¿ESTADO INCONSTITUCIONAL?

Damaris Izaguirre

El asesinato de líderes sociales y populares ha sido una constante del régimen que se ha perpetuado Gobierno tras Gobierno, y desafortunadamente la sociedad ha terminado naturalizándolo y “acostumbrándose” a que protestar o pensar distinto cueste la vida.

La pobreza, la desigualdad y el usufructo del deber ser de la democracia y la función pública dieron origen a un conflicto social armado, al que los diversos Gobiernos sin distingo de Partido, ideología o vertiente política, se han enfocado en atacar las consecuencias y no las causas y a su vez implementan una política de pacificación que no resuelve los problemas estructurales y agudiza el conflicto existente.

El régimen para sostener los privilegios de una minoría de la población y sostener el statu quo, desde hace décadas adoptó e implementó la Doctrina de Seguridad Nacional impartida por el Tío Sam, cuya esencia es sofocar cualquier conato de sublevación o contradicción con el régimen, razón por la cual cataloga cualquier liderazgo social o popular como Enemigo Interno y por lo tanto lo ataca con toda la fuerza disponible, esto ha generado genocidios reconocidos como es el caso del exterminio de la Unión Patriótica, y el exterminio en curso de los líderes sociales y populares, y las masacres indiscriminadas que tienen por objeto atemorizar y evitar que exista organización popular por mínima o incipiente que esta sea.

La continuidad y sistematicidad del exterminio de líderes sociales populares, aunado a la impunidad que ampara a los ejecutores y determinadores de estos crímenes de Estado, llevaron a que en días pasados la Corte Constitucional declarara un Estado de Cosas Inconstitucionales; la Corte sustenta su fallo en la falta de concordancia entre la persistente, grave y generalizada violación de los derechos fundamentales de la población líder y defensora de derechos humanos, y la baja capacidad institucional y presupuestal para asegurar el respeto, garantía y protección de estos derechos.

Si bien la decisión de la Corte es una acción política importante que muestra la magnitud del terror de Estado, no es suficiente ya que no modifica la Doctrina que es la directa responsable del genocidio en curso, y el gobierno del cambio no está dispuesto a deponer esta doctrina; por lo tanto, es la sociedad la llamada a exigir el complimiento de las diferentes sentencias de la Corte y las transformaciones estructurales que han sido aplazadas por décadas, y que fueron el caldo de cultivo del estallido social de 2021.