LOS SEGUIDORES DE URIBE ENCABEZAN LA CORRUPCIÓN
Sergio Torres
Ninguna de las dependencias del Gobierno de Iván Duque (2018-2022) ‘pasó en blanco’ en materia de corrupción, la medida de sus criminales transacciones se mide por la cantidad de dinero y la impunidad con la que concretan sus desfalcos.
Un Informe reciente de la Contraloría General de la República vincula al Departamento de Prosperidad Social (DPS) en la pérdida de más de 22.000 millones de Pesos. Dinero de los programas que ofrecen subsidios para las familias vulnerables y en situación de pobreza; este Informe reveló que muchos de esos subsidios eran pagados a personas fallecidas, además de 50.000 nombres que recibieron dineros sin cumplir los requisitos.
Bajo la dirección del DPS están los programas de ayuda como: Jóvenes en Acción, Familias en Acción e Ingreso Solidario, destinados a ofrecer subsidios y ayudas económicas a población vulnerable, sin embargo, estos programas han sido utilizados para que miles de millones de pesos no lleguen a la población necesitada sino que se entreguen a avivatos y hasta muertos.
Entrega de subsidios o robo por entregas
Fue la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) de la Contraloria, quien realizó los hallazgos, tras analizar listados de desembolsos a beneficiados en varios de los programas del DPS en el año 2021. Lo que hizo fue cruzar 98 bases de datos del Estado con las listas de beneficiarios, estableciendo que más de 50.000 personas recibieron dineros subsidiados sin tener los requisitos.
En el programa de Jóvenes en Acción se encontró que se giraron aproximadamente 14.100 millones de pesos a personas que no cumplían los requisitos para recibirlos o no estaban en listas del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén). En el caso del programa Familias en Acción, que debe entregar subsidios a hogares en pobreza extrema, se denunció que “3.965 millones de pesos fueron girados a 8.347 personas que no estaban inscritas en el Sisbén o no cumplían los requisitos”.
Otra vez los seguidores de Uribe
Resulta prácticamente imposible obviar la relación entre el uribismo y la corrupción. De la misma forma y por la misma lógica, es imposible encontrar alguna dependencia del Gobierno de Iván Duque donde no se hayan robado buena parte de las finanzas del Estado. Esta relación se confirma nuevamente, pues al frente del Departamento de Prosperidad Social (DPS) estaba Susana Correa, una férrea exmilitante del Centro Democrático.
La exdirectora del DPS ha pertenecido a la nómina del uribismo en sus diferentes Gobiernos; así mismo su familia ha estado involucrada en casos de corrupción como Agro Ingreso Seguro, pues 2 empresas registradas a nombre de Alvaro Correa Borrero, hermano de Susana, recibieron beneficios por 3 mil millones para el ingenio Mayagüez y 700 millones para Inversiones Alvalena y La Juliana S.A.
En Cali, Susana Correa fue agente especial interventora de la Superintencia de Servicios Públicos para liquidar Emsirva, la empresa de servicios varios de la ciudad. Luego fue gerente general de la empresa de servicios públicos Emcali Eice E.S.P. entre 2008 y 2010 y también estuvo a punto de liquidarla. En 2014 fue senadora por el Centro Democrático. Y concluido este periodo entró a dirigir el DPS, estando en este cargo tuvo ya un primer escándalo, pues luego de la devastación que dejaron los huracanes Iota y Eta en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en noviembre de 2020, el presidente Duque la designó como gerente de la reconstrucción, en lo cual se evidenció un total fracaso en la ejecución de las obras y proyectos destinados a la recuperación de las islas. Prácticamente de la reconstrucción del archipiélago también se desapareció el dinero.