No es coincidencia que desde que llegó a Colombia la Brigada de Asistencia de Fuerza de Seguridad (Sfab, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, las masacres y el exterminio contra los líderes se incrementaron, lo que reafirma que la actual matanza la perpetra el Estado.
El 2020 fue el de mayor violencia política y este 2021 inició con la agudización de la Guerra sucia contra procesos populares y de la oposición, arremetida que hace el régimen para imponer su plan de neoextractivismo, para el que requiere reconfigurar el territorio y desplazar a sus habitantes.
El uso de la violencia para mantenerse en el poder la usa el régimen para enriquecerse y para eliminar a sus opositores, terror de Estado que dirigen contra dirigentes populares y defensores de Derechos Humanos y del medio ambiente.
El asesinato sistemático de dirigentes populares y ex combatientes por medio de las Fuerzas Armadas (FFAA) y bandas narcoparamilitares apunta a “matar en la cuna” a todo el cuerpo social organizado que se oponga al régimen de dictadura mafiosa que rige en Colombia.
El terrorismo de Estado y el exterminio del contradictor político desde las altas esferas del poder en Colombia, está en los genes de las clases dominantes y es una de las características del régimen imperante.
Las bandas mafiosas operan como brazo sicarial al servicio del terror de Estado, mientras su brazo legal a través de la Policía les otorga licencia para seguir dando trato de Guerra a la protesta social, por medio del nuevo Estatuto contra las movilizaciones.
El exterminio de opositores que perpetra el régimen persigue “asesinar en la cuna” a fuerzas alternativas que pueden sacar del poder a la dictadura mafiosa dominante; pero este Genocidio político se demuestra incapaz de contener las crecientes luchas por paz y transformaciones en Colombia.