PARAMILITARISMO Y GUERRA SUBSIDIADA

Comandante Antonio García

La colusión entre Fuerzas Armadas (FFAA) y los narcoparamilitares ha sido el método a través del cual el régimen aplica la Doctrina de Seguridad basada en el enemigo interno, donde todo aquel que se oponga al establecimiento es tratado con fuerza hostil.

21 militares retirados, un exfuncionario del DAS y dos civiles reconocieron y detallaron como operaba todo un entramado criminal auspiciado con dineros públicos, amparados, protegidos, aupados y hasta condecorados; premiados por cometer estos crímenes. En este caso reconocieron 303 víctimas, asesinatos que hicieron pasar por bajas en combate en el Casanare, varios ya cursaban condenas y se acogieron a los beneficios de la JEP.

No hace mucho la misma JEP imputaba cargos por Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad al General en retiro Mario Montoya y 8 militares más por el asesinato de 130 civiles (por ahora), que hicieron pasar como dados de baja en combates en el oriente antioqueño.

Emergió un modus operandi que ha dado cuenta de toda una estructura institucional, Estatal y hasta cultural que no solo normalizó, llamó héroes, aplaudió y, al tiempo que silenció los hechos, la puso al servicio en contra la población urbano-rural empobrecida, campesinos, indígenas, afros.

Este mismo año, unas semanas antes, la fiscalía anunciaba investigación contra el Brigadier general John Jairo Rojas por delitos cometidos durante su comandancia en Valle del Cauca, Cauca y Nariño, por nexos con la segunda Marquetalia, permitir corredores de movilidad, operaciones de narcotráfico en el Cauca y acoso sexual.

También y gracias a la población, se supo de intimidaciones, agresiones, amenazas contra campesinos en Tierralta (Córdoba), por ese hecho 30 soldados, dos suboficiales y un oficial del Batallón de Infantería número 33 de la Décima Primera Brigada, son investigados en tanto ya es claro y reconocido que “se hicieron pasar” como disidencias de las Farc para cometer estos hechos contra familias campesinas.

Finalizando septiembre se conoció que la DEA había señalado que oficiales de la policía trabajaban directamente con el Clan del Golfo.

Unos meses atrás, la Fiscalía imputó cargos contra 25 militares involucrados en la masacre en la vereda El Remanso, municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo), allí el Ejército bajo órdenes del entonces Ministro de defensa Diego Molano, asesinó a 11 personas que departían en un Bazar campesino. Así mismo, en julio fueron detenidos 15 militares, entre ellos dos coroneles y ocho militares en retiro por hacer falsas incorporaciones al Ejército y quedarse con los pagos que cada “falso soldado” recibía como salario, alimentación y viáticos.

Es una larga lista que data de la relación de altos cargos militares con los mal llamados «Falsos Positivos» pero también con carteles del narcotráfico, corrupción y una estrecha alianza con el paramilitarismo.

Solo recordar la lista que entregó “Otoniel” de políticos, funcionarios del Estado y militares señalados de tener vínculos o hacer parte de la estructura narco paramilitar del Clan del Golfo. Señaló así mismo, de manera directa a los Generales Mario Montoya y Leonardo Barrera Gordillo.

Por su parte, el exdirector del DAS de Casanare, Orlando Rivas, quien declaro ante la JEP, así lo ratificó. El DAS, parte de la rama ejecutiva, suplió funciones de policía judicial y funcionó como un engranaje clave de toda una macro estructura criminal encargada de facilitar el asesinato de líderes sociales, sindicalistas, defensores de derechos humanos, perseguir y presionar a todo aquel que incomodara al establecimiento.

Si bien ya no existe una institución con el nombre del “DAS”, sus «exagentes» siguen operando hoy, diseminados y diluidos en diferentes instituciones del Estado.

Esta planta de «exagentes» que alimenta y da vida al para-militarismo y el narcotráfico en Colombia sigue viva. Pero el gran entramado del paramilitarismo se encuentra en toda una red de empresarios nacionales y extranjeros, fuerza pública, carteles del narcotráfico y políticos, que sigue sin ser desmantelada, ocupando espacios de poder y toma de decisiones públicas, atacando al pueblo, cerrando la puerta a sus históricos reclamos y a la consolidación de sus autonomías.

La disputa de fondo, sigue siendo por el control de territorios estratégicos por su riqueza, carga de agua, productividad y potencial minero-energético, agro-industria, ganadería extensiva.

Sosteniendo cuál mano invisible se encuentran el interés empresarial de los EEUU y de Europa, así como también la OTAN, brazo militar de Occidente muy metido en ejes estratégicos del Ejército de Colombia.

Hasta aquí está lo conocido y lo que el Estado con las Fuerzas Armadas, empresarios y la alta clase política, han apadrinado al paramilitarismo como un componente de la lucha contrainsurgente, donde las Fuerzas Armadas del Gobierno articulaban en varios planos y niveles con los grupos paramilitares. Hoy, lo nuevo es la articulación del paramilitarismo en una gran estrategia que se llama «Guerra subsidiada», como se viene desarrollando en otras latitudes.

Aprovechando el Cese el Fuego con el ELN, donde el Gobierno se comprometió en cesar las acciones militares ofensivas contra el ELN, el Estado puso a marchar un gran diseño para copar el territorio con todos los grupos paramilitares entre los que se cuenta al Clan del Golfo, los Pachencha, los Conquistadores de Sierra Nevada, así como también los grupos de las Ex-Farc, sean de la Primera o la Segunda Marquetalia, que suficiente información hemos entregado de sus articulaciones con los planes gubernamentales.

Podrá verse que por momentos aparecen enfrentamientos puntuales entre las Fuerzas Militares y estos grupos, pero no es más que el encubrimiento que se hace del plan estratégico en curso. Son las unidades del Ejército las que preparan el terreno y apoyan para que estos grupos se posiciones en amplios territorios donde las unidades del ELN hacen presencia, incluso han aprovechado para instalarse y extenderse en los municipios en donde se acordó el funcionamiento de los Mecanismos de Monitoreo y Verificación del Cese el Fuego Bilateral.

Así las cosas, el Cese el Fuego se ha convertido en la gran oportunidad para el Estado avanzar en su plan de consolidar posiciones militares en el marco de una Guerra Subsidiada que adelantan por medio de los grupos paramilitares. Estamos ante un plan de guerra en el curso de un proceso de paz. Podríamos decir que la gran conclusión sería: «La paz total» es una estrategia para ganar la guerra por medio de una guerra subsidiada.