SOBORNOS, TRAMPAS, CIANURO E IMPUNIDAD
Sergio Torres
La “serie” sobre el caso Odebrecht en Colombia no termina, constantemente con cada aparente cierre de investigación se produce un nuevo punto de clímax que tiende a implicar a la cúpula de esa pirámide de corrupción, ¿hará falta una nueva dirección de la Fiscalía para implicar a los ‘peces gordos’?
La Fiscalía en cabeza de Barbosa tiene como tarea cerrar las investigaciones, terminar rápida y convenientemente con este caso. Así se deja ver a través de los comunicados emitidos durante los meses de julio y agosto donde anunció la imputación de delitos a 29 personas, entre ellas Marcelo Odebrecht, jefe de la constructora brasileña, la exministra Cecilia Álvarez y el excandidato presidencial Oscar Iván Zuluaga y solicitudes de imputación a 84 personas.
Después del anuncio del 13 de junio de 2023, donde la Fiscalía difundió que imputaría al excandidato presidencial Oscar Iván Zuluaga, a su hijo y gerente de campaña David Zuluaga Martínez y a la exministra Cecilia Álvarez, desde esta entidad no han parado los anuncios.
El 6 de julio la Fiscalía publicó las razones por la que imputaba a la exministra de Transporte Cecilia Álvarez, denunciando irregularidades en el proyecto Ruta del Sol II. “Con su proceder, la exfuncionaria, al parecer, favoreció a la concesionaria ‘Ruta del Sol’ y benefició un proyecto fluvial sobre el río Magdalena que planeaba poner en funcionamiento una terminal en Gamarra (Cesar)” [1].
En agosto, tras conocerse la aceptación de responsabilidades y el acuerdo del grupo Aval con Comisión de Valores y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. La Fiscalía se lanzó a tratar de publicitar resultados; el 17 de agosto en una extensa publicación titulaban: «Fiscalía revela entramado de corrupción con el cual directivos de Odebrecht habrían creado una empresa criminal para entregar más de 80 mil millones de pesos en sobornos en Colombia».
De esta manera publicaban el esquema del negocio: «Con ofrecimientos y entrega de dinero contaron con la ayuda de altos funcionarios del gobierno como ministros y directores de institutos; congresistas, funcionarios públicos de distintos niveles, lobistas, contratistas y particulares, quienes realizaron actuaciones ilegales que favorecieron a la multinacional brasileña» [2]. Dando a entender que ya estaba desbaratada la estructura corrupta, pero sin contar que las principales cabezas aún continúan impunes.
Según el balance presentado sobre las investigaciones del caso y con relación a las personas investigadas van: 93 solicitudes de imputación, 20 imputaciones realizadas, 17 escritos de acusación presentados, 4 principios de oportunidad y 11sentencias condenatorias.
El más reciente comunicado de la Fiscalía, 30 de agosto de 2023, anunció la imputación a otros nueve exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), un contratista y un exinterventor por irregularidades del contrato Ruta del Sol II. «Actuaron de manera colectiva y avalaron los estudios de conveniencia, sustentación, valoración y presentación de actas de convalidación de los otrosíes… que contrató los diseños para el tramo Ocaña – Gamarra; y cambió la forma de pago» [3].
Los ‘peces gordos’ que no se pescan
Del acuerdo del Grupo Aval con la justicia de Estados Unidos, surgió una primera gran incógnita: ¿quién es uno de los tres funcionarios de alto rango, » el Colombian Oficial III», relacionado como beneficiario del pago de coimas? “Puede ser Juan Manuel Santos, puede ser Germán Vargas Lleras, puede ser María Lorena Gutiérrez”, planteó José Elías Melo, el único integrante de Corficolombiana condenado por este caso.
El otro gran «enigma» es Néstor Humberto Martínez, probablemente el funcionario más untado en todo este caso, como parte del grupo Aval, como fiscal y como probable determinador de la muerte de Jorge Enrique Pizano y su hijo. Por ahora, evidenciando su claro favorecimiento, la Fiscalía ha dicho: “No existen por el momento evidencias específicas en su contra que le permitan a la Fiscalía darle una calidad de judicialización al doctor Martínez”. A pesar de esto, Juanita Pizano, hija del Controller asesinado con cianuro, ha pedido la reapertura de la investigación denunciando a Martinez.
Una grave denuncia hicieron los defensores de los funcionarios imputados, plantean manejos y amenazas a quienes han testificado contra ‘peces gordos’, pues la Fiscalía les abrió investigaciones o fueron desconocidos sus acuerdos de colaboración con la justicia.
Confesión en Estados Unidos, impunidad en Colombia
El presidente Gustavo Petro no podía quedarse callado y comentó “Confesión en Estados Unidos, impunidad en Colombia” a la par que hacía publica en su cuenta de X la orden a la cancillería para utilizar todos “los mecanismos de colaboración jurídica con los gobiernos de los EEUU y Brasil para establecer los daños y las reparaciones que la confesión del grupo Aval genera al estado Colombiano» y pedir la reapertura de investigaciones «le solicito respetuosamente a la fiscalía reabrir los casos, si es necesario del proceso de Odebrecht/Aval y hallar los destinatarios de los sobornos».
Está claro que el papel de la Fiscalía es garantizar la impunidad de la cúpula de este entramado corrupto, sin embargo, con los meses contados para un cambio de dirección en la Fiscalía, surge la expectativa si un nuevo o nueva Fiscal General tendrá la capacidad de desmantelar las cabezas de la mayor estructura de corrupción de los últimos tiempos.
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[1] Fiscalía imputa a exministra de Transporte Cecilia Álvarez por posibles irregularidades en el trámite y celebración de la adición del tramo Ocaña – Gamarra al proyecto Ruta del Sol II. Fiscalía General, 06-07-2023.
[2] Fiscalía llama a imputación de cargos a 33 personas entre funcionarios y exfuncionarios de la ANI dentro del caso Odebrecht por presuntas irregularidades en 6 otrosíes de Ruta del Sol II. Fiscalía General, 17-08-2023.
[3] Fiscalía imputa a nueve exfuncionarios de la ANI, un contratista y un exinterventor por presuntas irregularidades en cuatro otrosíes del contrato Ruta del Sol II. Fiscalía General, 30-08-2023.