PRESOS POLÍTICOS
Antonio García, Primer Comandante del ELN
En Colombia cuando las discusiones sobre ciertos temas pasan a los medios masivos de comunicación, se les da un enfoque acorde a la defensa de los intereses económicos y políticos de sus propietarios.
Frente a temas sensibles los periodistas se reducen ellos mismos o son reducidos a simples trabajadores que cumplen la labor de trasmitir el enfoque editorial que se les orienta, en ocasiones sin dimensionar lo que pueda producirse en la opinión pública, o mejor, en la ya creada “opinión publicitada”.
Negación. Cuando se habla de Presos Políticos en Colombia, la reacción es de negación, no existe dicha condición, eliminar una categoría que recoge la realidad de todos y cada uno de los insurgentes que se encuentran privados de la libertad en razón de su lucha, consecuencia del valor de enfrentar un régimen de opresión, trivializando así no solo su condición, sino negando de suyo las razones de fondo que mueven una voluntad rebelde. La ruta más fácil es, para el mismo sistema, negar la realidad señalándolos como terroristas o simples delincuentes comunes.
Confusión. Ocurre algo no menos perverso, es la tergiversación y confusión que los mismos medios van generando cuando presentan a políticos presos por corrupción, en lo simbólico les van dando un trato como si fuesen presos políticos, creando en la opinión pública una asociación intencionada, donde al político preso sea visto como un preso político. Parece un juego de palabras pero lo que se logra con ello, es llevar la discusión a un lugar trivial, además de profundizar la negación e invisibilización del problema de miles de detenidos que si tienen la condición de Presos Políticos.
Perseguir toda forma de oposición. En Colombia los presos políticos son todas aquellas personas que por razones de su pensamiento político, sus posiciones ideológicas y acciones, son víctimas del régimen represivo de turno. Están ahí los trabajadores, campesinos, estudiantes, pueblos indígenas y comunidades negras, así como cualquier poblador que defiende los Derechos Humanos, que lucha contra el hambre, o también defiende el agua, el rio, el mar, sus costumbres, la selva; cada persona que por su compromiso con causas sociales y de defensa de la madre tierra, es perseguida y encarcelada.
Perseguir la pobreza. La política criminal colombiana tiene como centro la criminalización de las personas pobres, llenar las cárceles con quienes consideran indeseables y que, en su sentir, estorban en la sociedad; es por esa razón que el país tiene una de las mayores tazas de población privada de la libertad de todo Latinoamérica, basta con dar un vistazo al arraigo económico de las personas para concluir que son los más pobres, haciendo creer que la gente de bajos recursos delinque más, encubriendo que es allí donde se coloca el acento de la persecución.
Si existiera una verdadera intención de las instituciones del régimen en perseguir la corrupción de la élite económica y política, esta no saldría bien librada.
Se cuentan por miles las personas que están sindicadas o condenadas por delitos creados para contener la protesta social, por eso se judicializa a una persona hasta con dos años de cárcel si obstruye una vía pública para protestar o lanza algún objeto en razón de esa misma protesta. Son delitos claramente creados para amedrentar a quienes inconformes salen a las calles a exigir mejores condiciones de vida o simplemente reclaman derechos negando que la misma constitución dice son fundamentales.
Esto sin contar a los cientos de compañeros detenidos del ELN a quienes se les desconoce su condición de revolucionarios, incriminándolos como terroristas e incluso, concierto para delinquir, delitos que nada tienen que ver con su posición de insurgentes, de rebeldes, pero lo hacen con miras a evitar reconocer el delito de Rebelión y generar falacias al momento de indicar que en Colombia no hay Presos Políticos.
Sin olvidar que son doblemente castigados al ser sometidos no al régimen carcelario institucional, sino al régimen corrupto de las prisiones que hoy es gobernado por las mafias paramilitares y del narcotráfico, poniendo en riesgo día a día la vida de los Presos Políticos al ser hostigados continuamente tratando de quebrar su voluntad y que se rindan ante su enemigo de clase.
Seguimos en la defensa de la Rebelión, por cuanto no es un delito sino un Derecho de los pueblos a levantarse para luchar en contra de regímenes que oprimen y que en la práctica cierran todos sus espacios democráticos, obligando a la sociedad a movilizarse por la defensa de sus derechos y su existencia. Lo que debería ser una muestra clara de una política de paz, reconocer la existencia de los Presos Políticos, el actual gobierno los sigue desconociendo.