LOS ESTRAGOS DE LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS
Himelda Ascanio
La semana pasada en su visita a Bogotá los voceros de Estados Unidos afirmaron que sus políticas del pasado contra el narcotráfico han marginalizado a algunas personas en Colombia, narrativa edulcolorada de los desastres humanos y medioambientales que acarrean.
El 29 de mayo de 2017 el Gobierno de Juan Manuel Santos creo el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), para las familias cultivadoras, no cultivadoras y recolectoras de hoja de coca, en el marco del punto 4.1 del Acuerdo Final de Paz que a su vez se articularía con el Punto Uno sobre Reforma Rural Integral.
El Pnis contempló la entrega de 36 millones de Pesos para cada familia inscrita como parte del Plan de Atención Inmediata (PAI), el costo total de la implementación sería de 8,3 billones de Pesos, para 100 mil familias para un proceso progresivo a 15 años (2017-2031) [1]; Duque desfinanció el Pnis en el Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022), aprobando solo 10 mil millones de Pesos anuales, en el 2020 solo 58.940 familias recibieron tres pagos únicamente para alimentación.
El largo brazo gringo
Por su parte Estados Unidos el 16 de enero del 2020 aportaría cerca de 5 mil millones de Dólares, aproximadamente 16,5 billones de Pesos para el plan contrainsurgente en las Zonas Futuro, destinado a la erradicación forzada y a la militarización incluida la Brigada Especial de Asistencia de Seguridad (Sfab) y la creación del Comando contra el Narcotráfico y las Amenazas Transnacionales (Conat) [2], operaciones militares que llevaron al destierro de los campesinos como lo viene haciendo la Operación Artemisa que desarrollan en la Zona Futuro de Chiribiquete y Parques Nacionales Naturales aledaños [3].
En los 56 municipios priorizados para el Pnis se concentró el 48 por ciento del exterminio del liderazgo popular, 75 de los asesinados eran integrantes de este Programa; además la tasa de homicidio de estos municipios subió de 56 por cada 100.000 habitantes en 2017 a 73 en 2018 y 60 en 2021.
En 18 operativos de erradicación forzada entre 2020 y 2021 las FFAA violentaron las comunidades y asesinaron entre otros al indígena awá Ángel Artemio Nastacuas en Tumaco, los campesinos Ariolfo Sánchez en Anorí, Antioquia, y Alejandro Carvajal en Sardinata, Norte de Santander, en marzo de este año el Comando Conjunto No. 3 del Suroriente masacró a 11 campesinos entre ellos un Gobernador indígena y el Presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) de Alto Remanso en Puerto Leguízamo, Putumayo [4].
Para la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (Asocbac) la solución del problema de los cultivos de uso ilícito debe ser de la dimensión del mismo, hay que llevar inversión social al territorio y darle garantías a los campesinos para que produzcan y puedan comercializar sus productos [5].
¿Y la Política de la Vida?
Luis Fernando Cuesta Lozano de 28 años, era excandidato al Concejo municipal por el Movimiento Cívico Cañizalistas, fue asesinado el 16 de agosto en el barrio Primero de Mayo en Apartadó, Antioquia.
En la vereda El Bosque corregimiento de San Javier, Ciénaga, Magdalena, el 19 de agosto perpetraron la masacre que dejó tres víctimas fatales.
Alexander Betancurt Forero excombatiente que pertenece a la Cooperativa Multiactiva de los Comunes, el 21 de agosto fue víctima de un atentado sicarial del que salió ileso en el corregimiento de Puerto Frazadas, Tuluá, Valle del Cauca.
José Miguel López Mesa de 21 años era líder juvenil y de deportes, junto a Luis Yernei Ortiz y Marco Antonio Gómez Muñoz fueron las víctimas fatales de la masacre perpetrada el 21 de agosto en el Alto de la Virgen de El Bagre, Antioquia.
Elmer Castañeda era Direcctivo de la JAC del barrio Galaxia y de la Asociación de JAC de la Comuna 10 Estación Gutiérrez y militante de la Colombia Humana, fue asesinado el 21 de agosto en el barrio Galaxia en Dosquebradas, Risaralda.
En Buga, Valle del Cauca, el 24 de agosto perpetraron una masacre que dejó tres víctimas fatales dos de ellas identificadas como Fernando Leal Martínez de 45 años y Celsa Elisa Miranda López de 61 años y una tercera persona quedó herida; minutos después en el barrio Albergue otras tres personas resultaron heridas en un ataque sicarial, el 22 de agosto en ese barrio hallaron el cuerpo desmembrado de Andrés Mauricio Soto de 19 años.
En el sector El Amparo localidad de Kennedy, Bogotá D.C., el 25 de agosto hallaron tres cadáveres en una carreta de reciclaje en bolsas y con signos de tortura.
En la vía que conduce de Chiles a Mayasquer en el sector La Puerta en Cumbal, Nariño, el 26 de agosto perpetraron la masacre de tres indígenas de los Resguardos Panán y Chiles de los pueblos Pasto y Quillasingas, identificados como Adriana Guerrero Tarapuez, Emilson Calpa Tupue y Armando España.
En el barrio Pueblo Nuevo en Cúcuta, Norte de Santander, el 27 de agosto perpetraron una masacre que dejó cuatro víctimas fatales.
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[1] Pnis, un programa ejecutado a cuentagotas. Verdad Abierta, 22-11-2021.
[2] Colombia anuncia ayuda de EEUU por USD 5.000 millones para combatir narcotráfico. France 24, 17-01-2020.
[3] Artemisa: Operación anticampesina vestida de verde. Prensa Rular, 8-08-2022
[4] “La Guerra contra las drogas es una guerra contra los campesinos”: ONG. El Espectador, 01-04-2022.
[5] El Pnis fue un fracaso político de este gobierno: líder campesino de Tarazá. El Espectador, 25-02-2022.