GABINO EXPLICA EL DESLINDE CATEGÓRICO
Comandante Nicolás Rodríguez Bautista
Los grandes complejos económicos belicistas, inspirados en su sed de ganancia por la vía ilegal, escogieron a Colombia como centro de operaciones.
En nuestro país estaban creadas las condiciones: un Estado conservador, militarista y corrupto, subordinado a los intereses del poder imperialista de los EEUU.
Desigualdad social y desigualdad regional
En esas condiciones introducir los negocios ilícitos para el narcotráfico, era un ‘plato servido’, porque además ese Estado centralista, nunca se ha preocupado por hacer presencia social en las grandes regiones apartadas a donde siempre ha llegado solo con represión y violencia.
Por ello florecieron los cultivos de coca en aquellas regiones abandonadas por el Estado, donde en algunas de ellas existían estructuras guerrilleras, que nacieron muchos años antes que aparecieran los llamados cultivos de uso ilícito.
Los pobladores objeto de los comerciantes del ilegal negocio recibieron semillas y créditos a cambio de entregarles el producto, era una salida a su crítica condición económica, en regiones donde no hay vías de comunicación ni mercado para sus productos lícitos.
El negocio no podía ser más jugoso, los mismos comerciantes que daban créditos y semillas, vendían a los productores de hoja de coca, los insumos para su procesamiento.
El 1972 Nixon decreta otra guerra
Los sucesivos gobiernos bajo las líneas políticas imperialistas, dan el salto en la guerra anti subversiva ilegalizando a los productores y responsabilizando a la insurgencia de ser la responsable de que el narcotráfico se extendiera, mientras el jugoso negocio cada vez dejaba de estar en manos de los capos civiles del narcotráfico como Carlos Ledher, el Mejicano o los carteles de Cali y Medellín entre otros, para pasar a manos de la burocracia política estatal que lo monopolizó y lo mantiene.
En el desarrollo de un salto que le dieron a la guerra contrainsurgente con la creación por parte de del Estado del paramilitarismo, este encontró en el narcotráfico su principal fuente de financiamiento y sus agenciadores, el Pentágono y los señores de la guerra la clase política colombiana más recalcitrante en asocio con los militares, sostuvieron sus ejércitos ilegales a muy bajo costo.
Para reforzar el salto de ilegalización de la guerra contrainsurgente, impusieron el llamado Plan Colombia en 1999, que con el disfraz de lucha contra las drogas, desató la más feroz ofensiva contra la población, con la disculpa de la Guerra contra las drogas.
`Otro gran negocio, este para la Monsanto, fue la generalización de la fumigación con Glifosato. Y como si este no les fuera suficiente, llegó la compra de aeronaves estadounidenses, el pago de sus pilotos y las reparaciones de tales aeronaves para la fumigación.
Los sucesivos gobiernos de Colombia crecieron de manera exponencial sus Fuerzas Armadas (FFAA) y su cualificación, con alto número de soldados profesionales que engordó el presupuesto para la guerra y otorgó amplios poderes a la cúpula militar y policial.
Resultados:
* Indescriptibles ganancias para políticos, empresarios y militares promotores de la guerra y el narcotráfico.
* Más de 8 millones de desplazados del campo colombiano, que siguen deambulando hoy por el territorio.
* Millares de muertos, heridos, exiliados y prisioneros de la clase popular.
* El macabro espectáculo criminal de los llamados Falsos Positivos.
* El aun no examinado caso de La Escombrera, la fosa común más grande de Colombia compuesta por inocentes ejecutados en una operación militar de 2002 contra los barrios pobres de Medellín.
* La más profunda crisis social en la que se debate el país, mientras el narcotráfico sigue expandiéndose y engordando el bolsillo de sus promotores.
Si es posible una salida sin guerra y represión
Desde hace más de los años 80 del siglo anterior, el ELN planteó ante esta debacle, la humanización de la guerra asunto que no le mereció a la oligarquía su atención.
El ELN suscribió en sus Estatutos el DIH antes que lo hiciera el gobierno colombiano y además frente al narcotráfico hemos planteado:
1- Legalización de las sustancias psicoactivas.
2- Pacto de responsabilidad entre países productores y consumidores.
3- Los narcodependientes son enfermos, no delincuentes.
4- Planes alternativos para la población que trabaja en los cultivos ilícitos que deben sustituirse.
5- persecución a todos los carteles del narcotráfico, tanto de producción, como de comercio y distribución, incluida la persecución a los bancos lavadores de narco-dineros en el sistema financiero internacional, paraísos fiscales y a los productores de precursores.
Nuestros Congresos Nacionales desde 1989 son enfáticos en reafirmar su política de ‘deslinde categórico con el narcotráfico’. Esto es, ni comercio, ni pistas, ni rutas, ni laboratorios, y quienes individualmente han transgredido esta definición, ha sido drásticamente sancionados.
Nunca hemos negado, que el ELN recoge parte de sus finanzas, cobrando impuestos a empresas y personas que se lucran o tienen intereses en los territorios donde operamos hace más de medio siglo, incluidos los comerciantes que se lucran del ilícito negocio.
En Arauca desde hace dos décadas se acabaron los cultivos de uso ilícito, por decisión de las comunidades y el irrestricto respaldo del ELN.
Sobre la carta enviada al Departamento de Estado de EEUU y a la ONU, con la propuesta de examinar nuestra conducta en las zonas donde estamos y hay cultivos, ninguna de ellas ni el gobierno de Colombia respondieron.
Ojalá un gobierno se comprometa con la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito y planes alternativos para el campesinado que es sujeto de derechos.
Si así fuere, asumiríamos responsabilidades en tal empeño sin desmedro social y político de la población, porque ello sería parte de la salida política que desde hace más de 36 años hemos planteado.