¿HASTA CUÁNDO LA PERSECUCIÓN A LA PROTESTA SOCIAL?
Himelda Ascanio
El 9 y 10 de septiembre se conmemoraron dos años de la masacre de 14 personas y más de 305 heridos a manos de la Policía en Bogotá y Soacha, lucha contra la crueldad policial que hoy se mantiene pues militares y paramilitares continúan atacando la protesta social.
En la Cámara de Representantes el 5 de septiembre se realizó la Audiencia Pública convocada por la Comisión Accidental para la verificación y garantías de Derechos Humanos (DDHH) de las personas capturadas durante el Estallido Social de 2021, hubo más de 40 intervenciones de familiares y colectivos de las Primeras Líneas y organizaciones defensoras de DDHH [1]; Juliette de Rivero, representante de ONU DDHH (Oacnudh) manifestó tres preocupaciones:
1) la utilización de tipos penales como terrorismo y concierto para delinquir es excesivo y desproporcionados a las conductas observadas,
2) la estigmatización de las personas pertenecientes a las Primeras Líneas con el fin de criminalizar el ejercicio legítimo del derecho a la protesta social y,
3) la utilización de la persecución penal como un instrumento de disuasión; algunos mandos de la Policía Nacional reconocieron públicamente que las detenciones de jóvenes en días previos a las protestas o elecciones tenían un efecto disuasorio para prevenir la participación masiva [2].
La señora Rivero agregó que en el Informe ‘Paro Nacional 2021: Lecciones aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Colombia’, denunció que se cometieron graves violaciones a los DDHH, tales como privaciones arbitrarias de la vida, violaciones a la integridad y seguridad personal, derivadas del uso innecesario o desproporcionado de la fuerza, detenciones arbitrarias, violencia sexual y de género, y actos de discriminación y racismo.
Informes de organizaciones defensoras de DDHH quienes registraron que en el Paro de 2021 hubo 7.260 víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad entre ellos 87 asesinados, 1.929 heridos, 103 lesiones oculares graves, 3.576 detenciones arbitrarias que conllevaron tortura, abuso sexual y desapariciones, 103 violaciones sexuales, más de 312 desaparecidos y 343 ataques contra Defensores de DDHH [3].
Igualmente, expusieron las investigaciones donde atribuyen al Gobierno de Duque Prácticas Genocidas como criminalizar la Protesta Social, desde el Paro 21N de 2019 hasta el Estallido Social de 2021 la Fiscalía abrió más de 5.472 investigaciones contra manifestantes, de las cuales 2.926 están inactivas y 2.546 están activas, hay 2.986 personas indiciadas, de estas 717 con formulación de cargos y 691 con captura legalizada [4].
Desde agosto de 2021 hasta julio de 2022 más de 300 jóvenes pertenecientes a las Primeras Líneas fueron detenidos y privados de su libertad en los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Risaralda, Santander y Sucre; en 85 de los casos, la Fiscalía incluyó el delito de concierto para delinquir y en 54 casos el delito de terrorismo basados en prueba infundadas [5].
La Arquidiócesis de Cali denunció el asesinato de los jóvenes Edinson Rivas en el sector de Cuatro Esquinas, Juan David Díaz en el barrio Mojica y Eddy Albornoz en el Parque de los Estudiantes entre el domingo 4 de septiembre y el martes 6 de septiembre, quienes participaron en los diferentes colectivos en los Puntos de Resistencia en Siloé y eran integrantes del Programa Forjar Oportunidades nacidos del Paro Nacional [6]; la Arquidiócesis alerta que entre 1993 y 2022 han asesinado 25.987 jóvenes entre los 14 y 28 años, cuya causa es la violencia generada por problemas estructurales, que se expresan en la exclusión de sectores sociales de las periferias de la ciudad.
Los sacrificados de esta semana
Arley de Jesús Graciano Úsuga era excombatiente y miembro de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Badillo en Ituango, Antioquia, fue asesinado el 26 de agosto en dicho municipio.
En el sector de Pescadero corregimiento Algarrobos de Villanueva, Bolívar, el 2 de septiembre perpetraron la masacre que dejó tres víctimas fatales identificadas como Manuel Víctor, Darwin y José Alfredo Mercado Vivanco.
Reude Suárez Guerrero era excombatiente e integrante de la Asociación para la Reincorporación y la Paz en el Catatumbo donde desarrollaba un proyecto productivo, fue asesinado el 7 de septiembre en el barrio Miraflores de Tibú, Norte de Santander.
Sandra Patricia Montenegro era educadora y monitora del Instituto del Deporte, la Educación Física y Recreación del Valle del Cauca (Indervalle), integrante de la JAC y del Consejo Comunitario, fue asesinada el 6 de septiembre mientras dictaba clases a sus alumnos en el corregimiento Guanabanal de Palmira, Valle del Cauca.
En la avenida Caracas, en la localidad de Chapinero, Bogotá, el 4 de septiembre asesinaron y desmembraron cuatro personas identificadas como Arely Orlay Hurtado Muñoz, Duván Amaya Cueto, Maikol Javier Cervantes Orozco y Yahir Alfredo Serna Díaz, las víctimas fueron tiradas en bolsas de basura en el barrio Bochica en Engativá, y La Esperanza en Suba.
Sibaris Lamprea Vargas de 42 años, era Secretario Administrativo de la Unión Sindical Obrera (USO) en Barrancabermeja, Santander, fue asesinado el 11 de septiembre cerca del parque Camilo Torres de esta ciudad.
En la vereda Miraflores sector de Miralindo de Landázuri, Santander, el 11 de septiembre perpetraron la masacre de cuatro miembros de una familia identificados como el docente Álvaro Díaz Pineda, su esposa Loiden Acuña Pérez, su hijo Johan Sebastián Díaz Acuña de 16 años y una niña de 13 años.
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[1] Una nueva audiencia para pedir la libertad de los presos detenidos por protestar. Cambio Colombia, 06-09-2022.
[2-5] Intervención de Juliette De Rivero en Audiencia Pública de la Comisión para la Verificación de Garantías y Derechos Humanos de personas capturadas en el marco de la protesta, de la Cámara de Representantes. Oacnudh, 06-09-2022.
[3] El sometimiento de la democracia. Un balance del derecho a la protesta social en Colombia en el año 2021. Defender la Libertad, 16-12-2021.
[4] La tragedia de los montajes judiciales. Colombia Informa, 01-09-2022.
[6] Urgente salvar la vida de los jóvenes de Cali. Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali, 07-09-2022.