inicialmente se evidenciaba en medicamentos de alto costo y ahora se ha extendido a todos los medicamentos, incluso se ha llegado al punto de no facilitar elementos básicos, como jeringas o métodos de planificación familiar.
Las EPS aseguran que la escasez de los medicamentos obedece a que “el Gobierno no ha incrementado la Unidad de Pago por Capitación (UPC)”, que es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
La escasez de medicamentos y suministros médicos no es algo nuevo, es algo que se ha venido presentando en la última década y, que aunque la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), desembolsa oportunamente los recursos a las EPS, están no cubren sus obligaciones oportunamente con las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y los gestores farmacéuticos, según datos de la Superintendencia de Salud las EPS adeudan a los gestores farmacéuticos cerca de 6,56 billones de pesos.
Incrementar la UPC no resuelve el déficit
El drama de las millones de personas que no reciben atención oportuna, ni los medicamentos adecuados, tanto en prescripción como en oportunidad de oferta, es motivo suficiente para declarar una emergencia económica, que permitiera aliviar el padecimiento de los usuarios y la flagrante violación a sus derechos fundamentales de la salud y la vida, sin embargo, una medida netamente económica paliaría la situación, pero no resolvería la crisis, ya que sus orígenes son estructurales y radican en la maldita Ley 100.
Las EPS con un enfoque exclusivamente empresarial han difundido a través de los medios de comunicación, la tesis de que “el desabastecimiento de medicamentos básicos y de alto costo, y el déficit de atención en términos de oferta y oportunidad, obedece al bajo monto de la UPC per cápita (gasto por afiliado), es muy bajo y no alcanza a cubrir los gastos realizados”; o sea, que están trabajando a pérdidas. ¡Ahora les salimos a deber!
Si la ADRES le diera más dinero a las EPS por cada afiliado, las más de tres décadas de mala atención a pacientes y la exigencia de derechos vía Tutela, ¿se resolverían de inmediato?, ¿qué garantiza que un mayor monto de la UPC, mejore la atención por parte de las EPS?
La UPC se disgrega en dos montos nominales, que tienen asignados rubros diferentes. Según el Ministerio de Salud para el año anterior, el valor anual de la UPC tuvo un incremento de 5,36 por ciento (compuesto por un 5.2 por ciento de inflación y un 0.16 por ciento por actualizaciones de servicios y tecnologías), estableciendo para el Régimen Contributivo un monto de 1.521.489,60 pesos y para el Régimen Subsidiado 1.323.403,20 pesos.
Hay que recordar que, el gobierno de Iván Duque (2018-2022), se ejecutó una disminución relativa de la UPC para el Régimen Subsidiado, llegando al 89 por ciento del valor del Régimen Contributivo.
Cambiar el modelo de salud para subsanar la crisis
Los oligopolios privados a los que pertenecen la EPS, continúan incrementando sus utilidades, a la par que utilizan los medios de comunicación de su emporio, para justificar la crisis como un asunto de manejo del Gobierno, pero la realidad muestra que, es una consecuencia de los problemas estructurales del modelo de la salud ¿las EPS son necesarias o necesitamos estatalizar el sistema de salud?
El problema de la salud en Colombia radica en que el modelo implementado es de corte neoliberal y se rige bajo la teoría del libre mercado, mientras esta política no sea modificada, la salud seguirá siendo un negocio lucrativo y los pacientes seguirán siendo tratados como clientes.
Se requiere una modificación a la Ley 100 o su derogación, de tal forma que se eliminen los intermediarios y se democratice su servicio en términos de gratuidad y atención oportuna.
La fortaleza del Sistema Público de Salud es vital para que un país afronte satisfactoriamente enfermedades prevalentes, pero esto solo se puede lograr en la medida que las políticas públicas estén encaminadas al bienestar social y no a la generación de utilidades para los negociantes, por esto Colombia requiere con urgencia un cambio de modelo económico que realice la estatalización del SGSS, que traerá beneficios a toda la población y contribuirá a ir pagando la Deuda Social.