LA ESTATIZACIÓN PUEDE LLEGAR A SER UN ÁNGEL
Claudia Julieta Parra
El neoliberalismo implantó la idea que cualquier sector, para que sea productivo debe ser enajenado y entregado al sector privado, con este dogma buscan el respaldo social para persistir en la privatización de sectores estratégicos, como la salud o los servicios públicos.
En la década de los noventa del siglo anterior nuestro país sucumbió ante los dogmas neoliberales y a través de un Conpes implanto la Apertura Económica (AE), bajo el sofisma de “mejorar relaciones comerciales e incentivar el crecimiento de la industria nacional”, pero esto solo fortaleció los oligopolios privados y vulneró el sistema estatal.
Urdieron una trama ideológica, en la que dieron fuerza a una falacia sobre el sector estatal, como incapaz de generar eficiencia y productividad, mientras el sector privado si las generaba, así justificaron la privatización de servicios públicos, los sistemas de salud y pensión, entre otros.
Durante décadas y en especial durante el actual periodo presidencial y un posible subsiguiente de características políticas similares, los gremios y los emporios económicos han tratado de generar pánico económico, sobre la posibilidad de que dejaran de estar en manos del sector privado y retornaran al monopolio estatal -estatización-, servicios estratégicos como la energía eléctrica, la salud, entre otros; en sus argumentos siempre hablan de “expropiación” y de la “incapacidad” del Estado para controlar servicios estratégicos, pasando por alto, que en la actualidad las EPS, en su mayoría de carácter privado, tienen en colapso el sistema de salud, y que el servicio energético del Caribe de carácter privado está colapsado y tiene altos costos para sus usuarios, entre otros; en contraste, Ecopetrol de carácter estatal es estable y solvente. Entonces, ¿quién dijo que el Estado no puede administrar sus bienes de manera eficiente?
La catástrofe del sector privado en la administración de la salud, es un claro ejemplo de que los emporios solo se preocupan por la obtención de utilidades y la rentabilidad del negocio, sin importar la calidad del servicio y el beneficio de los usuarios. Por otro lado, el principal problema que enfrenta el Estado al momento de administrar activos no es la falta de competencia sino la corrupción, por ende, es algo que exige la depuración de los funcionarios y el incremento de medidas anticorrupción.
En estricto sentido del beneficio y el bienestar de la ciudadanía, parece que es mejor alternativa estatizar los servicios estratégicos, que darle continuidad a un sistema que engrosa las riquezas de los emporios económicos, a costa de la decadencia de los servicios y la indignidad de la población.